SEVILLA.- El Gobierno andaluz ultima un decreto que pretende reducir a 20 días el plazo máximo legal para pagar a los proveedores y empresas conveniadas con la Administración que prestan servicios prioritarios, como la sanidad, la educación y las políticas sociales (ahora el promedio de pago de la Junta de Andalucía es de 26,22 días). Uno o varios bancos sin determinar cubrirán los pagos fuera de plazo a un "interés bajo", advierten a Público fuentes de la Consejería de Economía de la Junta.

El objetivo es que la falta de liquidez del Ejecutivo de Susana Díaz no afecte al normal funcionamiento de los servicios fundamentales, como ha ocurrido recientemente cuando algunos colegios andaluces pidieron a sus alumnos que llevaran rollos de papel higiénico a clase porque la Junta se había retrasado en el pago de los gastos de funcionamiento, originando serios problemas económicos en los centros educativos. Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales también estarán obligados por esta norma a abonar antes de 20 días sus servicios esenciales, especialmente las ayudas a la dependencia.

“El objetivo es que el decreto sirva de motivación para que se pongan las pilas y paguen antes de 20 días, y no tener que llegar al extremo de obligar al ciudadano a recurrir a un banco”, afirman desde Hacienda

Pero el decreto es más ambicioso y va más allá de regular el derecho de cobrar a tiempo. La norma introduce por primera vez un sistema de garantía de cobro pionero en una administración, para que, en caso de que la Junta de Andalucía incumpla sus plazos de pago, el trabajador o la empresa afectada podrá reclamar ese dinero a un banco y éste lo abonará de inmediato. Las entidades financieras se convertirán así en prestamistas del Gobierno autonómico.

¿Cómo funcionará esta fórmula? Según el borrador de la norma, al que ha tenido acceso Público, la empresa o el empleado que trabaja para la Administración andaluza en el desempeño de algún servicio público esencial (vinculado a la sanidad o a la educación, por ejemplo) podrá acceder a la oficina virtual de la Junta, alojada en la web de la Consejería de Hacienda, y descargar la factura vencida para así acreditar que la Junta se ha retrasado en el pago por encima de los 20 días máximos que estipula la ley.

Los ayuntamientos y las diputaciones también estarán obligados a abonar antes de 20 días sus servicios esenciales, especialmente las ayudas a la dependencia.

Al presentar ese documento ante Hacienda, se abrirán tres posibilidades: que el departamento de Hacienda salde su deuda en ese mismo momento; que el retraso se deba a una incidencia ajena a la Administración, como el cambio de dirección de la cuenta bancaria del beneficiario; o el tercer supuesto, que es para el que se ha diseñado este decreto:

Oficinas de los principales bancos españoles, Bankia, Popular, Caixabank, Sabadell, BBVA y Santander. EFE/E.P./REUTERS

Los problemas de tesorería de las administraciones se han agudizado con la crisis, provocando situaciones inéditas como la que fue denunciada recientemente en el Parlamento andaluz, cuando salió a la luz la carta que un colegio de Sevilla dirigía a los padres de sus alumnos pidiéndoles que éstos llevaran a clase rollos de papel higiénico para paliar los problemas económicos del centro provocados por el retraso de la Junta en el pago de los gastos de funcionamiento.

La falta de liquidez hizo crecer la deuda de gobiernos autonómicos y municipales con sus proveedores

Uno de los efectos más duros e inmediatos de la crisis financiera fue el cierre brusco del crédito interbancario, los bancos dejaron de prestar dinero a particulares, empresas y también a las administraciones. La falta de liquidez hizo crecer la deuda de gobiernos autonómicos y municipales con sus proveedores, con sus trabajadores auxiliares y servicios contratados (las nóminas de los funcionarios siguieron pagándose a tiempo, aunque fueron mermadas), y ésta fue la razón por la que el Gobierno central creó el plan de pago a proveedores, un mecanismo de financiación para inyectar liquidez a las comunidades, un dinero condicionado al pago de esa deuda.

