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Autopistas Las constructoras medianas piden que se pongan más peajes en las carreteras españolas

La demanda de ANCI llega después de que el Gobierno de Sánchez anunciase que levantará las barreras de peajes de aquellas autopistas cuyos periodos de concesión comienzan a concluir.

Peaje de la autopista entre Madrid y el aeropuerto de Barajas. OHL

Público | Agencias

La Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI) ha reclamado al nuevo Gobierno de Sánchez que se incremente el número de peajes en la red de carreteras españolas para poder generar un fondo de inversión en infraestructuras.

Jaime Lamo de Espinosa, el presidente de la patronal de las constructoras de mediano tamaño, ha hecho llegar al Éjecutivo un listado de peticiones que se expuso de manera previa ante la asamblea general de la asociación.

La reivindicación de la ANCI se suma dentro de las que durante años venian haciendo los grandes del sector, agrupados en la Confederación Nacional de la Construcción.

Además, la demanda se plantea, precisamente cuando el nuevo Gobierno ha avanzado su intención de todo lo contrario levantar las barreras de peaje de las autopistas que comienzan a concluir el periodo de concesión (las primeras la AP-1 Burgos-Armiñón) este próximo mes de noviembre y el tramo de la AP-7 Tarragona-Alicante, a finales del año que viene.

En esta línea, ANCI también considera que "no tiene vuelta atrás" la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que el anterior equipo de Fomento preveía lanzar este año para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.

De igual forma, en su asamblea anual, la asociación de constructoras medianas demandó que se mantenga el plan extraordinario de inversión en carreteras con capital privado de 5.000 millones que dejó listo el equipo de Íñigo de la Serna.  De hecho, estaba anunciada la licitación en este mes de junio de los dos primeros contratos del plan, y de obras por un total de 2.000 millones a lo largo de este año. 

No obstante, las constructoras de mediano tamaño consideran que es precio fragmentar en lo posible estos y otros contratos para "favorecer la concurrencia" de todo tipo de empresas y "garantizar la eficiencia de la licitación pública" en aras de lo que además recomienda la nueva Ley de Contratos. En su opinión, lo contrario "favorece a las empresas de mayor dimensión y limita la competencia".

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