MADRID.- Las cuatro asociaciones de jueces que existen en España han decidido liderar a la carrera judicial para evitar que la justicia sea, otra vez, la gran olvidada en el próximo periodo político que surja de las elecciones del 20-D.

Por ello, han difundido un comunicado en el que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -mayoritaria entre los jueces-, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) reclaman sacar a la justicia de la arena política, evitar que sea un arma de confrontación y apostar por un Pacto de Estado en el que los partidos políticos orillen sus diferencias y aborden, de una vez por todas, los problemas de la justicia.

Los presidentes de la APM y FJI, Manuel Almenar y Conrado Gallardo, así como los portavoces de JpD y  AJFV, Joaquim Bosch y Raimundo Prado, han comparecido a tres días de las elecciones dispuestos a liderar un proceso de mejora de la justicia.

La Justicia, la gran olvidada en 30 años

Es la primera vez en tres años que todas las asociaciones de jueces, sin excepción, acuerdan un documento conjunto y comparecen en rueda de prensa para expresar una opinión común.

La idea que manejan es que, una vez se celebren las elecciones, las cuatro asociaciones solicitarán entrevistas con los grupos parlamentarios para solicitarles un Pacto de Estado sobre la Justicia, proponer ideas a partir de la experiencia de los jueces sobre la realidad de los juzgados y reclamar la necesidad de emprender reformas profundas porque una democracia no existe sin un Estado de Derecho y sin una seguridad jurídica, según Gallardo.

"La justicia es la gran olvidada desde hace 30 años", ha denunciado Manuel Almenar, el recién nombrado presidente de la asociación conservadora APM. Por ello, quieren "llamar la atención" a los que van a gobernar, a los próximos partidos de la oposición e incluso a los que no tendrán representación en las Cortes Generales para sensibilizarlos sobre la urgencia de resolver estos problemas "antes de que el deterioro sea irreversible" y pedirles que tengan en cuenta la opinión de los operadores jurídicos.

Los jueces han decidido "paliar una omisión", en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de la progresista JpD: la Justicia está ausente de los programas electorales y de los debates, más allá de un tratamiento superficial de algunos partidos sobre la corrupción.

Bosch está convencido de que existen fuerzas políticas que no quieren que la Justicia sea eficiente, por lo que las normas procesales aún son en buena parte del siglo XIX, así como la propia distribución de los juzgados que es también decimonónica.

El mismo trato que la Sanidad o la Educación

"Nos hemos dado cuenta las asociaciones de que por separado no vamos a ningún sitio, porque todos queremos lo mismo", explica Raimundo Prado (AJFV) sobre  el salto que han dado las asociaciones ante la sociedad al intentar liderar un cambio en la Justicia.

En el documento, los jueces destacan que la Justicia "no puede estar al albur de los vaivenes e intereses políticos" y debe construirse sobre un consenso amplio que asegure que es "una prioridad, como la Sanidad o la Educación".

Así, reclaman revisar el modelo organizativo de los juzgados y el sistema de categorías profesionales. También defienden la implantación de los tribunales de instancia -que los jueces trabajen de forma colegiada y no de uno en uno-, así como unas condiciones profesionales dignas y acordes a la legislación en materia de salud laboral y seguridad.

Piden también que toda reforma en materia de justicia vaya acompañada de una memoria económica y con presupuesto para afrontarla. Que se realice un mapa de los juzgados con la racionalización de los recursos, ya que el actual sigue basado en la sociedad agraria del siglo XIX. Asimismo, defienden una verdadera oficina judicial que sirva como apoyo a los juzgados "y no como un fin en si mismo o herramienta de control al servicio de otros intereses"

Uno de los apartados en el que todas las asociaciones se han puesto de acuerdo es la implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la Justicia, ya que actualmente su politización se ha convertido en un "cliché", que, aunque no responde a la realidad, afecta a su imagen, ha destacado Almenar.

JpD apoya la elección directa de los 12 vocales del CGPJ

JpD ha dado un giro a su posición política, adoptada en la década de los años 80 y defiende ahora que los jueces elijan de forma directa a sus 12 representantes en el Consejo General del Poder Judicial, en lugar de que los designen los grupos parlamentarios.

La Constitución estableció un órgano de gobierno de los jueces -el Consejo General del Poder Judicial- con 20 vocales. Doce de ellos son jueces en activo, y 8 son juristas de reconocido prestigio. Tras la última reforma del PP, los 20 son elegidos directamente por el Parlamento.

Ahora, las cuatro asociaciones -JpD entre ellas- defienden la elección directa de esos 12 vocales y que las Cortes designen directamente a los 8 restantes. Dicho órgano tiene la competencia de seleccionar a los jueces, formarlos, la disciplina sobre ellos -incluida la expulsión- y la protección de un juez frente a presiones políticas, económicas y mediáticas para que resuelva un caso con independencia.

El manifiesto denuncia así la manera en que se han transferido competencias a las comunidades autónomas dentro de un "régimen competencial distorsionado e ineficaz", que ha generado "diferencias crecientes" de unas regiones a otras, creando "ciudadanos de primera y de segunda".

Otro de sus puntos pide más consenso a la hora de legislar ciertos asuntos de trascendencia en la vida de los ciudadanos y leyes que delimitan las "reglas del juego" de la Justicia. "No cabe legislar en caliente ni para resolver un caso concreto", denuncian.

Ocho sistema informáticos incompatibles entre sí

En materia de modernización tecnológica, abogan en el manifiesto por que se aúnen los sistemas informáticos de las diferentes comunidades autónomas y reclaman más medios para el objetivo del "papel cero", que se tiene que conseguir por ley en los juzgados a partir del próximo 1 de enero.

"Sabemos perfectamente que el 1 de enero va a continuar el papel en los juzgados; lo que vamos a tener es que los profesionales van a presentar telemáticamente sus documentos, pero van a tener que ser imprimidos por los juzgados", ha dicho Bosch al respecto.

Las cuatro asociaciones defienden coordinar a todas las administraciones que mandan en un juzgado. Poca gente sabe que en los escasos metros cuadrados que ocupa un juzgado mandan tres administraciones: el CGPJ -sobre los jueces-; el ministerio de Justicia -sobre los Letrados, antiguos secretarios judiciales- y las comunidades autónomas que tienen la justicia transferida -sobre los funcionarios y los recursos materiales-

Almenar ha recordado que, a partir de este sistema, las autonomías y el gobierno central han creado ocho sistemas informáticos de gestión procesal que son incompatibles entre sí. Y ha reconocido que el CGPJ debió de dar "un puñetazo en la mesa" ante los distintos gobiernos para evitar este despropósito, no en vano fue vocal de este órgano constitucional (2008-2013).

Un país "más civilizado"

Las cuatro asociaciones piden condiciones profesionales "dignas". Esto es, que los módulos de trabajo de los jueces respeten lo establecido en materia de la salud laboral, el volumen de trabajo y los sueldos, así como aumentar la planta judicial ya que España está a la cola de Europa en número de jueces y en gasto por habitante.

En España, ha dicho Gallardo, hay "graves problemas de independencia y de eficacia de la Justicia" que a partir de ahora, ha añadido Prado, van a denunciar unidas la asociaciones judiciales para conseguir un servicio de calidad.

"Esperamos la colaboración del CGPJ y de los partidos políticos, porque la Justicia es fundamental, el santo y seña contra la corrupción, la garantía de que un país funciona económicamente. Los jueces estamos unidos y vamos a intentar que España sea un país mejor, más civilizado y con una justicia digna", ha resaltado Prado.