Publicado: 14.01.2015 23:00 |Actualizado: 11.03.2015 13:17

La belga que dice ser hija del rey 'sólo' tendría derecho a una parte de la herencia

El reconocimiento de esta filiación no afectaría a Felipe VI, ya que su proclamación es ahora una situación jurídica consolidada

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Ingrid Sartiau y Albert Solá demandan ser reconocidos como hijos de Juan Carlos I.

Ingrid Sartiau y Albert Solá demandan ser reconocidos como hijos de Juan Carlos I.

MADRID.- Si hay un enigma por conocer de esta democracia es el alcance de la fortuna de Juan Carlos I y el origen de este dinero. De las estrecheces del exilio de Portugal, donde su padre recibía aportaciones de monárquicos para subsistir, ha pasado a una fortuna calculada por The New York Times en 1.800 millones de euros que algunos elevan a 2.000 millones. 

Las cuentas son secretas, y han crecido durante cuatro décadas al amparo de esa inviolabilidad de la que ha gozado hasta ahora, hasta que abdicó y se reactivaron dos demandas de paternidad.

El Tribunal Supremo, en una polémica decisión, ha aceptado una de las dos demandas de paternidad interpuestas contra él. Ambos recursos son muy similares, y se interpusieron en el mismo periodo de tiempo.
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La Sala de lo Civil del Supremo ha admitido la demanda de la ciudadana belga Ingrid Sartiau, de 49 años, quien dice ser su hija. De ser cierto, sería su primogénita. Y tendría los mismos derechos que Elena, Cristina y Felipe de Borbón.

En especial, tendría derecho a una parte de su herencia. 'Sólo' a una parte: la llamada “legítima estricta”, que se divide entre todos los hijos a partes iguales, en caso de que haya testamento.

Para calcularla, hay que dividir la herencia en tres quesitos iguales. Uno de ellos es la “legítima estricta”, que se divide entre todos los hijos por igual. Otro de los quesitos es la “legítima amplia” que se puede repartir como prefiera el testador, pero sólo entre hijos y nietos. El tercer quesito es la parte de libre disposición.

Si no hubiera testamento, se reparte todo a partes iguales.

No mueve el trono de Felipe VI

Los especialistas en Derecho Civil consultados rechazan que el impacto del reconocimiento de una hija extramatrimonial primogénita vaya más allá de la herencia y de su inscripción en el Registro Civil. Las pensiones de alimentos nunca son retroactivas, por lo que como mucho tendría derecho al pago de una pensión si se diera un caso de imperiosa necesidad.

“El reconocimiento de una filiación no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad, según tiene reconocido el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias”, aseguran fuentes jurídicas.

Esto es, tendrá derecho a la filiación pero no a la corona ni a los derechos asociados. La proclamación de Felipe VI como rey está considerada como una situación jurídica consolidada ya que fue reconocido como heredero al trono y proclamado por las Cortes, explican las mismas fuentes.

Además, la Constitución establece que la monarquía se rige por sus leyes históricas. Y si hay alguien excluido de toda línea sucesoria a lo largo de la Historia han sido los cientos, miles, de bastardos que han tenido los reyes españoles.

Sartiau tendría que conocer primero el alcance de la herencia enigmática, siempre y cuando sea reconocida como hija. De ser así, sería llamada hija extramatrimonial, expresión única aceptada tras la instauración de la democracia para los hijos habidos fuera de una pareja. Atrás quedaron expresiones tales como hijo natural –el caso de la belga-, hijo adulterino –nacido fuera del matrimonio- o hijo sacrílego, reservada para los descendientes de sacerdotes.

Una decisión polémica y más enigmas

La decisión del Tribunal Supremo es polémica: ha admitido a trámite una demanda de paternidad y ha rechazado la otra presentada, justo la que tenía más visos de prosperar y que afectaba a Alberto Solá Jiménez, nacido en 1956, varón, dado en adopción a los ocho años y que sería el primogénito del rey.

La Fiscalía pidió el archivo de ambas por los mismos motivos: falta del principio de prueba, requisito que exige el Código Civil.

La Sala de lo Civil del Supremo tendrá que aclarar en un auto las razones jurídicas que le han llevado a aceptar una demanda y rechazar la otra, cuando los recursos son idénticos.

