MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha presentado esta tare en sede parlamentaria con un ambicioso programa para reformar “de forma urgente y en profundidad” la administración de Justicia en España haciendo un canto al “necesario consenso” para conseguirlo ante la nueva realidad política. “Lo que ofrezco es incrementar las horas de vuelo del consenso del que sabemos mucho en España”, ha afirmado a modo de declaración de principios.

“Quiero impulsar una reforma integral de la Justicia”, ha proclamado al poco de iniciar su intervención ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para desgranar las líneas generales de su departamento en el nuevo Gobierno de Rajoy. Para ello se ha manifestado favorable a crear una subcomisión parlamentaria, tal como ha solicitado el grupo parlamentario popular, para abordar “los retos de modernización de la Justicia”.

En primer lugar se ha pronunciado por promulgar una nueva ley de enjuiciamiento criminal – la actual data del siglo XIX y ha sido reformada en decenas de ocasiones –en la que “el ministerio fiscal sea el eje central de la instrucción protegido por un juez de garantías”. En su opinión, la figura de un juez instructor “es una anacronismo en Europa en estos momentos”, ha recalcado el ministerio.

Ese “nuevo rol” de los fiscales irá acompañado de un nuevo estatuto para el ministro público ya que el actual, según Catalá, “se encuentra ya superado”. El ministro también se ha pronunciado por dotar de nuevas funciones operativas a la policía judicial, así como reformar el proceso civil para “mejorar la ejecución de las sentencias”.

Catalá, que ha realizado una extensa intervención, se ha pronunciado por “desjudiacializar la política”. En su opinión, ha afirmado, “la política se hace en el parlamento; la justicia no es lugar para dirimir cuestiones ideológicas”, ha afirmado. Sin embargo, no se ha referido a ninguna circunstancia concreta; tampoco ha recordado el procesamiento, a instancias del ministerio fiscal, de varias personalidades ligadas al proceso soberanista en Catalunya y sobre los que él mismo se ha referido para criticar conductas protagonizadas por actores críticos con el Gobierno del PP.

Entre los múltiples compromisos que ha expuesto para llevarlos a la práctica he citado la revisión de las tasas judiciales – impuestas por su predecesor, Ruiz-Gallardón, y el aumento de la protección a los denunciantes de los casos de corrupción, circunstancia que ha reconocido que puede “mejorarse”.

El ministro ha hecho una descripción maximalista de sus objetivos para esta legislatura que ha concentrado en seis ámbitos, desde imprimir agilidad a toda la administración de Justicia y la tramitación de los procedimientos judiciales hasta una completa digitalización de los juzgados, pasando por aumentar la dotación de recursos, tanto personales como materiales; también se ha comprometido a que los ciudadanos “sean el objetivo prioritario de la administración de Justicia”.

En este capítulo se ha comprometido a aumentar la protección de los menores, a promover una ley orgánica del derecho a la defensa, revisar las tasas judiciales actuales para facilitar el acceso a la justicia y revisar profundamente los actuales códigos Civil y Mercantil, ambos del último tercio del siglo XIX para adecuarlos a la realidad social del siglo XXI.

Respecto al fortalecimiento de la independencia del sistema judicial español ha dicho que “contamos con uno de los sistemas más independientes del mundo, lo cual no significa que haya que mejorar la percepción social que existe actualmente. Estudiémoslo”, ha exclamado. Y en esa línea se ha manifestado favorable a revisar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder judicial, de los presidentes del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores “suprimiendo que las comunidades propongan candidatos a los TSJ”.

Y en materia de lucha contra la corrupción ha afirmado que “ningún país del mundo ha hecho en tan poco tiempo tanto contra la corrupción”, pero se ha pronunciado por limitar el aforamientos de los más de 2.000 cargos públicos que tienen ese estatus y erradicar definitivamente el indulto a los condenados por corrupción o violencia de género, entre otros delitos. “Propongo que la corrupción no se indulte jamás”, ha proclamado.

La mayoría de los grupos se han mostrado escépticos ante el amplio abanico de objetivos anunciados por el ministro. Y ha sido precisamente el “socio” de investidura de Rajoy, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, quien le ha recordado que fue el ministro quien proclamó que las elecciones limpiaban las responsabilidades políticas de la corrupción.
Por su parte, la portavoz de ERC, Ester Capella, le ha recordado que “venimos de dónde venimos” para exponer más que dudas razonables sobre sus objetivos. “veremos en qué queda todo”, ha dicho.

El representante de Podemos, Jaume Moya, le ha recordado al ministro sus declaraciones relativas a la dependencia jerárquica que tiene el ministerio fiscal del Gobierno. “¿Cómo se conjuga ese principio con su proyecto estrella de que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales?”, le ha preguntado. También le ha dicho que “en mi grupo tomamos nota de su compromiso de reformar la ley de Tasas que castigan a las pymes y ciudadanos con pocos recursos para acceder a la administración de Justicia”.

En nombre del grupo socialista su portavoz Juan Carlos Campo ha planteado no pocas dudas sobre la capacidad del compareciente para cumplir con los objetivos expuestos “a tenor de la gestión que ha llevado a cabo desde que llegó al departamento”. No obstante, se ha manifestado a favor de que sea el ministerio fiscal quien ejerza la instrucción penal, aunque para ello se requiere una reforma del estatuto del ministerio público. Y ha lanzado una reflexión: “Nadie ha puesto en duda la independencia de los jueces, en cambio sí se cuestiona al Consejo General del Poder Judicial. ¡Algo falla en nuestro esquema!”, ha exclamado.