Publicado: 21.03.2016 08:10 |Actualizado: 21.03.2016 08:10

La Audiencia Nacional constata el desbarajuste contable del Gobierno PP-Par de Rudi

El tribunal dictamina que el Gobierno de Aragón efectuó anotaciones millonarias improcedentes y aplicó criterios inadecuados con los que su equipo económico pretendía maquillar el descomunal aumento del déficit en el que derivaron las políticas de austeridad y recortes.

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Las políticas de austeridad de Rudi combinaron recortes de más del 10% del presupuesto en Sanidad y Educación con un aumento de la deuda de dos millones diarios. /ARAGONHOY.NET

Las políticas de austeridad de Rudi combinaron recortes de más del 10% del presupuesto en Sanidad y Educación con un aumento de la deuda de dos millones diarios. /ARAGONHOY.NET


ZARAGOZA .- Al Gobierno de Aragón PP-Par que presidía Luisa Fernanda Rudi no le cuadraban las cuentas. Y eso es algo que ya ha alcanzado la categoría de hecho probado por sentencia. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que su ejecutivo interpuso contra la orden por la que el Ministerio de Hacienda le atribuyó un déficit de 666 millones en el ejercicio de 2013, en una resolución en la que constata anotaciones millonarias erróneas y el uso de criterios inadecuados que maquillaban en 244 millones el desbocado déficit en el que, en la práctica, derivaron las políticas de austeridad.

La sentencia es el epílogo de una legislatura que comenzó con anuncios de austeridad, contención del gasto y reducción de la presión fiscal y que, en la práctica, derivó en una combinación de duros recortes –más de un 11% en el presupuesto de Educación y un 13% en el de Sanidad- que generaron malestar social y en un disparatado aumento de la deuda de la comunidad, que en cuatro años se duplicó al pasar de 3.403 a 6.626 millones: crecía más de dos millones diarios.



El Gobierno de Aragón sostenía que Hacienda había hecho mal las cuentas, y que ese era el motivo por el que el déficit de la comunidad en su tercer año de gestión, el 2013, se elevaba al 2,06% del PIB cuando el límite autorizado era del 1,3%, lo que le obligaba a diseñar un nuevo plan de ajuste.

Argumentos carentes de fundamento y contrarios a las normas

Entre otros aspectos el ejecutivo autonómico sostenía que el central no tenía en cuenta ingresos de 96 millones por impuestos o el derecho a recibir 23 millones de la UE presuntamente retenidos por Madrid, y que le cargaba ese año 25 millones de gasto farmacéutico correspondientes al anterior.

Sin embargo, la Audiencia Nacional rechaza uno por uno los argumentos de la demanda. Así, el descuadre de los impuestos se debía, en realidad, a que el Gobierno de Aragón contabilizaba como ingresos los tributos autonómicos pendientes de cobro, algo que, según la sentencia, “carece de fundamento” y es contrario a los criterios de la Intervención del Estado.

La factura farmacéutica, correspondiente a diciembre de 2012, no había podido ser imputada a ese ejercicio “por no haber aportado la información necesaria para ello la comunidad”. Y, en el caso de los Fondos Europeos, “es requisito imprescindible haber realizado el gasto en virtud del cual se solicita la financiación europea”, algo que, según los interventores, Bruselas no había certificado en esos expedientes.

Tres consejeros y tres directoras de Presupuestos en una legislatura

La sentencia de la Audiencia Nacional pone en evidencia la gestión del segundo y el tercero de los tres tándem de consejero y directora general de Presupuestos que tuvo el ejecutivo de Rudi, una movilidad inusual en uno de los departamentos clave del ejecutivo.

Comenzó la legislatura con un inusual equipo formado por uno de los pesos pesados del Gobierno, Mario Garcés, y Gema Gareta, que ya había dirigido las cuentas autonómicas con el último ejecutivo PSOE-Par. La fuga de Garcés a final de 2011 para pasar a ser subsecretario de Fomento con Ana Pastor forzó su relevó por José Luis Saz, que fichó como responsable de los números a Rosario Carnicer.

Ambos fueron cesados poco después de trascender, en abril de 2014, que Montoro no aceptaba los planteamientos del Gobierno de Aragón. La estimación ministerial según la cual la comunidad se había gastado 666 millones más de lo que debía y 244 más de lo que decía –tal y como ha ratificado la Audiencia Nacional- era todo un torpedo en la línea de flotación de Rudi, ya que cuestionaba el rigor de su equipo económico, su principal argumento para llegar a la presidencia de la comunidad, apenas un año antes de las elecciones.

El remedio no fue tal, y las cuentas tampoco se enderezaron con el relevo de Saz y Carnicer por Javier Campoy y Blanca Soláns.

Esta última, procedente de la Dirección General de Participación Ciudadana y de Cooperación y sin experiencia en temas de gestión económica, dio una muestra de transversalidad al mantenerse en el cargo con el PSOE-Cha y darse de baja del PP. Fue cesada la semana pasada y sustituida por Manuel Galochino.