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Bebés robados Podemos plantea crear una unidad policial específica que investigue la trama de los bebés robados

La proposición no de ley también plantea que antes de dos meses se establezca un plan para que las víctimas puedan hacerse pruebas de ADN "voluntarias, gratuitas y técnicamente fiables" y después cruzar los resultados obtenidos con las bases de datos que constan en la oficina de atención a los afectados.

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Un grupo de víctimas de bebés robados y adoptados ilegales durante una concentración ante el Congreso de los Diputados / EFE

Unidos Podemos ha propuesto al Congreso que inste al Gobierno a impulsar la investigación de las denuncias de bebés robados y crear para ello, en el plazo máximo de dos meses, una unidad policial especializada que investigue de oficio estos casos y un fiscal que coordine las actuaciones.

La proposición no de ley también plantea que antes de dos meses se establezca un plan para que las víctimas por el robo de bebés puedan hacerse pruebas de ADN "voluntarias, gratuitas y técnicamente fiables" y después cruzar los resultados obtenidos con las bases de datos que constan en la oficina de atención a los afectados.

Asimismo, Podemos pretende que se declare el 30 de agosto como día nacional en memoria y homenaje a las víctimas de desaparición forzada infantil y compraventa de menores, así como a sus familias.

En su propuesta Podemos reprocha el "mal funcionamiento del Estado, cuando no una actuación negligente, por no evitar las desapariciones infantiles" y por "seguir fallando" en la identificación de los bebés robados tras las "denuncias masivas" que comenzaron en el año 2009.

La sustracción de menores, explica la iniciativa, se divide en dos etapas diferenciadas, una de ellas bajo el régimen franquista y otra tras la aprobación de la Constitución en el año 1978.

Estas denuncias se refieren principalmente a casos ocurridos en los años ochenta, según recuerda Podemos en su propuesta, y llegan incluso a la década del 2000.

Recrimina Podemos "la falta de respuesta adecuada de las administraciones públicas ante todos estos casos, sin que todavía haya sido resuelto por los tribunales ni un solo caso de bebés robados, a pesar de ser España el segundo país del mundo en casos de desapariciones infantiles".

Asimismo, recuerda que esta situación contribuye a la "impunidad de los criminales que formaron parte de la desaparición forzada infantil y subsiguiente compraventa de seres humanos".