Publicado: 07.11.2013 07:00 |Actualizado: 07.11.2013 07:00

El Cabanyal: un capricho frustrado de 40 millones de euros

A la espera de una decisión final sobre el futuro del enclave marinero de Valencia, el balance sobre la acción de Rita Barberá sobre El Cabanyal arroja un gasto aproximado a los 40 millones de dinero público sin más r

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Frente a los 1.100 millones de euros (625 de sobrecoste incluidos) que costó a los valencianos la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, quizás 27 millones parezcan una cantidad insignificante. Sin embargo, mientras que los primeros se destinaron a erigir unos edificios megalómanos por cuyo exterior pasean a diario miles de ciudadanos (el uso interior de algunos de ellos da para otra historia), los segundos -también de dinero público- fueron invertidos en la compra de edificios y solares alrededor de los cuales la policía local que patrulla la zona recomienda a los turistas no circular.

Y es que esos inmuebles, actualmente nidos de ratas o refugio de familias excluidas socialmente, constituyen el principal activo de la sociedad participada al 50% por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana - Plan Cabanyal-Canyamelar SA- que los adquirió con la finalidad de ejecutar sobre sus escombros el plan de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para el barrio del Cabanyal: construir una gran avenida y un amplio boulevard para nuevos inquilinos muy cerca del mar.

Ahora, cuando -pese a los anuncios del gobierno de España y las administraciones autonómica y local- el proyecto sigue paralizado por orden del Ministerio de Cultura, esos 27 millones ayudan a hacerse una idea de lo invertido por las administraciones valencianas en el expolio del Cabanyal, aunque para determinar el total habría que sumar mucho más. Desde las nóminas de los trabajadores de Plan Cabanyal-Canyamelar S.A. durante sus años de existencia, a lo empleado en pleitear contra las asociaciones vecinales para llevar adelante su plan. Un proceso de suma en el que resulta difícil no encontrarse con más de una irregularidad.

Fue en 2005 cuando, después de siete años desde que la alcaldesa Rita Barberá anunciara su Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, la forma eufemística con que se bautizó la operación, ésta tomó visos de ir en serio. ¿El motivo? La creación de la empresa mixta Cabanyal 2010 (posteriormente mutaría al actual Plan Cabanyal-Canyamelar S.A.) en la que las administraciones públicas se asociaron junto a once constructoras con el fin de llevar adelante un plan que exigía una inversión mínima de 240 millones de euros para pagar las expropiaciones a los propietarios de las 1.600 viviendas que era necesario derribar.

Pero, al igual que en 2005 la demolición y posterior especulación sobre el solar del Cabanyal parecía una buena operación, en 2008, sobrevenida la explosión de la burbuja inmobiliaria, ya no lo parecía tanto. La posibilidad de especulación urbanística se esfumaba, pero en lugar de repartir las pérdidas, Ayuntamiento y Generalitat recompraban a las once constructoras su parte en el accionariado de Cabanyal 2010. El coste para las arcas públicas, los 7.875.000 euros que las once empresas privadas desembolsaron, al que se añadió una compensación en concepto del IPC más un punto desde julio de 2005. Las constructoras, pese al fiasco de su operación especulativa, no perdieron ni un euro.

Solo con estos dos desembolsos la suma de la inversión ascendería sobre los 35 millones de euros, pero lo cierto es que el desembolso en inmuebles podría ser mayor. Así lo denuncia el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, que señala cómo este mismo año, la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), empresa pública del Ayuntamiento presidida por Rita Barberá y vicepresidida por el teniente de alcalde, Alfonso Grau, adquirió a Plan Cabanyal-Canyamelar cuatro solares con un coste de más de medio millón de euros. De esa manera, los solares seguirían en las mismas manos, pero en los registros de la empresa encargada del PEPRI quedaría registrado un gasto en inmuebles inferior.

"Este cambio de estrategia en el expolio del Cabanyal parece que se debe a la  falta de liquidez de Plan Canbanyal-Canyamelar SA", señalan desde Compromís, al tiempo que añaden a la suma otro gasto incomprensible: los 36.000 euros en concepto de impuestos (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) que costó transferir la propiedad de unos solares de una sociedad pública a otra. Y no es ésta la única anomalía detectada. Como advierten, resulta significativo que a pesar de disponer en propiedad de inmuebles adquiridos por valor de 27 millones de euros (aunque su valor actual sea muy inferior), Plan Cabanyal-Canyamelar SA tiene sus oficinas del barrio en alquiler. Un arrendamiento por el que gastó  solo en 2012 un total de 32.495,86 euros.  El alquiler del inmueble desde 2005 difícilmente descendería de los 210.000 euros.

Si del mismo modo se extrapolaran los gastos de personal de los últimos dos años a todo el periodo transcurrido desde 2005, la mercantil no habría gastado menos de tres millones de euros. Solo en 2012, un año sin apenas actividad en Plan Cabanyal-Canyamelar SA, la empresa registró unos gastos de personal de 410.851,85 euros a repartir entre trece empleados, de los cuales solo director-gerente se llevó casi 60.000 euros. El año anterior, con casi 428.000 euros, el gasto en la plantilla fue mayor.

Con todos estos gastos acumulados, la suma del dinero invertido en el proyecto fallido de Rita Barberá, ascendería hasta la fecha a aproximadamente 40 millones de euros. "Con estos 40 millones y las ayudas que presta el Estado el barrio del Cabanyal podría estar ya totalmente rehabilitado, pero en esto, como en RTVV, los grandes eventos o tantas otras cosas, el Ayuntamiento y la Generalitat han tirado el dinero de los valencianos", apunta Joan Ribó, portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia.

Ribó, que no descarta que el gasto en el proyecto de Barberá haya sido mayor -"los obstáculos de la administración al acceso a esta información son enormes"-, considera que el plan de la alcaldesa ya se puede considerar frustrado, puesto que modificar el dictamen de expolio del Ministerio de Cultura, basado en informes independientes, sería "un acto de prevaricación". Por ese motivo, reclama a la alcaldesa un cambio de política inmediato sobre El Cabanyal y el inicio inmediato de su rehabilitación. Los vecinos, concluye, "no pueden seguir siendo rehenes de Barberá, por mucho dinero que se haya malgastado a tal fin".