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Franquismo El BNG ocupa la casa de los Franco en A Coruña

Reclama la devolución del inmueble en el que Carmen Polo pasó sus últimos años, y que fue regalado al dictador por el empresario Pedro Barrié en 1962 tras su compra al Ayuntamiento coruñés en una subasta amañada

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Miembros del BNG, con una pancarta en la casa familiar de los Franco en A Coruña.

Medio centenar de personas convocadas por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) realizaron esta mañana una ocupación simbólica de la Casa Cornide, el palacete que la familia Franco posee en el centro del casco histórico de A Coruña, para, al igual que sucede con el Pazo de Meirás, reclamar su devolución al patrimonio público.

Los participantes en la protesta desplegaron una pancarta en la balconada del inmueble, situado frente a la Colegiata de Santa María, en la que se leía “Que nos devuelvan lo robado” y la etiqueta #franquismo nunca máis.

La Casa Cornide, levantada a mediados del siglo XVIII y que durante años fue sede del Ayuntamiento de A Coruña, fue regalada a Franco por su amigo y empresario Pedro Barrié de la Maza, quien la adquirió en 1962 por poco más de 300.000 pesetas en una subasta amañada en la que la suya fue la única puja. En el escrito de compra, Barrié ya manifestaba su intención de regalar el palacio al dictador.

Xosé Emilio Vicente, miembro de la Ejecutiva Nacional del BNG, recordó ayer que la protesta forma parte de las acciones que su formación viene realizando para reclamar la devolución de inmuebles, obras de arte y objeto de valor expoliados por los Franco, como el Pazo de Meirás y las esculturas de la catedral de Santiago, y para denunciar la pasividad de las instituciones “con el sistema de corrupción estructural que permitió el enriquecimiento de la familia Franco en connivencia con grupos empresariales y familias afines al régimen”.

“Durante la Transición no hubo una desfranquización de ese sistema, sino un pacto entre las élites políticas y económicas y la oposición que no incluyó tampoco la depuración de otros ámbitos, como el poder judicial o los mandos policiales, ni tampoco la exigencia de reparaciones a las víctimas de los expolios”, añadió Vicente.