MADRID- Manuel Blanco Mesón está sentado en la primera fila del Pleno del Ayuntamiento de Rivas. Es jueves 28 de enero de 2015. Lleva varias horas en la misma posición. Soporta un farragoso Pleno de 12 puntos del día. Pero la ocasión lo merece. Esa misma tarde, el Pleno de la localidad madrileña aprobará una moción que le llevará a presentar una querella ante la Justicia española por "crímenes de lesa humanidad" cometidos por las autoridades franquistas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Manuel no se lo quiere perder. Tiene 81 años y lleva toda la vida esperando a la Justicia. Pero la Justicia nunca tuvo ojos para él. Ni para las miles de víctimas del horror. 

Manuel es un ejemplo más de lo que significó la 'limpieza' de los sublevados, primero, y del régimen después. Y la fuerza de su testimonio reside, precisamente, en que no es excepción. En que su caso es, desgraciadamente, regla. Su padre, camionero de profesión, fue enviado a un campo de concentración donde murió al poco de ingresar por "causa desconocida". Su madre, Elena Mesón, fue condenada a 12 años y un día de cárcel aunque sólo cumplió tres años. Después, cuenta Manuel, la detenían cuando había "barullo" y la soltaban después de unos días. Hasta 1954. En esa fecha, Elena es detenida y torturada. Las secuelas la tuvieron un año en el Hospital del Rey recuperándose. 

Antes, los sublevados ya habían asesinado a su tío, Eugenio Mesón, fusilado en 1941 y su abuelo, de idéntico nombre, fue enviado a otro campo de concentración porque las autoridades franquistas le confundieron con el ya fusilado. El abuelo también fallecería en el campo de concentración debido a su avanzada edad y a las precarias condiciones. 

El caso de Manuel es leído por el alcalde de Rivas, Pedro Del Cura, en alto durante el Pleno. Él asiste tranquilo. Está en paz. No le alimenta la rabia, ni la ira. Tampoco le sorprende que PP y Ciudadanos voten en contra de la iniciativa. Su único objetivo con esta denuncia, dice, es la verdad. "Quiero que se conozca bien lo que pasó. Lo que sufrimos. Que la gente joven lo sepa y, también, que los descendientes de los responsables de los crímenes no sigan viviendo a cuerpo de rey gracias a los actos de sus padres", denuncia. 

Torturas en la Puerta del Sol

En la fila de atrás, junto a su mujer, está Javier Navascués Chivite, de 67 años. Esta es la segunda vez que presenta una denuncia por las torturas que sufrió en la Dirección General de Seguridad (DGS) del régimen franquista con sede en la Puerta del Sol de Madrid. Tanto él como su mujer, Pilar Alcover, fueron detenidos el 28 de junio de 1973. Aquella noche, Javier y Pilar encontraron a una pareja de policías esperándoles. Durante su ausencia, habían encontrado propaganda de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). No obstante. la excusa oficial para su detención era que la Policía pensaba que estaba relacionado con el asalto a la Escuela de Ingenieros, donde estudiaba Javier. 

Pilar fue puesta en libertad tras unos días de interrogatorios. No obstante, no se libró de las represalias. "Fui trasladada a otro puesto de trabajo con menos salario y peores condiciones", cuenta a Público. Su marido, sin embargo, se llevó la peor parte. "Intentaba no contarle nada para que si algún día nos detenían ella no tuviera que pasar por las torturas", dice Javier antes de pasar a relatar su experiencia dentro de la DGS con la Brigada Política Social. 

"Como me negué a colaborar con ellos comenzaron las torturas. Me pusieron a hacer 'el pato', en cuclillas, con las muñecas esposadas por debajo de los muslos y me pusieron a andar sin parar por la sala de interrogatorios cubierto con una manta en pleno verano. Luego venían los golpes y las amenazas. Así estuve varios días. Recuerdo cuando me negué a seguir porque no podía más. El policía me dio una patada en el costado, que me dejó sin aliento y me levantó en vilo tirando de los brazos", recuerda Javier, que señala que durante los interrogatorios también estuvo presente el policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. 

Javier fue condenado por asociación ilegal a dos años y cuatro meses de prisión e ingresó en Carabanchel el 27 de noviembre de 1974. El 4 de diciembre de 1975, tras la muerte del dictador y la promulgación de un indulto, salió en libertad. Ahora, espera que aquellos que le torturaron paguen, por fin, por sus actos. "Sólo espero que al menos no pasen a la historia como funcionarios condecorados por las instituciones españolas y sí como torturadores, que es lo que fueron", dice Javier. 