El Ejecutivo de Susana Díaz ha reducido su deuda pública por debajo de la media de las comunidades, ha cumplido con el límite del déficit impuesto por el Gobierno central y ahora ha aprovechado la tendencia a la recuperación económica para recuperar la confianza de los bancos. El Consejo del Gobierno andaluz ha aprobado el anteproyecto del decreto de garantías de tiempos de pagos para que, si la Administración vuelve a retrasarse en los pagos más allá de los 20 días que fija la ley, en el plazo de siete días el afectado obtendrá un certificado oficial que acreditará el retraso en el pago, un documento que podrá presentar en una entidad bancaria, donde le abonarán el dinero de inmediato. Para que funcione la norma, la Junta prevé suscribir un convenio con una serie de bancos, que adelantarán el dinero de la Administración directamente a sus proveedores, una especie de préstamo indirecto.

El decreto también contempla la implantación de “un sistema de alerta” para avisar al departamento de que está a punto de superar el límite de pago

La entrada en vigor del decreto, prevista para final de este mes, presionará a todas las consejerías del Gobierno andaluz para que cumplan con sus pagos en tiempo y forma, sobre todo las áreas responsables de prestar los servicios esenciales al ciudadano, como el departamento de Sanidad, Educación y Políticas Sociales. “El objetivo es que el decreto sirva de acicate, de motivación para que se pongan las pilas y paguen antes de 20 días, y no tener que llegar al extremo de obligar al ciudadano a recurrir a un banco”, explican fuentes de la Consejería de Hacienda. El decreto también contempla la implantación de “un sistema de alerta” para avisar a tiempo al departamento correspondiente de que está a punto de superar el límite de pago de su deuda.

Facturas por 6.150 millones

La norma de pagos también se aplicará para las subvenciones y para las becas de estudio y para el empleo, cuyo plazo máximo será de 45 días. En ambos casos, si la Junta rebasa el límite de pago comprometido, y al no existir factura vencida, la entidad subvencionada o el alumno becado tendrá que presentar ante la oficina virtual de Hacienda la resolución con la fecha de concesión de la ayuda, con la que podrá obtener el certificado para cobrar su dinero en un banco.

El decreto prevé agilizar los pagos por prestaciones de apoyo a las familias: gratuidad de libros de texto, aula matinal, transporte escolar o comedores escolares

En el caso de las becas, esta medida supondrá agilizar los abonos relativos a alumnos con necesidades específicas, escuelas hogar, proyectos de plurilingüismo, mediación intercultural, formación en centros de trabajo e innovación educativa. De este modo, se trata de evitar situaciones que se volvieron comunes durante los primeros años de la crisis, como que un estudiante becado no percibiera la ayuda económica hasta haber finalizado el curso, en lugar de obtener el ingreso mes a mes. Casos de alumnos universitarios que abandonaron sus estudios por el retraso en el abono de sus becas o estudiantes que renunciaron a la beca Erasmus, de estudios europeos, porque el dinero llegaba cuando el curso académico ya estaba muy avanzado.

En el sector educativo, el decreto prevé agilizar los pagos por prestaciones de apoyo a las familias (gratuidad de libros de texto, aula matinal, transporte escolar, comedores escolares, becas y ayudas al estudio, Becas 6000 y de Segunda Oportunidad y plan deporte en la escuela); así como los conciertos docentes para escuelas semiprivadas y para los gastos de limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos.

Las medidas buscan garantizar el pago de las más de un millón de facturas que emite al año el Gobierno andaluz, por un importe estimado de 6.150 millones 

Y en el sector sanitario se incluyen las facturas relativas a la atención sanitaria, los conciertos (como los de transporte sanitario, diálisis o rehabilitación) y todas aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros (agua, gas, limpieza, lavandería y prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre ellas). Por su parte, en los servicios sociales destacan los relacionados con atención a la infancia, dependencia, asistencia jurídica gratuita, las drogodependencias y la protección contra la violencia de género.

Las medidas previstas agilizarán los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización en todas estas áreas esenciales, garantizando así el pago de las más de un millón de facturas que emite al año el Gobierno andaluz, por un importe global estimado de 6.150 millones de euros. Esta cantidad supone el 80% del total de los capítulos II (gasto corriente en bienes y servicios) y IV (transferencias corrientes) del Presupuesto de la Junta de Andalucía. En el área sanitaria la garantía alcanzará a unas 460.000 facturas anuales (3.000 millones de euros); en educación a 560.000 (1.630 millones), y en servicios sociales a 140.000 (1.520 millones), según datos aportados por la Consejería de Hacienda.