Publicado: 18.03.2014 16:23 |Actualizado: 18.03.2014 16:23

La Audiencia de Baleares insta a Castro a concluir la instrucción del 'caso Nóos', "dilatada en exceso"

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La Audiencia Provincial de Baleares insta al juez instructor del caso Nóos, José Castro, a poner fin a las investigaciones de una causa "ya dilatada en exceso y cuya instrucción sería recomendable que fuera ya concluyendo" para dar paso a la fase de presentación de escritos de acusación.

Así lo pone de manifiesto en el auto que ha dictado este martes el tribunal de la Sección Segunda para acordar que Manos Limpias y Frente Cívico 'Somos Mayoría', promovida por el exdirigente del PCE e IU Julio Anguita, ejerzan sus acciones penales de forma conjunta y bajo la misma representación y dirección letrada en el marco de este procedimiento judicial.

El tribunal vierte las consideraciones sobre la excesiva duración del caso al alegar que la participación por separado de ambas acusaciones puede dar lugar a dilaciones "indebidas e injustificadas" en una causa "ya dilatada en exceso".

Unas investigaciones que, siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de las pesquisas, prevén llegar a su fin en los próximos meses. Para ello, Castro dictará el conocido como auto de pase a procedimiento abreviado, en el que concretará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

A través de esta resolución, dará pie así a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones para que presenten su escrito de calificación provisional y soliciten la apertura de juicio oral, que el magistrado deberá acordar necesariamente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma encara de este modo la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros coletazos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.

Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares, puso la lupa sobre la actividad presuntamente irregular del entramado empresarial encabezado por Urdangarin y Torres en febrero de 2010 cuando, en el marco del caso Palma Arena, comenzó a interrogar a varios ex altos cargos de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación de los foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Palma en 2005 y 2006 y por los que la entidad percibió un total de 2,3 millones de euros públicos.

Sin embargo, ya a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Gobierno de Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma. Nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto y que culminarían con el presunto apoderamiento de hasta 5,9 millones de euros públicos.

El nombre de Nóos salió a relucir en unas pesquisas centradas, entre otras numerosas cuestiones, en el destino que el Ejecutivo balear dio realmente a millonarias partidas que bajo el mandato de Matas -sobre quien pesan dos condenas por corrupción al frente del Govern- salieron de las arcas públicas.

Junto a los denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit adjudicados a Nóos por hasta 2,3 y 3,6 millones de euros, respectivamente, en manos de Castro también se encuentran investigaciones en torno al presunto desvío de 1,2 millones de euros en el anteproyecto de un palacio de la ópera de Palma que fue encargado al arquitecto Santiago Calatrava y de más de 50 millones en la construcción del velódromo Palma Arena.

De hecho, el caso bautizado con el nombre de la considerada infraestructura estrella del PP arrancó en agosto de 2009 con la detención del exdirector general de Deportes del Gobierno balear y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester, del exportavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Palma Rafael Duran y de tres empresarios que habrían intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste del velódromo, inicialmente presupuestado en cincuenta millones de euros, que al término de las obras se vieron incrementados en unos 110 millones.

Precisamente, el juez Castro, que recaló en Mallorca en 1985 y más en concreto en el Juzgado de lo Social número 2 de Palma, para ser posteriormente nombrado, en 1990, titular del Juzgado de Instrucción número 3, en el que permanece desde entonces, indaga la relación que existiría entre la malversación de fondos producida durante la construcción del velódromo, el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas y el elevado tren de vida que llevó mientras era máximo mandatario de la Comunidad Autónoma, y la financiación presuntamente irregular de la que se habría beneficiado el PP balear.