La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la causa contra seis concejales de Badalona (Barcelona) que habían sido investigados por un supuesto delito de desobediencia al haber abierto al público el Ayuntamiento el pasado 12 de octubre.

El gobierno local protestó ante una medida cautelar del Juzgado contencioso-administrativo número 14 de Barcelona contra la voluntad del consistorio de permitir a sus trabajadores canjear el festivo del 12 de octubre por el 9 de diciembre, considerándola "un golpe de Estado a la autonomía local", según declaraciones del tercer teniente de alcalde, José Téllez.

En su comparecencia en octubre, los ediles defendieron ante el juez que el Día de la Hispanidad no hubo una apertura real del Ayuntamiento, sino que se limitaron a atender a los ciudadanos en el vestíbulo, según han explicado fuentes judiciales.

La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso que la Fiscalía presentó contra el archivo del caso que en enero de este año decretó el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona al considerar que la apertura de las dependencias municipales se había limitado a una "performance"

Con esta decisión, la Audiencia ha dejado sin efecto este archivo del juzgado, y los ediles Oriol Lladó (ERC); José Antonio Téllez (Guanyem Badalona en Comú); Agnès Rotger (ERC); Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran (los tres últimos de Guanyem Badalona en Comú) podrían acabar sentándose en juicio en el banquillo de los acusados.

En su razonamiento, el tribunal contradice al juzgado de instrucción y reafirma que existía un mandato judicial "expreso y claro", que los investigados conocían, de que no podían abrir las dependencias municipales tanto al público como a los empleados.

Según la Audiencia de Barcelona, los concejales desatendieron esta orden y llevaron a cabo "actividades administrativas", pese a que el juzgado de instrucción había considerado su actuación una mera "performance".

Funcionarios públicos

El juzgado, en su auto de sobreseimiento, razonaba que los encausados (el alcalde en funciones y varios concejales) no tenían la consideración de empleados públicos y, por lo tanto, su acceso a las dependencias municipales no podría contravenir nunca un mandato judicial.

La Audiencia también rechaza este argumento, pues recuerda que "es el alcalde quien, conforme a las disposiciones básicas del Régimen Local, posee la dirección de la administración municipal y ostenta la jefatura superior de todo el personal".

Fuentes municipales han afirmado  que los concejales se limitaron a obedecer su "mandato con la ciudadanía" y que se defenderán donde sea necesario.