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No hay caso de corrupción sin amnistía fiscal

Desde el caso Lezo hasta la Gürtel, pasando por Nóos, Púnica, Emperador o Rato: las principales investigaciones por corrupción de nuestro país revelan que la mayoría de sus protagonistas se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el hemiciclo antes del inicio del debate en el pleno del Congreso de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017. | EFE

Los cabecillas y los principales actores de las mayores tramas de corrupción desveladas en los últimos meses tienen un elemento en común: la mayor parte de ellos se acogieron a la amnistía fiscal. Los datos de las investigaciones muestran que muchos de ellos trataron de regularizar su situación aprovechando el resquicio que les permitía el proceso aprobado por el ministro Cristóbal Montoro en 2012.

La regularización fue duramente criticada desde su aprobación, ya que contradecía la postura previa del PP, que, cuando fue propuesta por el ejecutivo de  Zapatero en 2010, se opuso categóricamente tildándola de "ocurrencia".  La izquierda ha expresado un férreo rechazo, subrayando que la amnistía de Montoro vulnera "el principio de igualdad, proporcionalidad y progresividad" y coloca a los defraudadores en "absoluto privilegio fiscal". El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Congreso, Pedro Saura, sostuvo en 2013 que la regularización fiscal había sido un "coladero, un traje a medida para defraudadores"

Como explica a Público el secretario técnico de REAF Luis del Amo, la polémica medida permitía “declarar elementos adquiridos con rentas no declaradas en los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010". Para animar a la regularización de estos patrimonios, con la que se pretendía recaudar 2.500 millones de euros para las arcas del Estado, se ofreció a los beneficiarios tributar únicamente el 10% de lo declarado, una rebaja considerable del tipo impositivo aplicable en estos casos.

"Un coladero, un traje a medida para defraudadores

A la legislación le “faltaba letra”, señala Luis del Amo. Debido a ello, lo que en un principio se interpretó como un gravamen de un 10% sobre el total regularizado se entendió más tarde como un 10% de lo ingresado en plazos no prescritos. Esto permitió regularizar activos muy antiguos tributando solamente por los intereses recabados en los últimos tres años.  Así, las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía abonaron a la Agencia Tributaria una media de un 3% del monto regularizado. Finalmente, Hacienda únicamente recuperó alrededor de 1.200 millones de euros de los 40.000 aflorados, menos de la mitad del objetivo perseguido.

Además, se permitió regularizar dinero en efectivo, lo que pudo contribuir a abrir la puerta al blanqueo de capitales

En el ámbito estrictamente tributario, la existencia de irregularidades "ya da un poco igual", puesto que los posibles delitos fiscales en el plazo que se permitió presentar la declaración tributaria extraordinaria (nombre que recibió la amnistía fiscal) "ya han prescrito", indica Luis del Amo.

Sin embargo, "el derecho de la Administración tributaria a comprobar e investigar no prescribe", apunta del Amo. En el ámbito penal, cuando el fraude excede los 600.000 euros o se ha realizado en el marco de una organización criminal no prescribe hasta después de 10 años. Por la vía penal se podría incluso "invalidar" la regularización de capitales en el caso de que se demuestren ilegalidades en el proceso.  

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción decidió en determinados casos valorar la regularización de rentas por medio de la amnistía como circunstancia atenuante, al considerar que se había producido "la reparación del daño ocasionado en relación con los delitos contra la Hacienda Pública". Esta interpretación ha recibido el sobrenombre de "doctrina Bárcenas", puesto que se empleó por primera vez en la acusación del juicio al extesorero del PP. 

Hasta la fecha, se han conocido una veintena de nombres de imputados por tramas de corrupción que se acogieron a la amnistía de Montoro, la mayoría en prisión preventiva o inmersos en procesos judiciales.

Caso Lezo

La Guardia Civil investiga la presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, con el desvío de fondos públicos procedentes de la adquisición empresas latinoamericanas pagando un precio superior al establecido por el mercado.

Edmundo Rodríguez Sobrino: Mano derecha del exconsejero de la Comunidad de Madrid Ignacio González y consejero de La Razón, regularizó en 2012, acogiéndose a la amnistía fiscal, una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, hasta entonces ocultos en un banco suizo. Rodríguez Sobrino permanece en prisión provisional sin fianza desde el pasado 21 de abril por su implicación en la trama Lezo.

Caso Púnica

Los implicados adjudicaron servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales –del 2-3% del volumen del contrato–, que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario

Imagen de archivo del imputado en el caso Púnica Francisco Granados. EP

Francisco Granados: Exconsejero de Justicia del PP de Madrid y otrora hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre en la comunidad, Francisco Granados, hoy en prisión provisional por su supuesta vinculación con la trama Púnica, regularizó entre finales de 2012 y principios de 2013 1,5 millones de euros.

David Marjaliza: Cerebro de la Púnica y exsocio de Granados, el promotor inmobiliario madrileño regularizó al menos 12 millones de euros en febrero de 2014 gracias a la alfombra roja extendida por el ministro de Hacienda en funciones.

