De hasta 14 años de cárcel y 33 años de inhabilitación puede ser la sentencia que escuche hoy el ex conseller y antiguo peso pesado del Partido Popular valenciano, Rafael Blasco, de aceptar la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la condena solicitada contra él por la fiscalía en el primero de los juicios por el saqueo en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que él dirigía.

Finalmente, la sala informó ayer de que este miércoles comunicaría a cada uno de los nueve acusados su correspondiente sentencia (la suma de las penas de cárcel que pide para ellos la fiscalía asciende a los 83 años de prisión), pero no en lectura pública (según fuentes cercanas al proceso, la sentencia tiene cerca de 200 folios), sino en privado. Esta podría ser la última deferencia del tribunal con Blasco o con su entorno político, después de que la sentencia -que muchos prevén condenatoria (la edición valenciana del diario El Mundo lo da por hecho desde hace semanas) se haya dilatado en su comunicación hasta pasadas las elecciones europeas. Durante el juicio, la mayor parte de testigos situaron a Blasco en el epicentro de la trama  y éste se defendió, como el resto de acusados que formaban parte de su equipo, culpando de cualquier irregularidad a sus subordinados.

Podría seguir de diputado

Al exconseller y actual diputado autonómico del grupo de no adscritos, se le acusa de cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, malversación e inducción a la falsedad documental. Sin embargo, aunque en las próximas horas escuchara una sentencia condenatoria en relación a uno o varios de esos delitos, eso no se traduciría necesariamente en su salida del Parlamento valenciano, puesto que el reglamento de Les Corts establece que los diputados solo quedan suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando son condenados en sentencia firme, y la de hoy no lo sería. Además, la fiscalía solo solicitó su inhabilitación para el cargo de conseller.

Esta circunstancia podría insuflar un año más de presencia pública a un Rafael Blasco que hizo (como en su día contó Público ) uno de los trayectos más largos que se conocen en un político español: el que va de la lucha antifranquista en la clandestinidad (en un grupo armado como las FRAP), al gobierno ultraconservador de Francisco Camps; eso sí, previo paso con cartera por los gobiernos del socialista Joan Lerma -que le expulsó por un caso de presunta corrupción finalmente sobreseído por un formalismo- y del popular Eduardo Zaplana (que lo recuperó para dinamitar al PSOE aprovechando el conocimiento que tenía de sus entrañas).

Le esperan dos causas más

No obstante, sea hoy exonerado o condenado por este caso (que juzgaba la concesión en 2008 de 1'6 millones de euros de ayudas de Cooperación a una falsa oenegé (la Fundación Cyes) que acabó destinando la práctica totalidad del dinero a la compra de inmuebles en Valencia y a una empresa del presunto cabecilla y también juzgado, Augusto César Tauroni), a Blasco le queda todavía un largo periplo judicial en relación a su gestión al frente de la extinta consellería de Solidaridad y Ciudadanía.

Porque como comunicó hace escasamente tres semanas en un nuevo auto, la juez María Pía Calderón, que instruye toda la causa, los asuntos que quedaban todavía pendientes de juzgar se han dividido en dos piezas más. Una de ellas abarcará los múltiples contratos que la trama montada presuntamente para sustraer el dinero público a priori destinado a ayudas al desarrollo, obtuvo de la conselleria de Blasco entre los años 2009 y 2011. La otra, sin embargo, se centrará en exclusiva en el plan presuntamente urdido por el entramado para quedarse con los cuatro millones de euros inicialmente previstos para la construcción de un hospital en Haití. Una cifra que hace palidecer el millón de euro justo que la Generalitat valenciana anunció ayer que prevé destinar para todos los proyectos de cooperación internacional en 2014.

Fabra confía en no verse afectado

A falta de esos juicios, el siguiente paso de Blasco de resultar condenado será acudir al Tribunal Supremo, lo que dilataría la llegada de una sentencia firme todavía unos meses, aunque se prevé que el plazo sea menor al habitual por estar uno de los acusados (Augusto César Tauroni) en prisión preventiva desde principios de 2012; una situación que aceleraría el proceso.

Por lo que respecta a las consecuencias políticas, el Partido Popular lleva meses marcando distancias con su antiguo peso pesado, desligándose incluso de su mujer, Consuelo Císcar, a la que se invitó a abandonar la dirección del Instituto Valenciano de Arte Moderno (en el que aterrizó también de la mano de Eduardo Zaplana). Sin embargo, no se descarta que, coincidiendo con una sentencia condenatoria, Alberto Fabra anuncie una remodelación en su gobierno muchas veces anticipada. Anuncio que trataría de silenciar mediáticamente el alcance de una nueva condena por corrupción bajo el paraguas del penúltimo gobierno autonómico del PP valenciano.