Publicado: 09.09.2015 14:54 |Actualizado: 09.09.2015 14:59

La Audiencia Nacional investigará la red de sobornos a funcionarios públicos descubierta en Sevilla

En el caso 'Madeja' hay imputados funcionarios de 14 administraciones públicas como el ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias y varias diputaciones y ayuntamientos. La empresa Fitonovo pagó supuestos sobresueldos en negro por importe de 4,5 millones.

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José de la Mata

José de la Mata, magistrado del juzgado central de instrucción 5, investigará la trama corrupta de funcionarios del caso "Madeja" descubierto en Sevilla.

MADRID.-  El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha declarado competente para investigar las actividades de la red de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones desarticulada con el 'caso Madeja' y que remitió desde Sevilla Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6.

En esta supuesta trama de sobornos hay 96 imputados de 14 administraciones públicas. En un auto hecho público este miércoles, el José de La Mata considera que el caso compete a la Audiencia Nacional por su grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional, así como un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia territorial, además de una "compleja instrucción" derivada del elevado número personas físicas y jurídicas involucradas. Por ello determina, de acuerdo con la Fiscalia, la competencia de los juzgados centrales de instrucción.

La resolución explica que los hechos que se investigan implican "la presunta existencia en la empresa Fitonovo SL de una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos público".

Las investigaciones apuntan a que dicha empresa podría haber pagado sobresueldos en negro a funcionarios públicos por importe de 4,5 millones de euros.

En su resolición, De la Mata expone que Fitonovo  "creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".


Al mismo tiempo, los directivos "crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".

Los hechos que se investigan, de acuerdo con el testimonio remitido y el auto de inhibicion del juzgado 6 de Sevilla, serían constitutivos de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos".

En las diligencias previas figuran imputadas 96 personas, entre las que se encuentran funcionarios de 14 administraciones públicas como el Ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias y varias diputaciones y ayuntamientos.