También deberá aclarar qué pruebas se han aportado para aceptar la demanda de Sartiau y rechazar la de Solá. Por ahora, sólo se conoce un acta notarial de la madre de Ingrid Sartiau, Liliane, que no es una prueba en sí porque es una declaración de parte. No aporta fotografías, cartas o alguna prueba más allá de su palabra de ese encuentro en 1965 con un hombre de 31 años, “gentil, guapo y de ojos azules”, con quien mantuvo tres días intensos de relación sexual en un hotel de la Costa del Sol es Juan Carlos I y cuya identidad reveló a su hija hace cuatro años.

Tanto Sartiau como Solá se hicieron en 2012 tres pruebas de ADN, sin conclusiones rigurosas a la espera de contrastarlas con el progenitor o alguien consanguíneo. En una se concluye que comparten un progenitor en un 90% de posibilidad; en otra tienen una coincidencia del 31% y la tercera no les da coincidencia suficiente.



Sartiau bloquea a Solá en el Supremo

Curiosamente también, Sartiau puso un palo en la rueda de Solá en el Supremo: aportó una carta suya dirigida a la Casa Real en la que desmiente ser hermana de Solá y dice que presentó la demanda por presiones suyas y de los medios de comunicación.

Las dos demandas de paternidad fueron interpuestas al mismo tiempo, en el año 2012, a raíz de que Sartiau tomara la iniciativa de contactar por Internet con Solá, quien lleva años declarando su sospecha de ser hijo de Juan Carlos I, entre otras cosas porque en su acta de la casa cuna aparece que el bebé portaba “chupete verde”, cuando verde es un código que utilizan los monárquicos entre sí.

Solá tenía una baza bajo el brazo: un exagente del servicio secreto estaba dispuesto a declarar ante el Supremo que había realizado pruebas genéticas a unos restos biológicos hallados en un vaso presuntamente usado por Juan Carlos I durante una visita a Barcelona. Y que la coincidencia con Solá era superior al 90%. Pero la Fiscalía rechaza esta prueba por tener origen ilícito.

El Tribunal Supremo tendrá que aclarar en su auto si actúa como tribunal de primera instancia porque, por ahora, ningún tribunal ha analizado estas demandas, ya que fueron rechazadas por no existir procedimiento para tramitarlas contra un rey gobernante. En este caso, ¿no cabe recurso en segunda instancia para Solá?

El rey es indemandable actualmente; ni siquiera su mujer puede pedirle el divorcio. Tras la abdicación de Juan Carlos I, en junio de 2014, Solá activó su recurso ante la Audiencia de Madrid para comunicar que Juan Carlos I había dejado de ser inviolable.

El Gobierno del PP y el Parlamento reaccionó con una reforma exprés para aforar al rey abdicado ante el Supremo y ordenar remitir allí “inmediatamente” todos los casos que estaban vivos y que suponen estas dos demandas (Ley Orgánica 4/2014).

Segunda fase: el Constitucional

Si en España existiera el criterio que rige en otros países, ambas demandas habrían sido admitidas a trámite y se habrían realizado las pruebas de ADN a Juan Carlos I para descartar o aceptar su paternidad, ya que un principio internacional es que el Registro Civil refleje lo más exacto posible la realidad. Pero en España, el Código de Napoleón ha dejado esta herencia anacrónica de exigir pruebas previas porque excluía la investigación de la filiación de los bastardos.

Así las cosas, es muy posible que Solá acuda ante el Tribunal Constitucional y, luego, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde reclamará su derecho fundamental a la identidad.

Las alternativas de Juan Carlos de Borbón

Mientras, el futuro jurídico de Juan Carlos I se complica. Cuando se dicte el auto, dispondrá de 20 días laborables para recurrirlo, lo que equivale a dos meses. Y luego el Supremo estudiará la petición del análisis de ADN que solicitó Sartiau.

Cabe la posibilidad de que Juan Carlos I rechace la prueba de ADN, en cuyo caso hay jurisprudencia de que supondría una cierta asunción de la paternidad. Otra posibilidad es que, simplemente, no se oponga y permita la inscripción de Sartiau como hija. Así ocurrió con un hijo de Alfonso XIII, el tío Leandro: la Casa Real no se pronunció respecto al parentesco ni se hizo prueba de ADN; fue inscrito en el Registro Civil y se reconocieron todos sus derechos.

En caso de que continúe adelante, se produciría una vista oral, posiblemente a puerta cerrada como suele ocurrir en los juicios de familia. Es posible que Juan Carlos I no tenga que sentarse en el banquillo si no tiene que declarar.

Se calcula que el pleito de Sartiau termine antes de las vacaciones de verano.