Caso Villa

La Fiscalía Anticorrupción acusa al exsecretario general de SOMA de apropiación indebida por desviar fondos mineros del sindicato a su propio patrimonio.

José Ángel Fernández Villa: El histórico líder de la minería asturiana, exdirigente del SOMA-UGT, ingresó en 2012 1,4 millones de euros en metálico en un banco tras declararlos en Declaración Tributaria Especial para beneficiarse de la amnistía.

Caso Defex

Anticorrupción examina desde 2014 un posible desvío de fondos a empresas pantalla y paraísos fiscales en la gestión de la empresa pública Defex

José Ignacio Encinas Charro: El presidente de la empresa pública Defex entre 1991 y 2012 utilizó la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar cerca de 500.000 euros mientras era el máximo responsable de la corporación. El capital amnistiado fue aflorado a través de Karma Alquileres, sociedad patrimonial de la que Encinas ha sido socio hasta 2014, según El Confidencial.

Caso César

La trama del AVE a Murcia vincula a empresarios y a  funcionarios de ADIF, la empresa pública encargada del trazado, en el saqueo de 17,6 millones de euros públicos.

José Luis Martínez Pombo: El ingeniero de Adif y jefe de infraestructuras del trazado investigado se acogió a la amnistía fiscal para aflorar 2,1 millones de euros "de origen desconocido".

Caso Rato

La causa está centrada en la presunta evasión fiscal en sus negocios particulares del expolítico del PP y en supuestos sobornos que cobró como presidente de Bankia, investigada desde 2012

Rodrigo Rato: El exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) declarando unos fondos opacos de 115.333 euros, por los que pagó a Hacienda 11.533,35 euros, según La Vanguardia.

Caso Pujol

Se investiga a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos en la obtención de su fortuna.

Oleguer Pujol: El benjamín de la familia Pujol se acogió a la amnistía en noviembre de 2012, aflorando un total de 4,5 millones de euros en activos ocultos. 

Josep Pujol: El tercer hijo de los Pujol también se acogió a la "regularización de rentas y activos", declarando algo más de dos millones de euros.

Caso Emperador

Una operación policial investiga una red de fraude fiscal liderada por el ciudadano chino Gao Ping, por delitos de integración en banda criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias acompañada de su abogado a su salida de la Audiencia Nacional.

Antonio Banús Ferré: El sobrino del célebre constructor que da nombre al puerto de Marbella reconoció en el juicio por la Operación Emperador tener una cuenta en Suiza y haberse beneficiado de la amnistía fiscal.

Ignacio Miguel Bernar Elorza: El empresario español también presentó una declaración tributaria especial en 2012.

María Mercedes Gómez Arbex: La empresaria se acogió al indulto fiscal para regularizar fondos de su cuenta en el país helvética.

María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias: Prima lejana del rey emérito Juan Carlos, admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que su madre recibió dos entregas en metálico, una de ellas de 20.000 euros, de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping y que en diciembre de 2012 se acogió a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos en Suiza.

Caso Nóos

También llamado caso Urdangarín, se trata de una presunta trama de corrupción , urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres, que percibieron 6,1 millones de administraciones públicas, así como un plan posterior para defraudar a Hacienda

Diego Torres: El exsocio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Nóos, presentó una declaración tributaria especial por valor de 160.000 euros de su cuenta de Luxemburgo.

Caso caja B del PP

Se investiga una presunta financiación ilegal del Partido Populara través del pago de comisiones de grandes empresas constructoras.

Luis Bárcenas: El extesorero del Partido Popular regularizó con la amnistía Montoro 21,9 millones de euros en dos declaraciones especiales, en octubre y diciembre 2012, pagando un total de 1,4 millones a Hacienda. Bárcenas, que en ese momento ya estaba siendo investigado por posible implicación en el caso Gürtel, se benefició del indulto fiscal aflorando el dinero a nombre de una sociedad pantalla, la empresa uruguaya Tesedul.

Caso Gürtel

Los involucrados en la trama negociaron adjudicaciones de contratos públicos a determinadas empresas con altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid y Valencia, recibiendo comisiones que repartían con ellos

El ex consejero de la Comunidad de Madrid imputado en la causa Gürtel, Alberto López Viejo, a su llegada a la Audiencia en San Fernando de Henares. EFE/Mariscal

Alberto López Viejo: El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid regularizó en julio de 2012 450.000 euros de su cuenta en Suiza, abonando a Hacienda 4.722 euros.

Alfonso García Pozuelo: El expresidente de Hispánica Construcciones regularizó el dinero que mantenía en una cuenta de la banca Merrill Lynch, en Estados Unidos. Afloró un total de 531.239 euros, de los que pagó 53.123 euros.

Fernando Martín: El expresidente de Martinsa-Fadesa reconoció ante Hacienda tener 3.420 euros de dinero negro, los rendimientos de una cuenta radicada en Mónaco en la que atesoraba 57.000 euros. Sólo pagó 342 euros al acogerse al indulto fiscal.