Publicado: 22.12.2015 14:13 |Actualizado: 22.12.2015 14:19

Catalá ve inverosímil que la fiscalía filtrara la investigación contra la candidata de Podemos Victoria Rosell

El ministerio público abrió un expediente disciplinario a la jueza en excedencia en plena campaña electoral y sus pesquisas se filtraron a determinados medios.

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La cabeza de lista de Podemos por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell, prepara sus sobres con las papeletas en la mesa electoral donde hoy ejerció su derecho al voto. EFE/Elvira Urquijo A.

La cabeza de lista de Podemos por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell, prepara sus sobres con las papeletas en la mesa electoral donde hoy ejerció su derecho al voto. EFE/Elvira Urquijo A.

MADRID.- El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, cree "bastante inverosímil" la denuncia de Jueces para la Democracia (JpD), que ha acusado a fiscales de haber filtrado a la prensa una investigación sobre la juez en excedencia y diputada por Podemos Victoria Rosell.

La asociación progresista de jueces ha señalado este martes en un comunicado al fiscal jefe de Las Palmas de Gran Canaria, Guillermo García Panasco, y a la fiscal Evangelina Ríos como responsables de esa supuesta filtración.

Catalá no ha querido comentar la opinión de JpD, pero se ha dirigido a ésta para decirle que si considera que eso ha ocurrido, presente una querella porque estarían en su derecho a hacerlo.

De todos modos, le ha parecido "grave" que se acuse a miembros de la Fiscalía de ello y ha recordado que el deber de los fiscales es ser imparciales y defender la legalidad. La Fiscalía "trabaja para mantener la legalidad" y, por ello, a Catalá le parece "bastante inverosímil" que se haya producido resa filtración.

Victoria Rosell era candidata de Podemos (y ha salido elegida diputada) cuando se publicaron unas diligencias fiscales, abiertas contra ella por no haberse abstenido de un sumario en el que tenía intereses privados su marido.

La Fiscalía interrogó a varios testigos, mientras la información contraria a la candidata se filtraba a algunos medios de comunicación en plena campaña electoral.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias amparó a la candidata y, por la vía de urgencia, ordenó a la Fiscalía que suspendiera toda investigación contra Rosell mientras se sucedía la campaña electoral.

Medida cautelarísima en amparo de la candidata


La medida cautelarísima fue adoptada por el TSJ de Canarias para proteger los derechos fundamentales de la cabeza de lista por Las Palmas, en concreto su derecho a la participación pública y sufragio pasivo en condición de igualdad y su derecho a la defensa.

El TSJ de Canarias concluyó que las investigaciones abiertas por la Fiscalía no tenían caracter penal, sino que era un expediente administrativo.

Se da la circunstancia de que la Constitución otorga en exclusiva la instrucción de los expedientes y las sanciones contra los jueces al Consejo General del Poder Judicial.

El mismo día, y poco antes de conocerse la decisión del TSJ de Canarias, la Fiscalía decidió enviar el expediente al CGPJ por si existía una falta disciplinaria en la jueza.

La asociación progresista JpD, de la que Rosell fue portavoz, considera que las filtraciones dañaron los derechos de la juez y candidata de Podemos.

Es más, en un comunicado resalta que la investigación de la Fiscalía se llevó adelante a pesar de que no existe competencia del Ministerio Fiscal para tramitar dichas diligencias, pues la instrucción de estos procedimientos corresponde de manera exclusiva al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ (artículo 605 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

JpD señala a los fiscales


Además, JpD denuncia que no se ha permitido a la persona interesada el acceso a las actuaciones, con lo que se le ha imposibilitado el ejercicio de sus derechos.

Para esta asociación, la filtración "únicamente ha podido proceder de la propia Fiscalía Provincial de Las Palmas, al no existir partes personadas en las diligencias", destaca la asociación de jueces.

Por ello, JpD anuncia acciones legales y se ha dirigido a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para que abra una investigación interna de estas actuaciones que, en su opinión, vulneran "la imparcialidad en la actuación de la Fiscalía y también parecen mostrarse conexiones muy peligrosas con los intereses del poder político".

Una vez transcurrido el periodo electoral, JpD reclama de Madrigal que investigue lo ocurrido, ya que afecta "a la independencia judicial y a las garantías del procedimiento sancionador como elemento básico del estatuto profesional de quienes integran la judicatura".

"Lamentamos muy especialmente el uso partidista que se puede haber dado a una institución como la Fiscalía, con el consiguiente descrédito de nuestro Estado de Derecho", concluye el escrito enviado a Consuelo Madrigal.