Público
Público

Alsasua La Audiencia Nacional incumple la ley para mantener en la cárcel a los tres de Altsasu

Se cumplen seis meses del encarcelamiento de los jóvenes navarros, acusados de “terrorismo” por una pelea con dos guardias civiles. El tribunal se niega a paralizar el proceso hasta que se resuelva una cuestión de competencias en el Supremo. La defensa advierte que los derechos de los acusados “están siendo arrastrados”.

Publicidad
Media: 4.69
Votos: 13
Comentarios:

Vecinos de Alsasua en una concentración con los familiares de los detenidos. E.P.

90 mil kilómetros recorridos y 37.000 euros gastados. Esas dos cifras resumen lo vivido durante los últimos seis meses por tres familias de Alsasua (Navarra). Sus hijos llevan medio año presos en la cárcel de Soto del Real, acusados de haber protagonizado una de las peleas más publicitadas de los últimos años: la reyerta nocturna con dos guardias civiles de paisano en un bar de esta localidad, lo que derivó en unas insólitas acusaciones de terrorismo que podrían dejar penas de hasta 15 años de cárcel para cada uno de ellos.


“Tristeza, rabia y cansancio”. Así se expresa Idoia Goikoetxea, tía de uno de los jóvenes encarcelados, en una carta remitida en las últimas horas a Público. Tristeza por una justicia que no acaba de llegar. Rabia por un señalamiento mediático casi sin precedentes. Y cansancio, precisamente, por lo que no dudan en calificar como una injusticia. “Tres jóvenes siguen en la cárcel de Soto del Real en un régimen de especial vigilancia aplicado a terroristas; diez mantienen su imputación en un caso donde lo que menos importa es el suceso del 15 de octubre”, subraya Goikoetxea.

Aquel 15 de octubre Altsasu vivía las “ferias”, una de las principales fiestas populares de su calendario. Sobre las cinco de la madrugada, tras una larga jornada de jolgorio, se produjo una pelea en uno de sus bares. Al día siguiente, los medios empezaron a fijarse en aquel hecho, subrayando que se trataba de una agresión a dos guardias civiles por el mero hecho de serlo. En cuestión de horas, varios medios estatales fabricaron la versión de una supuesta horda de aproximadamente sesenta personas contra dos agentes y sus respectivas parejas. Luego aparecerían las fotos de algunos jóvenes de esa localidad, acompañadas por varios datos personales. Una de las chicas señaladas ni siquiera fue imputada, pero no valió de nada: el diario digital que la señaló no se retractó ni pidió disculpas.

“El pueblo de Alsasua no ha recibido ninguna explicación (mucho menos rectificación) de la actuación de la prensa en aquel momento, que por cargar tintas se metió hasta con los pasos de cebra de la localidad”, ironiza Goikoetxea. Después de un mes de intensa campaña mediática, la Audiencia Nacional ordenó varias detenciones. En total, siete jóvenes fueron enviados a la cárcel, acusados de terrorismo –también hay dos menores imputados-. Cuatro de ellos salieron en libertad provisional en diciembre pasado, pero los tres restantes continúan en Soto del Real bajo régimen FIES, un severo sistema penitenciario que se aplica contra los “terroristas”.

El pasado 24 de marzo, la Audiencia de Navarra rechazó las acusaciones de terrorismo y pidió que el caso fuese nuevamente enviado al juzgado de Pamplona, lo que implicaría que fuesen juzgados por delitos notoriamente menores. Este choque de competencias debe ser resuelto ahora por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la Audiencia Nacional está obligada a paralizar el proceso, lo que abriría la puerta a que los tres jóvenes que siguen encarcelados sean puestos en libertad condicional. “Está obligada, pero no lo hace”, señalaron fuentes judiciales a este periódico.

En efecto, la ley establece que ante un conflicto de competencias, el procedimiento en cuestión debe paralizarse hasta que exista una resolución firme al respecto. Sin embargo, la sección primera de la Audiencia Nacional esgrime que no ha recibido ninguna “notificación oficial” de que se haya dictado ese auto, a pesar de que ya fue aportado por los abogados de los jóvenes. Ante esa situación, la defensa legal de los imputados teme que se llegue a juicio sin que se haya resuelto cuál es el tribunal competente para juzgarlos, por lo que las fuentes jurídicas consultadas por Público advierten que las garantías de los imputados “están siendo arrastradas”.

Con esos datos sobre la mesa, Idoia Goikoetxea advierte en su carta que “el objetivo democrático de separación de poderes y de garantía de los derechos fundamentales, sigue siendo eso, un objetivo”. En su nota, esta mujer vuelve a reclamar lo mismo que han pedido durante los últimos seis meses: “que la justicia se aplique igual para todo el mundo”. “Muchísima gente nos ha apoyado, ha firmado los manifiestos y se ha pronunciado, también desde la propia judicatura”, señala.

Controles de la Guardia Civil

Esas reivindicaciones de justicia y libertad han estado muy presentes este domingo en Alsasua, donde ha tenido lugar una manifestación a favor de los detenidos. Poco antes de que comenzara la movilización, la Guardia Civil ha instalado varios controles “antiterroristas” en los alrededores de esta localidad, una de las más militarizadas de Europa.

Las movilizaciones continuarán el próximo miércoles frente al Monumento de los Fueros de Pamplona, el mismo lugar donde los padres de los imputados realizan concentraciones quincenales junto a representantes de distintos sectores de la sociedad. Esta vez comparecerán junto a representantes del mundo judicial. Un mundo en el que, seis meses después, quieren seguir creyendo.