'Contento y orgulloso'. Así se siente Jaime Nicolás Muñiz, el alto funcionario del Ministerio del Interior que denunció haber sufrido acoso laboral durante meses, a pesar de que la Audiencia Nacional haya desestimado su último recurso. Y es que, a pesar de que tendrá que pagar las costas del proceso, Muñiz ha visto cómo el citado tribunal reconocía, tras un año de litigios, el bossing que padeció y por el que ahora podrá pedir explicaciones, a través de la vía administrativa, al titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, entre otros.

La  sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN considera que el juzgado central a donde acudió en primera instancia no debía haber admitido a trámite el recurso de Nicolás Muñiz, pero sólo por cuestiones formales relativas al plazo legal para hacerlo. No obstante, sí reconoce que la situación de inactividad a la que se vio sometido el demandante durante más de año  y medio fue una actuación intencionada de sus superiores (de ahí el término bossing: boss significa jefe en inglés). 'El no darle trabajo u ocupación durante un período de tiempo puede ser uno de los medios  para atentar contra la dignidad de la víctima, pero quien es objeto de un acoso de esta naturaleza o de ataques sistemáticos de actos contrarios a su dignidad, por definición, exige un actuar positivo, como ocurre en el supuesto enjuiciado', cita el texto de la sentencia, a la que ha tenido acceso Público.

Jaime Nicolás Muñiz es funcionario desde hace 40 años y lleva en el escalafón más alto de su condición laboral —ostenta el nivel 30— más de 25. Su vasto currículum es interminable: licenciado en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales en Alemania, administrador civil del Estado y letrado del Tribunal Constitucional, fue asesor ejecutivo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, director del Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, responsable de Estudios y Prospectiva de RTVE, subdirector de Investigación en el Centro de Estudios Constitucionales, escritor, conferenciante y profesor universitario. Además, fue director de gabinete del expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente hasta que fue destituido con el nuevo Gobierno del PP.

En enero de 2012 solicitó, como le correspondía por derecho, volver a su puesto en el Ministerio del Interior. Con un par de meses de retraso, fue finalmente destinado a la Secretaría de Estado de Seguridad como vocal asesor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE). Tenía un cargo, pero no una función: nadie le encargó tarea alguna durante meses. Nicolás Muñiz acudía cada día a su despacho a cumplir con sus horas de jornada laboral, pero nada más.

Jaime Nicolás pidió la cifra simbólica de un euro como indemnización. Quiere que la justicia repare su 'honor'Ante tal situación, como ya relató este diario en su momento, el funcionario protestó primero de forma interna. El 18 de julio de 2013, tras 18 meses de inactividad, registró un escrito dirigido al nuevo secretario general del GIESE, José Hurtado Quero, en el que denunciaba la situación de humillación laboral a la que estaba siendo sometido, acogiéndose a la vía especial de lucha contra el acoso en la Administración; un acuerdo de mayo de 2011 que especifica como primera causa de acoso no dar trabajo durante un período prolongado. Tal denuncia se elevó días después al secretario de Estado —en aquel entonces, Ignacio Ulloa—, pero nunca hubo respuesta. El 19 de septiembre de 2013, Nicolás Muñiz elevó su denuncia al propio ministro. El resultado fue el mismo: silencio absoluto en el departamento de Fernández Díaz.

Fue entonces cuando Jaime Nicolás recurrió a la vía judicial y reclamó el reconocimiento de sus 'derechos fundamentales violados' así como la 'reparación de los daños morales y materiales y ocasionados'. No quería dinero —pidió, simplemente, la cantidad simbólica de un euro como indemnización— pero sí que la Justicia se pronunciara en defensa de su 'honor, dignidad, integridad moral y derecho al trabajo y al libre e igual ejercicio de funciones'.

La primera sentencia llegó el pasado mes de febrero, con noticias poco alentadoras para el denunciante. La jueza no consideraba 'acoso' la situación de Nicolás Muñiz porque no había existido 'violencia psicológica intensa' ni 'agresión de ningún tipo mediante hechos, órdenes y palabras' ni 'incorrección en el trato'. A su parecer, no existe mobbing sino hay insultos o golpes de por medio, aunque la ponente del juzgado central de la AN sí reconocía la situación de inactividad y denunciaba el despilfarro que suponía, especialmente en época de crisis, mantener a un funcionario sin funciones a cuenta de las arcas del Estado. 

Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado un paso más allá y, aunque no estima el recurso de Nicolás Muñiz por razones técnicas relativas a los plazos (la denuncia se basó en la 'inactividad de la Administración' mientras el tribunal considera que debería haberse llevado por la 'vía de hecho'), sí reconoce que hubo acoso. Es más, defiende que el trato recibido por Jaime Nicolás puede tildarse de bossing y no sólo de mobbing. Es decir, que no sólo se ha ejercido sobre el denunciante 'una violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado', sino que tales prácticas no se han desarrollado 'entre iguales, sino que la víctima ocupa una posición de inferioridad respecto del agresor'.

La Audiencia reconoce que se ha ejercido 'violencia psicológica, sistemática y recurrente' sobre Jaime Nicolás'De todo ello se deduce, que si estamos hablando de mobbing, o situación de acoso, que es precisamente lo que el hoy apelante denunció en el requerimiento formulado a la Administración con objeto de que dicha situación cesase, y así se recoge en la sentencia, no puede decirse que la conducta imputada a la Administración sea una inactividad, sino precisamente un actuar positivo, que como hemos visto se traduce en una actuación, que de forma sistemática y grave se desarrolla sobre un trabajador en menoscabo de su dignidad', detalla la sentencia.

Con ello, la Audiencia Nacional está reconociendo, aunque no les cite directamente, que el secretario de Estado y el propio ministro del Interior son causantes del menoscabo del honor de Jaime Nicolás. Y, aunque el tribunal haya dictaminado en su contra, el funcionario tiene ahora un motivo más para reclamar a ambos que den explicaciones por el trato recibido.

Nicolás Muñiz había iniciado acciones en la vía administrativa que el Ministerio del Interior paralizó con la excusa de que no debía investigarse el caso mientras éste estuviera en manos de la Justicia. Ahora, con la vía judicial agotada, Jaime Nicolás ha solicitado, hace tan sólo unos días, la reapertura del expediente. 'Pido [...] que se cite a las autoridades departamentales denunciadas y todas las que puedan ser responsables del acoso y del consiguiente despilfarro de recursos públicos, con todas las garantías de contradicción, igualdad de armas, transparencia e independencia que el caso exige, que no deberían verse mermadas por la condición jerárquica del ministro y de los sucesivos secretarios de Estado de Seguridad', instó Muñiz en su escrito remitido a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección del departamento, y al que también ha tenido acceso este diario.

Borrell aceptó el mismo día en que recibió la petición —el 6 de noviembre— reabrir la investigación, aunque no llegó a especificar los términos en los que se llevaría a cabo. Ahora el proceso puede eternizarse tanto que quizá Fernández Díaz nunca llegué a reconocer el acoso sufrido por Jaime Nicolás. Mientras espera, el funcionario sigue yendo a su puesto de trabajo, ya recibiendo funciones 'a cuentagotas' y el cariño, dice, de sus compañeros de departamento.