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La Audiencia Nacional reclama a Francia el acceso al arsenal de ETA

El juez Velasco remite una comisión rogatoria para que la Guardia Civil investigue las armas y tenga acceso a las huellas y restos biológicos con el fin de esclarecer casi 300 asesinatos sin resolver de la banda terrorista.

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Agentes de la Policía francesa examinan uno de los zulos con armamento de ETA cuya ubicación reveló el pasado 8 abril. REUTERS/Regis Duvignau

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cursado una comisión rogatoria para que las autoridades francesas autoricen a la Guardia Civil a acceder al arsenal de armas que ETA entregó el pasado sábado con el fin de esclarecer casi 300 crímenes sin resolver de la banda.

El juez central de instrucción 6 otorga así cobertura legal a que los agentes tengan acceso al arsenal entregado por la organización terrorista.

En el documento remitido a las autoridades judiciales galas se solicita que permitan el acceso a los futuros informes periciales balísticos, explosivos, de huellas dactilares, restos biológicos y de ADN que se realizarán sobre las 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo y varios miles de municiones y detonadores encontrados en los ocho zulos cuya ubicación el sábado ETA facilitó a la policía francesa.

En vista de la entrega de armas anunciada para el pasado sábado, la Fiscalía solicitó al juez poder acceder a las armas para determinar si alguna de ellas forma parte de algún procedimiento contra la banda terrorista abierto actualmente en la Audiencia Nacional.

El juez Velasco ha cursado este lunes esta petición con la finalidad de obtener pruebas de cara a esclarecer los diferentes atentados de ETA cometidos en territorio español y están pendientes de resolver (224 atentados, con 297 personas asesinadas).

La comisión rogatoria se ha enviado a la autoridad judicial francesa competente en virtud de la cooperación jurídica entre estados miembros de la Unión Europea y de conformidad con el convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, atendiendo al principio de reciprocidad y asistencia judicial mutua que rigen las solicitudes de ayuda internacional en materia penal.

De los 224 atentados cuyos autores no se han esclarecido totalmente (en varios casos se ha condenado a alguno de ellos, pero no a todos o no se ha encontrado a los cooperadores), los diferentes jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han reabierto 21 de ellos en los últimos años.

Fuerzas de seguridad consultadas por Efe sostienen que tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre ellos, ya que seguramente estarán "limpias" de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los "mediadores".

El hallazgo de pruebas e indicios es precisamente lo que ha permitido reabrir esos sumarios, el último el atentado perpetrado por la banda en 1979 en Villafranca (Guipúzcoa) en el que fueron asesinados un guardia civil y su novia.

En 2012 se reabrieron varios que estaban a punto de prescribir (hay un plazo de 20 años), como el asesinato en Madrid del coronel retirado del Ejército del Aire Aquilino Vasco Álvarez, de los guardias civiles en Oyarzun (Guipúzcoa) José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez o del policía nacional en San Sebastián Ricardo González Colino.

Hace dos años, la Audiencia también revisó el asesinato con bomba lapa del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León y las nuevas pruebas llevaron a procesar a los etarras Soledad Iparragirre, "Anboto", y Sergio Polo Escobes, "Lur", como sus autores.
En estos últimos seis años se ha conseguido asimismo determinar que fue el exjefe de aparato militar de ETA Mikel Carrera Sarobe "Ata", el que asesinó en 2001 al presidente del PP en Aragón Manuel Jiménez Abad.

A la lista de 21 sumarios reabiertos se unen los del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, los asesinatos de militante socialista Fernando Múgica o los de los concejal del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez.