Publicado: 28.07.2015 13:22 |Actualizado: 28.07.2015 19:03

Manuela Carmena blinda 2.086 viviendas sociales contra su
venta a fondos 'buitre'

La alcaldesa de la capital impide 70 procesos de ejecución hipotecaria ya en marcha y asegura que por su oficina antidesahucios ya han pasado otras 90 personas

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La alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, en la rueda de prensa que ha realizado este viernes tras reunirse en el Palacio de Cibeles con Pablo Iglesias. EFE

La alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, en la rueda de prensa que ha realizado este viernes tras reunirse en el Palacio de Cibeles con Pablo Iglesias. EFE

MADRID.-Manuela Carmena prometió centrar su acción de gobierno en la lucha contra los desahucios, y este martes aseguraba haber detenido 70 ejecuciones hipotecarias de beneficiarios de alquileres sociales.  “Hasta este momento había 70 procedimientos en marcha, pero hoy esas familias ya han recuperado sus viviendas. Ninguna persona se va a ver en la calle” , aseguraba.

Así se pronunciaba Carmena este martes, en una breve comparecencia posterior a la reunión con representantes de la plataforma Yo no me voy, cuando ha anunciado que en más de 220 familias beneficiarias de alquiler social no serán desahuciadas, a pesar de los intentos del Consistorio de Ana Botella a través del EMVS por lograrlo. 

"En dos años y ocho meses la anterior alcaldesa no fue capaz de recibirnos ni una sola vez", critica Romeral

Entre esos 220 se incluyen los 70 procesos paralizados, que ya estaban en marcha. Tal y como ha explicado el presidente de esta asociación, Alberto Romeral, en octubre de 2012 y a través de la Empresa Municipal de Vivienda y  Suelo (EMVS) el Ayuntamiento de Ana Botella inició los trámites para vender las viviendas en las que todavía hoy residen, y sólo las protestas de los vecinos de hasta 40 inmuebles lograron evitar que el Consistorio sellara la operación.

Además, según Carmena en la capital hay cerca de 2.086 contratos distribuidos por 21 distritos que se ven afectados por el Decreto 100/86 que regula este alquiler social, entre los que se incluyen esas 220 viviendas. Como explica Endika Zulueta, uno de los cinco abogados de Yo no me voy, estos contratos se renuevan cada dos años, siempre que los firmantes no posean otros inmuebles en la Comunidad de Madrid, y que no superen un determinado nivel de renta.

Los vecinos acusan a la anterior administración de intentar echarles "por la puerta de atrás" y mediante artimañas, y Carmena insiste en que los firmantes de esos 2086 contratos "no tienen que tener miedo por perder sus viviendas", y se compromete a mediar desde el Consistorio para estudiar cada uno de estos casos y blindarlos para impedir su venta a fondos buitre.

El Consistorio ha cambiado varios detalles de su versión de los hechos tras una comparecencia que ha dejado lugar a algunas dudas, y en torno a las siete de la tarde confirmaba a este diario su compromiso por mantener blindadas estas viviendas, y por trabajar para lograr un nuevo modelo de contrato que garantice la estabilidad de estos alquileres y la permanencia de los arrendatarios en estas viviendas. 

Hoy, tras años de procesos judiciales y de interposición de recursos, el Ayuntamiento de Ahora Madrid da por hecho que las familias que ocupen estas viviendas podrán permanecer en sus casas, y los integrantes de Yo no me voy agradecen el trato del nuevo Gobierno, que les concedió la primera reunión "a los 9 días" de tomar posesión, en contra de la línea adoptada por la anterior regidora. "En dos años y ocho meses la anterior alcaldesa no fue capaz de recibirnos ni una sola vez, y la EMVS algo parecido", criticaba Romeral, asegurando que con los anteriores gestores "no hubo más que acoso, malas palabras y malos modos". "Ha cambiado el partido que gobierna la ciudad, la EMVS ha cambiado de política". "Estamos en muy buen camino", apostillaba, deseando que "en la próxima rueda de prensa todos los contratos estén paralizados". 

Se da la circunstancia de que una de las empresas involucradas en este intento de compra fue Renta Corporación, de la que fue consejero delegado Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La empresa ofreció 12 millones de euros por cinco inmuebles, pero dio marcha atrás a la operación y apenas cuatro meses después se declaró en suspensión de pagos con una deuda de 185 millones de euros. 



90 personas atendidas por la oficina antidesahucios

El Ayuntamiento pretendía que fuera una de sus medidas estrella, pero el lanzamiento de la polémica web Versión Original hace casi dos semanas eclipsó la puesta en marcha de la oficina antidesahucios del Consistorio.

"El viernes habíamos conseguido que 90 personas hubieran acudido", asegura la alcaldesa, explicando que aunque la mayoría de los procesos acaban de ponerse en marcha hay afectados en muy distintas situaciones. "Ninguna de esas personas se van a ver en la calle", aseguraba Carmena, que llegó a su cargo con la promesa de luchar contra los desahucios y por el derecho a la vivienda marcadas en rojo en su programa electoral.

El Consistorio denuncia las cláusulas abusivas de las inmobiliarias

El Ayuntamiento ha examinado a doce empresas de intermediación inmobiliaria a través del Instituto Municipal de Consumo. En concreto, este organismo ha analizado varios documentos relacionados con la gestión de compraventas y de arrendamientos de viviendas además de las webs de las empresas investigadas, para concluir que en las condiciones generales de contratación estas incluyen cláusulas abusivas.

En una nota de prensa remitida este martes, entre otros abusos el Consistorio destaca que estos contratos "se realizan en función de los intereses del empresario", "que se limitan los derechos del consumidor y que el contrato adolece de falta de reciprocidad", aunque su examen también ha detectado otros incumplimientos normativos que "suponen la vulneración de los derechos de los usuarios en aspectos como la cesión de datos a terceros y el envío de comunicaciones comerciales".

No retirará el retrato del rey del Salón de Plenos

Manuela Carmena asegura que seguirán cambiando nombres de calles de Madrid en base a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pero el Consistorio que dirige no modificará otras denominaciones o símbolos en calles o instituciones madrileñas, porque "no es política del Ayuntamiento cambiar símbolos".

La alcaldesa de Madrid ha asegurado este martes que no retirará el retrato del rey Felipe VI del Salón de Plenos del Consistorio, en un momento en el que administraciones como la de Ada Colau en Barcelona han sido criticadas por retirar símbolos monárquicos.

La exmagistrada, poco dada a valorar asuntos de ámbito estatal, también se mostraba en contra de sancionar a quienes participaron en la polémica pitada en el partido de la Copa del Rey entre el F.C. Barcelona y el Athletic de Bilbao. "Confío poco en la sanciones", afirmaba la edil ante las preguntas de la prensa, criticando que los eventos deportivos "se tiñan de estructuras de politización", pero llamando a "conocer y entender lo que no gusta" a quienes protestan, a intentar recurrir a la mediación.