El ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha afirmado que 'sería demencial proponer una medida cautelar de suspensión del presidente Mas'. 'Es inviable jurídicamente. Sería un suicidio político contra los que están en contra de Artur Mas y la mejor ayuda para el presidente y para los que están a favor de la independencia, que ascendería a dos tercios o más de la población', ha señalado.

En declaraciones a la emisora catalana RAC1, Garzón ha afirmado que 'no tiene sentido que la Fiscalía se querelle contra el gobierno catalán'. 'Es impresentable. De hecho, dudo que se presente. Y tengo más dudas de que el juez o el TSJC, a través del instructor o la sala, la admitiera', ha añadido.

Por otra parte, Garzón se ha mostrado a favor del derecho a decidir: 'Es un derecho reconocido a nivel nacional, constitucional e internacional. Es un derecho humano. Vivimos en un estado de derecho y tenemos que encontrar la fórmula para que se haga la consulta. Nunca para impedirla', ha explicado.

Por otra part, el portavoz de la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha alertado de que las 'presiones' del PP a la Fiscalía para que investigue las responsabilidades penales derivadas de la consulta soberanista del 9 de noviembre hacen un 'flaco favor' a la credibilidad de esta institución y ha valorado positivamente que 'no se haya plegado inicialmente' a estas indicaciones. Así ha respondido Joaquim Bosch a las puerta de la Audiencia Nacional al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, dando por hecho que el Ministerio Público presentará una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

A su juicio, las indicaciones dadas por el partido que sustenta al Gobierno para que presente una querella incluso haciendo una 'mención expresa' sobre sus términos 'no son noticias positivas para la credibilidad de las instituciones'. 'Es evidente que la Fiscalía General del Estado tiene una estructura jerárquica y el fiscal general ha sido nombrado a propuesta del Gobierno, pero no tiene por ello que seguir automáticamente las indicaciones del Gobierno y del partido que lo sustenta', ha explicado.

Con todo, Bosch considera que es 'discutible' la responsabilidad desde el punto de vista penal que pueda concurrir a raíz del proceso participativo del 9-N y que cualquier acción debe contar con un 'fundamento sólido'. 'Es dudoso que pueda concurrir un delito porque el propio Tribunal Constitucional no hizo un requerimiento expreso sobre la desobediencia', ha indicado, para concluir que se organizó por entidades ciudadanas dejando aparte los actos administrativos.