MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado para el 10 de febrero al expresidente catalán Jordi Pujol y a su mujer Marta Ferrusola como imputados por un delito de blanqueo de capitales y a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, le ha llamado a declarar al día siguiente.

En el auto de citación del matrimonio, De la Mata apunta a que todos los miembros de la familia "han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos, y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

Cree por ello que el clan familiar actuaba como una organización para ocultar su fortuna y que existía "un acuerdo entre las partes para atribuir a Jordi Pujol Ferrusola el rol de gestor y distribuidor de los recursos entre los hermanos y su madre".

Para ello contaron con "la apertura de cuentas corrientes sin finalidades comerciales o societarias", muchas de ellas en paraísos fiscales, y con la creación de "complejos entramados societarios en distintas jurisdicciones, manejados por testaferros, sin objeto social y actividad societaria aparente".

El juez De la Mata cree que el clan familiar actuaba como una organización para ocultar su fortuna y que existía "un acuerdo entre las partes para atribuir a Jordi Pujol Ferrusola el rol de gestor y distribuidor de los recursos entre los hermanos y su madre".

El magistrado ha citado al primogénito Jordi Pujol Ferrusola para el 11 de febrero para que declare a petición propia, después de que la acusación ejercida por UPyD pidiera al juez llamarle de nuevo a declarar para plantear su ingreso en prisión u otra medida cautelar, como la retirada del pasaporte, ante la posibilidad de que trate de ocultar su fortuna.

Ante los datos que ha ido arrojando la investigación al hijo mayor, el juez ha decidido llamar a declarar al matrimonio Pujol-Ferusola tras aceptar la competencia de la causa de la que se inhibió el pasado 4 de diciembre el juzgado de instrucción 31 de Barcelona en la que estaban ya imputados el expresidente catalán, su mujer y cuatro de sus siete hijos -Jordi, Marta, Mireia y Pere-.

El juez argumenta para ello que la investigación "acerca de la regularidad del origen de la fortuna amasada a lo largo de los años por los miembros de la familia Pujol Ferrusola y las estrategias puestas en marcha para el blanqueo de los capitales generados, no puede ni debe desarrollarse de modo autónomo de la investigación y enjuiciamiento de los hechos que se atribuyen al propio Jordi Pujol Soley".

No obstante, el juez no ha solicitado por el momento la remisión de los documentos originales al estar la inhibición de la juez de Barcelona pendiente de la resolución de un recurso de la familia Pujol.

En sus autos, el juez reitera que "los vínculos existentes entre los miembros de la familia", más allá de los familiares, revelan "la existencia de un comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación".

De la Mata llega a esta conclusión a la vista de "sus pautas comunes de comportamiento; la coordinación de actividades; la asignación de roles; la distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que recibían en las cuentas bancarias ocultas que mantenían en jurisdicciones extranjeras y el particular sistema de rendición de cuentas existente para controlar esos repartos de fondos".

De la Mata destaca que, además de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercé Gironés, "el resto de miembros de la familia Pujol-Ferrusola también han resultado ser titulares de cuentas en Andorra".

Destaca también que, además de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercé Gironés, que han resultado ser titulares de cuentas en Andorra "cuya existencia negaron", "el resto de miembros de la familia Pujol-Ferrusola también han resultado ser titulares de cuentas en Andorra".

De hecho, "se ha podido descubrir que, después de que se produjera un ingreso sospechoso, Jordi Pujol Ferrusola ordenaba que se realizaran traspasos a sus cuentas de Andorra a sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, todos ellos titulares de cuentas en esa jurisdicción".

Según el juez, "estos movimientos afectaban también a la cuenta titulada por su madre Marta Ferrusola Llados, también beneficiaria de algunos de estos repartos".

Estos fondos se recibían en muchos casos en efectivo (dotándoles así de un primer nivel de opacidad) en cuentas abiertas en una jurisdicción extranjera, cuya existencia se ha negado reiteradamente y se ha tratado de mantener oculta.

Asimismo, De la Mata recuerda que en una de esas cuentas, la 63810 en la Banca Reig, que abrió Jordi Pujol Ferrusola en 2000 con un ingreso de 307.000.000 pesetas y que fue vaciada en diciembre de 2010 sacando en efectivo 1,14 millones de euros, consta un documento en el que Jordi Pujol Ferrusola explica que el verdadero titular de esos fondos es su padre.

"Dicho patrimonio no consta que se justifique con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años, presidente de la Generalitat de Cataluña".

También consta otro documento manuscrito por el expresidente catalán, de mayo de 2001, en el que afirma ser el propietario de esa cuenta y declara que, en caso de defunción, todo lo que tenga en ella se pase a su mujer.

De este modo, el juez entiende que el comunicado público que hizo Pujol en julio de 2014, asegurando que su fortuna en Andorra respondía a una herencia de su padre Florenci, "no se compadece con los datos ahora acreditados" y está en contradicción con lo que declararon los miembros de la familia en Andorra, donde dijeron que se trataba de una herencia de la rama familiar de Marta Ferrusola.

Para De la Mata, todas estas operaciones "revelan de nuevo la existencia de una patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan nuevos elementos básicos de una organización".

"No consta negocio jurídico alguno que justifique esos incrementos patrimoniales. Al contrario, existen operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias", destaca el juez.

"No consta negocio jurídico alguno que justifique esos incrementos patrimoniales. Al contrario, existen operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias", destaca el juez.

Además, muchas de las empresas que suscribieron tales contratos tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas.

A lo anterior se añade, dice De la Mata, "la distribución de enormes cantidades de dinero entre miembros de la familia/organización, sin causa aparente, con causas improbables o con explicaciones y/o coartadas no justificadas mínimamente".

El juez ha impulsado hoy esta causa, en la que hasta ahora investigaba a Jordi Pujol Ferrusola y a sus hermanos Pere y Josep, dictando trece autos en los que, a lo largo de más de 200 páginas, acuerda una batería de diligencias.

Además, rechaza el archivo de la investigación respecto de los empresarios Alejandro Guerrero Kandler y Carles Vilarrubí, se resuelven todos los recursos plateados por las defensas respecto de las diferentes medidas cautelares adoptadas, así como de las entradas y registros practicados, y cita a cuatro nuevos testigos, los empresarios Sebastián Vives, Manuel José Nadal, José Ramón Ruiz y Francisco Javier Vizcaíno.

La investigación judicial surgió a raíz de que el que fuera presidente de la Generalitat de Catalunya durante 23 años reconociera el año pasado que tuvo dinero en el extranjero sin declarar durante más de tres décadas, algo que atribuyó a una herencia de su padre. El reconocimiento de la fortuna en el extranjero de Pujol puso fin a una imagen de honradez construida durante decenios y que constituía uno de los baluartes de los políticos catalanes, que defendían que en Catalunya no cabía la corrupción que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la vida pública en España.

Tras la confesión de que había cometido fraude fiscal, el fundador de Convergència i Unió fue despojado de todos sus privilegios y honorarios y la Fiscalía Anticorrupción pidió luego a Suiza y Andorra datos bancarios de los nueve miembros de la familia.