BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, declara este jueves como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la celebración del 9-N. El juez investiga al presidente catalán por desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de atribuciones judiciales vinculados a la consulta alternativa sobre la independencia, delitos que el pasado martes negaron haber cometido las otras dos miembros del gobierno catalán llamadas a declarar: la consellera de Educación, Irene Rigau, y la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega.

Ambas evitaron responder las preguntas de la Fiscalía, una estrategia que, según fuentes de la defensa, también seguirá el presidente catalán, al considerar "incoherente" que la querella fuera presentada dos días después de que la Junta de Fiscales de Catalunya desestimara la acusación. "Un cambio de criterio difícil de entender", resumía ayer Rigau.

Mas declara desde las 10 de la mañana con una puesta en escena parecida a la vivida el martes, con el equipo del Govern, los consellers y diputados de los partidos independentistas Junts Pel Sí y la CUP —aunque la presencia de Antonio Baños aun es una incógnita— arropándolo a su llegada a las puertas del Palacio de la Justicia. Así parecía confirmarlo esta mañana la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, remarcando el "carácter solidario" y la "normalidad" del acompañamiento de los políticos a los imputados, nada parecido a un "mecanismo de presión", según ella.
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La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) y l'Associació Catalana de Municipis (ACM), las plataformas organizadoras de las concentraciones de apoyo a las instituciones catalanas a raíz de las imputaciones por el 9-N, también han hecho un llamamiento para que "vuelvan a llenarse las calles" el 15 de octubre.

Ya lo lograron el martes, con más de medio millar de personas congregadas a las puertas de juzgado para solidarizarse con las imputadas durante el día y otras 2.000 reunidas en la Plaça Sant Jaume por la tarde, donde la alcaldesa Ada Colau leyó un manifiesto del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y se "corresponsabilizó" de la consulta alternativa. Pero la cifra de asistentes, por motivos diversos, podría incrementarse ostensiblemente este jueves.

El primero de estos factores es la carga simbólica del propio Artur Mas, cuya reelección como presidente sigue en punto muerto mientras JxSí y la CUP tratan de llegar a un acuerdo. Muchas de las consignas que se gritaron en las últimas protestas aludían directamente a su figura. El grito de "Mas President, Catalunya independent" o los "Unidad, unidad!" dirigidos a Antonio Baños hacen pensar que un grueso importante de los concentrados exigen que el líder de CDC sea el ídem del procés en la próxima legislatura.

Este compromiso con el presidente también lo hacen visible plataformas como la AMI y la ACM, que han desplegado para la ocasión varios autocares para que hasta 400 alcaldes catalanes puedan acompañar a Artur Mas a declarar. Esta comitiva, en la que los ediles tienen intención de lucir los símbolos que identifican el poder municipal, está encabezada por los presidentes de ambas entidades, Carles Puigdemont y Miquel Buch, que además son de CDC.

El segundo factor tiene que ver con la fecha de la citación, que coincide con el 75 aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat Lluís Companys por las tropas franquistas; lo que para algunos es una coincidencia, para otros es una provocación. Desde luego, la coyuntura ha obligado a Mas a comprimir su agenda. Así las cosas, el presidente en funciones ha protagonizado junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, una ofrenda floral ante la tumba de Companys a las 8.30 de la mañana. Y de Montjuïc a los juzgados, el mismo camino que siguió el histórico líder republicano pero a la inversa.

El tercer y último factor tiene que ver con el clima enrarecido causado por el cruce de acusaciones entre el TSJCat y las entidades que han convocado movilizaciones de apoyo a los imputados. El órgano judicial definió estas protestas como un "ataque a la independencia judicial" y, en un inédito comunicado, las vinculó a "estrategias de presión con intereses políticos". Por su parte, las entidades soberanistas que han promovido estas protestas replicaban este miércoles al TSJCat, acusándolo de "intentar coaccionar el libre derecho a la manifestación, irrenunciable e imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier sociedad democrática" y recordando que "en ningún caso estas protestas están instigadas por el Govern de la Generalitat".

A Artur Mas le espera como mínimo una hora de interrogatorio dentro de la instancia judicial, comparecencia que afrontará "con tranquilidad" según fuentes cercanas. Rigau y Ortega no llegaron a superar este espacio de tiempo, aunque fuentes próximas al caso aseguran que, por una cuestión lógica de responsabilidades, la declaración del presidente catalán podría alargarse. Cuando termine su exposición ante el juez, Mas ofrecerá una comparecencia ante los medios en el Palau de la Generalitat, al contrario de lo que hicieron la consellera y la exvicepresidenta, que realizaron su primer comunicado en el mismo Palacio de la Justicia. Los abogados de los imputados solicitarán al juez que archive el caso durante la próxima semana.