Publicado: 06.03.2014 16:13 |Actualizado: 06.03.2014 16:13

La Audiencia rechaza la responsabilidad del Estado en la comercialización de implantes mamarios defectuosos

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La Audiencia Nacional ha rechazado la responsabilidad patrimonial del Estado por autorizar la comercialización de los implantes mamarios de la marca PolyImplant (PIP) y que fueron retirados del mercado en 2010.

Se calcula que en España hay más de 18.000 mujeres que recibieron estas prótesis fraudulentas, y que en el mundo la cifra oscila entre las 400.000 y las 500.000 mujeres. Aunque han sido pocas las que han puesto demandas, en comparación con la cifra total de afectadas.

El Juzgado Central de lo Contencioso número 11 de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de una mujer que reclamaba la responsabilidad patrimonial del Estado por presuntos daños que sufrió con la implantación de esas prótesis mamarias.

Las prótesis fueron  retiradas del mercado en 2010, cuando las autoridades  europeas constataron que estaban fabricadas con un gel de silicona industrial, diferente al que había sido declarado, y que provocaron roturas y complicaciones en muchas mujeres. La silicona industrial de estos implantes contenía un aditivo para carburantes (Baysilone), entre otros componentes.

La demandante reclamaba al Estado una indemnización de 12.000 euros por haber autorizado esta comercialización que resultó fraudulenta. En su demanda argumentaba que su contenido no fue debidamente controlado por las autoridades  competentes. A ella se le implantaron estas prótesis una intervención quirúrgica, el 12 de mayo de 2008.

La Audiencia Nacional falla que la actuación de la Administración se ajustó a derecho puesto que las prótesis mamarias de gel de silicona PIP obtuvieron el marcado CE de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE, lo que supone la presunción de conformidad del producto.

El juez Manuel Ponte falla en su sentencia que, de acuerdo a esa directiva comunitaria, "el Estado español estaba obligado a no impedir la comercialización ni la puesta en servicio de tales productos que ostentaban el marchamo CE".

La sentencia también destaca la rapidez y diligencia con la que reaccionaron las autoridades españolas en cuanto fueron alertadas por las autoridades francesas de la retirada de las prótesis mamarias PIP.

Así, el 30 de marzo de 2010 la Agencia Francesa del medicamento lanzó su alerta a todos los países comunitarios a través del sistema de vigilancia de productos sanitarios; el 31 de marzo la Agencia española ordenó el cese de la implantación de estas prótesis mamarias, recomendando a las personas portadoras que comprobaran si sus prótesis eran PIP.