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El Ayuntamiento de Barcelona apoya a Artur Mas y al resto de encausados por impulsar la consulta del 9-N

La declaración impulsada por el grupo municipal de CiU ha sido suscrita también
por BComú, ERC y la CUP. PSC, Ciudadanos y PP no se han adherido.

Una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Barcelona.

EFE

BARCELONA.- El plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una declaración institucional de apoyo a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, encausados por impulsar el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.

La declaración impulsada por el grupo municipal de CiU ha sido suscrita también por BComú, ERC y la CUP. PSC, Ciudadanos y PP no han suscrito la declaración. Los líderes municipales de C's y PP, Carina Mejías y Alberto Fernández, respectivamente, han coincidido en advertir que esta iniciativa interfiere en el proceso judicial abierto.

Carina Mejías ha sostenido que "aquellos que atentan contra el Estado han de asumir las consecuencias" y Alberto Fernández ha puntualizado que "todos hemos de cumplir la ley" porque, según ha recordado, el Govern conocía la resolución del Tribunal Constitucional de prohibir la consulta y tomó la decisión de no suspenderla.

Se afianza el compromiso de la corporación local barcelonesa "con el derecho democrático del pueblo de Catalunya a defender sus derechos sociales y laborales y a decidir libremente su futuro"

En la declaración suscrita por CiU, BComú, ERC y la CUP el consistorio denuncia "la escasa calidad democrática de un Gobierno que hace un uso partidista de las instituciones judiciales y emite juicios ideológicos y políticos contra trabajadores y representantes en las instituciones para participar e impulsar procesos democráticos".

Asimismo, según dicha declaración, se afianza el compromiso de la corporación local barcelonesa "con el derecho democrático del pueblo de Catalunya a defender sus derechos sociales y laborales y a decidir libremente su futuro".

La moción será enviada al presidente de la Generalitat, al presidente del Gobierno central, a la Mesa del Parlamento de Cataluña, a las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y se compromete a hacerla pública a través de los medios públicos municipales.

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