Tres penas de muerte

Tampoco Heliodoro de Arriba (83 años) ha querido perderse el Pleno de este jueves en Rivas Vaciamadrid. Motivos no le faltan. Entre sus objetivos está honrar la memoria de su padre, de idéntico nombre, fusilado el 9 de septiembre de 1941 en el cementerio del Este, de Madrid, tras ser condenado hasta a tres penas de muerte por ser militante del PCE. "Fue enterrado en una fosa común junto a otros 34 fusilados más, y junto a otras dos fosas comunes más", cuenta en la denuncia presentada al Ayuntamiento de Rivas. 

Antes de morir fusilado, Heliodoro tuvo que vivir un auténtico calvario desde la caída de Madrid en manos franquistas. "Mi padre tuvo que estar escondiéndose en mi propia casa, en una carbonera que disponíamos, teniendo mi madre y los cinco hermanos que éramos, que estar continuamente vigilando en el portal para avisar de la llegada de la policía", denuncia Heliodoro, que señala que, tras varios meses en esta situación, la familia decidió huir a Salamanca. 

"Quiero que por los medios que sea posible se conozca este caso, como muchos otros que se dieron en la época, y que se haga todo lo posible para reparar esta injusticia"

Allí, por culpa de una carta a una prima, la policía descubrió el paradero del hombre. "Lo llevaron a la prisión de Salamanca, donde estuvo prisionero durante unos seis meses sin juicio hasta que fue trasladado al Centro Penitenciario de Torrijos, más conocida como la cárcel de Porlier. Estando allí se le instruyó un juicio sumarísimo por vía militar y fue condenado a tres penas de muerte", sentencia Heliodoro, que señala a Público que se ha querido unir a la querella de su Ayuntamiento, Rivas, para que la Historia tenga constancia que el franquismo fusiló a miles de hombres "sin fundamento alguno". 

"Quiero que por los medios que sea posible se conozca este caso, como muchos otros que se dieron en la época, y que se haga todo lo posible para reparar esta injusticia", sentencia Heliodoro. 

Encontrar al bebé robado

Cristina Serrano Mesa posa con una imagen de su madre. 

La ciudadana de Rivas Vaciamadrid Cristina Serrano Mesa también ha presentado su denuncia al Ayuntamiento para que éste le represente ante los juzgados españoles. Cristina está prácticamente convencida de que, antes de que naciera ella, su madre sufrió el robo de un bebé. Indicios, según denuncia, no le faltan. "Presento esta denuncia por mi madre. Ella ya ha fallecido, pero ha sufrido tanto, tanto, que quiero que se sepa la verdad", cuenta a Público. 

Su madre dio a luz el 6 de diciembre de 1956 en la Casa de Salud de Santa Cristina y Escuela Oficial de Matronas a una niña de 4,150 kilogramos y, según el documento que posee, falleció a los diez minutos de nacer. Según este documento, todo fue normal hasta que, tras nacer, el feto se asfixió por la cantidad de "flemas y sangre" que aspiró al pasar por el canal del partido. 

Su padre, dice, insiste en ver el cuerpo de la niña y la religiosa le muestra a una niña "muy grande, rubia, con el pelo rizado y la piel casi transparente"

"Mi madre permaneció aislada y sola en una habitación sin ser consciente de lo ocurrido y cuando mi padre llega a la Maternidad le obligan a marcharse a casa con el argumento de que el parto es fácil y todo va a salir bien", cuenta Cristina. No obstante, al día siguiente, cuando su padre vuelve a visitar a su mujer y a su primera hija, una religiosa le informa del fallecimiento de la pequeña y le dice que la Maternidad se hará responsable de todos los trámites necesarios para su entierro. 

Su padre, dice, insiste en ver el cuerpo de la niña y la religiosa le muestra a una niña "muy grande, rubia, con el pelo rizado y la piel casi transparente", apunta Cristina, que señala que la Maternidad "no entrega ninguna documentación" a sus padres, quienes tampoco firman ningún documento autorizando nada. 

Cuando los casos de los bebés robados comienzan a salir a la luz, Cristina comienza a investigar y es cuando se da cuenta de que puede ser que su hermana mayor no muriera en el Hospital y que fuera robada. "No hay ningún documento sobre el legajo de aborto de mi madre, tampoco está registrado su bautismo, cuando en aquella época no se enterraba a nadie sin bautizar aunque fuera in articulo mortis, y el cementerio de La Almudena dice que tiene una orden de jefatura de que no me puede dar la información sobre la ubicación de sus supuestos restos sino la solicita la Fiscalía", sentencia Cristina. 

Estos son algunos de las denuncias que Rivas Vaciamadrid llevará ante la Justicia. El Ayuntamiento asegura que el coste cero