Seis horas de reunión y dos ruedas de prensa. El primero en comparecer fue el anfitrión, el ministro Mariano Fernández Bermejo, que consideró que con el 'clima' que se había dado en el encuentro mantenido con las asociaciones de jueces 'no se justifica' que éstas mantengan el calendario de movilizaciones que anunciaron el pasado día 12: actos de protesta el próximo 18 de febrero el mismo día para el que casi una treintena de juntas de jueces anunció huelga y hacer un paro el 26 de junio. Después lo hicieron los portavoces de las asociaciones judiciales que destacaron que 'a día de hoy' su 'hoja de ruta' y, por tanto, sus medidas de presión se mantiene 'a todos los efectos'.

El ministro quiso lanzar un aviso a navegantes: la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente son los únicos interlocutores válidos para el Ministerio y sólo con ellos 'debe llegar a un acuerdo'. Es decir, excluyó a alrededor del 45% de la carrera judicial, que no pertenece a ninguna asociación, y a las juntas que votaron el pasado día 21 a favor de hacer huelga en febrero.

Una vez aclarado quiénes son los interlocutores válidos en el conflicto surgido con los jueces, Bermejo centró su intervención en 'el esfuerzo que ha decidido hacer el Gobierno' para modernizar la Justicia, objetivo para el que destinará 20 millones de euros, que se sumarán a los 72,3 millones ya presupuestados.

Con este dinero se espera que el sistema Lexnet, que permite las notificaciones telemáticas, esté implantado en todos los órganos judiciales y la Fiscalía antes del próximo 31 de diciembre.

También se establecerá este año un sistema de gestión procesal único (Minerva) en todo el territorio dependiente del Ministerio, y se implantará la oficina judicial sin papel en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La implantación de la nueva oficina judicial, pendiente desde 2003, estará implantada el próximo año, como piden los jueces.

El ministro, que dijo no haber 'detectado ninguna [divergencia] esencial' con las asociaciones, se felicitó porque éstas le habían manifestado que las reivindicaciones retributivas de los jueces no son prioritarias.

Pero lo que sí es primordial para los jueces es retener los señalamientos judiciales. Bermejo explicó que la reforma procesal que se atribuye a los secretarios está ya en el Parlamento y emplazó a las asociaciones a defender su demanda ante la Comisión de Justicia.

Esta actitud fue criticada ante los medios por los portavoces de las asociaciones. El señalamiento 'forma parte del núcleo duro del ejercicio de la función jurisdiccional', afirmó Antonio García, portavoz de APM. 'El ministro nos ha dicho lo obvio', añadió y se mostró confiado en que le convencerán tanto a él como a los grupos parlamentarios. Lorenzo del Río, de FV, agregó que les habría gustado también un nivel mayor de compromiso por parte de Justicia en lo relativo a la planta judicial y la conciliación familiar.