BARCELONA. "Si de lo que se trata es de fortalecer la democracia, no entiendo que se pueda convertir el 9-N en un delito". De esta manera ha concluido Artur Mas su intervención de 'última palabra' ante el tribunal que le juzga por haber impulsado el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, en el que participaron 2'3 millones de personas. Antes de pronunciarse de esta manera, no obstante, había iniciado una crítica al papel de la fiscalía y el presidente del tribunal, Jesus Maria Barrientos, ha intentado censurarle por ello, advirtiéndole que debía limitarse a defender su actuación. Pero Mas ha proseguido, argumentando la necesidad de manifestar su valoración sobre la fiscalía "en su propia defensa". Ha denunciado la actitud de la Fiscal General del Estado en sus instrucciones al fiscal del caso y ha recordado que ningún fiscal salió en su defensa cuando era presidente de la Generalitat y fue objeto de difamaciones, calumnias y campañas de descrédito mediante métodos irregulares, tal como se conoció en las conversaciones que reveló Público del que fue ministro de Interior. "Y yo era representante del Estado", ha recordado.

El 9-N, según ha explicado el ex-President, "no se trataba de desobedecer al Tribunal Constitucional, sino de plantar cara al Gobierno español, que nos estaba impidiendo pronunciarnos de manera democrática, sin consecuencias legales"

 Artur Mas se ha vuelto a declarar "directamente responsable" del impulso de aquella jornada de participación, de la formulación de la pregunta, de las elecciones que se convocaron posteriormente, con carácter plebiscitario. "Soy responsable de haber llevado esta trayectoria que les explico hasta las últimas consecuencias", ha dicho.

Ha asumido su implicación de esta manera en el 9-N y ha explicado el contexto. "Una situación vivida por centenares de miles de personas que empujaban en esta dirección", ha afirmado, pero al mismo tiempo ha afirmado que "no tenía la más mínima duda" de que ni él, ni Rigau, ni Ortega, ni Homs habían cometido ningún tipo de delito.

En esta misma línea, el ex-vicepresidenta Joana Ortega ha defendido que "dar la voz al pueblo no es un delito, sino que es la obligación de todo Gobierno". "El derecho penal tendría que ser el último recurso del Estado", "esconderse tras el código penal incrementa el descrédito de la política", ha añadido.

Ortega ha defendido su participación en el 9-N, que para ella "pasa a formar parte de la historia de los derechos y las libertades". "La democracia siempre crecerá a golpes de democracia, nunca a golpes de tribunal". La ex-vicepresidenta ha asegurado no tener conciencia de ningún delito y sentenció: "el 9-N fue el día en el que sentí mayor honor por mi trabajo como servidora pública". El ex-consejera de Enseñanza, Irene Rigau, también se ha defendido de haber cometido ningún delito y se preguntó si en democracia la depurarán por un delito cuando no lo consiguieron durante el franquismo.

"A tiempo de rectificar"

"El Gobierno español está a tiempo de rectificar" ha dicho el President Carles Puigdemont, que esta misma tarde ha recibido en el Palau de la Generalitat a Mas Ortega y Rigau.

Artur Mas, ante los medios de comunicación, ha afirmado que esperaba sentencias absolutorias, aunque ha vuelto a criticar con dureza a la fiscalía. "Que un fiscal en sede judicial diga que la Fiscal General del Estado le había recomendado que fuera imparcial, es para llevarse las manos a la cabeza", porque da a entender que puede ocurrir lo contrario de forma habitual.