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Carmena se reúne con los presidentes de BBVA y Santander para hablar de desahucios

La nueva alcaldesa pretende "ir convenciendo" a la banca sobre el problema de la vivienda. Ha anunciado que está preparando un acuerdo con Bankia sobre alquiler social tras el encuentro de la semana pasada.

Carmena, durante una entrevista concedida en miércoles. EFE

AGENCIAS

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reunirá este viernes con los presidentes del BBVA y Banco Santander, Francisco González y Ana Patricia Botín, respectivamente, para tratar la situación de los desahucios, en la misma línea que ya lo hizo antes de su investidura con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Así lo ha adelantado en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha reconocido que espera "ir convenciendo" a los responsables de las entidades bancarias que se trata de "una responsabilidad contraída con la ciudadanía" el que ayuden al Ayuntamiento de Madrid a "solucionar el problema de la vivienda".

"Ellos (los bancos) han recibido muchísimo y también de nosotros", ha señalado Carmena, que entiende que, por ello, los bancos tienen que devolver algo "esencial", que es ayudar a los ayuntamientos a buscar una alternativa habitacional a las personas afectadas por los desahucios.

En este sentido, ha explicado que con Bankia están "empezando a preparar un acuerdo" para que el banco pueda ceder viviendas vacías y el Ayuntamiento de Madrid las pueda poner en alquiler social. Es un "esbozo", y tienen que concretarlo, ha explicado Carmena, que todavía desconoce qué viviendas son y cuáles son las condiciones de las mismas.

Carmena: "Los bancos han recibido muchísimo y ahora tienen que devolver algo esencial"

Carmena ha indicado que el Ayuntamiento de Madrid está "especialmente preocupado" con "conseguir acabar con los desalojos y los lanzamientos" y "esa imagen terrible de dejar personas en la calle". De ahí, la importancia de tener un "contacto muy estrecho" con los bancos. También creen en el consistorio que la vivienda es un "derecho social" y por eso, se le ha pasado del Área de Urbanismo al área de Derechos Sociales.

Sobre su relación con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carmena ha indicado que, precisamente, están trabajando para que no tengan que ser ellos los que frenen los desalojos. Ha explicado que han reanudado las conversaciones con ellos y que si había un "enfado", ya se les está "quitando y mejorando".

Así, ha agradecido su papel por haber sacado el problema de los desalojos "a la calle" y ha insistido en que si no ha habido contacto antes con ellos ha sido porque estaban "tan preocupados" de conseguir una alternativa, como la negociada con Bankia, que no han tenido tiempo.

También ha aclarado que cuando dice que hay que acabar con los desahucios no quiere decir que un propietario no pueda recuperar su vivienda si la persona que la está alquilando no paga, ya que la voluntad del Ayuntamiento es dar una alternativa habitacional a esa persona en el plazo de un mes, de manera que el propietario recupere su piso y el inquilino no se quede en la calle.

El problema de la vivienda en manos de fondos buitre

Sobre otro gran problema de la vivienda en Madrid, Carmena ha anunciado que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a 'fondos buite'.

En la entrevista concedida a la Ser ha señalado que esas ventas que salieron del "patrimonio del Ayuntamiento de Madrid" está "afectando muchísimo" a las personas que vivían en las casas afectadas y que ya estudian una solución al respecto.

En el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".

Hace dos años el fondo Magic Real Estate Blackstone se hizo con 1.860 pisos en alquiler repartidos en 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros. El PSOE ya llevó a los tribunales está operación por si pudiera suponer un delito de malversación de caudales públicos o de sustracción de bienes públicos de su utilidad social.

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