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Blanco denuncia que la Policía se saltó la Ley para intentar hundirle

Cree que agentes de la UDEF se "echaron a la calle" a investigar su patrimonio sin el aval del Supremo, para prolongar la "infamia pública" a la que siente sometido

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El exministro José Blanco ha dirigido un escrito al Tribunal Supremo en el que denuncia que la Policía ha investigado su patrimonio al margen del juez instructor y sin seguir órdenes o indicaciones de éste, en un intento por prolongar el proceso de 'infamia pública' al que se siente sometido.

En un prolijo escrito de 47 páginas, firmado por el abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, la defensa del exministro solicita el archivo de la causa especial del Supremo en la que está imputado por delitos de cohecho y tráfico de influencias, en el denominado 'caso Campeón'.

Blanco cree que la investigación policial, que ha durado un año, ha demostrado su total inocencia y ha desvirtuado los indicios que llevaron a una juez de Lugo a remitir al Supremo, a finales de 2011, una exposición razonada para que el exministro fuese investigado.

La defensa de Blanco carga duramente en su escrito contra la actuación de la Policía, y en concreto contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha investigado a su cliente, que sigue siendo diputado del PSOE.

Cree que los agentes desarrollaron una 'investigación paralela y secreta' por 'su propia iniciativa', pese a que el instructor del caso, el magistrado del Supremo José Ramón Soriano, dejó claro en febrero de este año que la Policía debía realizar las diligencias que él propusiera u ordenara. Esas indagaciones irregulares dieron lugar además a conclusiones 'absurdas, tendenciosas y plagadas de juicios de valor y procesos de intenciones' por parte de la Policía.

El escrito incide de forma especial en la investigación policial 'autónoma, independiente y paralela a la causa especial' de la compra por Blanco y su mujer de un chalé en la localidad madrileña de Las Rozas en el año 2006. 'Que nos conste, el instructor jamás ordenó a la Policía que investigara por su cuenta el patrimonio de mi mandante', señala el abogado.

Para Martínez-Fresneda, 'los riesgos derivados de que la Policía se apropie de la instrucción de una causa penal, para actuar por su cuenta, en ocasiones incluso en contra de las órdenes recibidas por el instructor' y sin que el imputado conozca sus gestiones o 'entrevistas' lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso público con todas las garantías.

Advierte así del 'irregular' proceder de algunos agentes policiales al 'echarse a la calle' para entrevistar a personas relacionadas con la compra de la casa --como el vendedor y el responsable del portal Idealista.com, donde se anunció el inmbueble--.

Blanco defiende la absoluta legalidad de la compra, y considera lamentable lo que considera imputación 'absurda' la realizada por la Policía, y difundida desde los medios de comunicación, de que su cliente compró el chalé con un sobreprecio que no declaró. 

El abogado denuncia que se está produciendo una prolongación 'artifical' de las diligencias que está prorrogando a su vez  'la infamia pública de alguien que no hizo sino cumplir con su deber, limitándose a facilitar el contacto de un empresario con un responsable municipal. Nada más'. Se refiere a su amigo José Antonio Orozco, de la empresa Azkar, que le pidió ayuda para contactar con el Ayuntamiento barcelonés de Sant Boi de Llobregat para instalar una nave cerca del aeropuerto de El Prat.

Para Blanco, la larga investigación ha acreditado la 'falsedad' de las imputaciones vertidas contra él por el empresario gallego Jorge Dorribo, que señaló que Orozco le había dicho que le pagó el chalé a Blanco. 'Habría declarado mendazmente --hasta el extremo de manipular pruebas-- para poder salir en libertad', señala Martínez-Fresneda.

Reitera que Dorribo incurrió en 'contradicciones', y que lo demostrado es que 'no ha existido participación relevante' de Blanco en la concesión de la licencia a Transportes Azkar por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, que finalmente se produjo.

Su intervención, según explica, se limitó a indicar al vicepresidente de Azkar José Antonio Orozco que 'se pusiera en contacto con el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas' y éste 'propuso a Orozco que pidiera una reunión con el alcalde, ofreciéndose él mismo a servir de contacto con el alcalde'.

'Y así sucedió: José Antonio Orozco pudo reunirse con el alcalde, a quien le expuso su proyecto, y el expediente continuó su marcha con toda normalidad, sin que nadie del Ministerio influyera o participase de ninguna forma', remarca, para hacer hincapié en que su defendido 'se limitó exclusivamente a facilitar el contacto a un empresario con un alcalde'.

'No existe ni un solo dato de que José Antonio Orozco pidiera a José Blanco que mediara para conseguir una resolución en un sentido determinado (apenas que gestionara una reunión donde poder explicar lo que pretendía hacer en Sant Boi), ni mucho menos que José Blanco influyera para que se forzara la voluntad de nadie para suscribir una determinada resolución en un sentido u otro', resume.

Por último, pone de manifiesto que las pruebas han demostrado que ni el Ministerio de Sanidad ni la Agencia Española de Medicamentos dictaron resolución alguna, autorizaron o beneficiaron con algún trato a favor a Dorribo.

Tras más de un año de investigación, el abogado defensor solicita también que el juez requiera 'con carácter de urgencia' a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que aporte al procedimiento las respuestas de la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre las declaraciones tributarias e información financiera interesadas.

Demanda igualmente que aporte de forma inmediata copia de la comisión rogatoria remitida a Andorra, así como copia del disco duro del ordenador de Xoán Manuel Bazarra, el que fuera jefe de gabinete del exconselleiro de Innovación e Industria en el bipartito, Fernando Blanco.

La defensa del exministro plantea que se sobresean las actuaciones una vez que se ha levantado el secreto de las investigaciones policiales desarrolldas en los dos últimos meses.