Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la mañana a la concejala de la CUP en Reus (Tarragona) Mariona Quadrada, para quien el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad emitió el miércoles una orden de arresto tras no haberse presentado, por tercera vez, ante el juez que la investiga por un presunto delito de odio. Tras acogerse a su derecho a no declarar ante la magistrada, Quadrada ha quedado en libertad.

Los Mossos habían detenido a primera hora de la mañana de hoy a Quadrada, tras haberlo ordenado ayer la juez después de que la concejal de la CUP la plantara en las tres ocasiones en las que la había citado por un delito de incitación al odio a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazados a Catalunya para impedir el referéndum del 1-O.

Tras negarse a declarar ante la juez, la concejal anticapitalista ha comparecido ante los periodistas a las puertas del juzgado para asegurar que se siente con fuerza para trabajar para "romper el Régimen del 78" y para fomentar la implantación de la República de Catalunya.

"Ni me siento culpable ni me sentiré nunca", ha añadido Quadrada, que fue citada a declarar el pasado lunes a las doce del mediodía, pero no acudió por "no reconocer a la justicia española" y por "ser el momento de tener las cosas claras y hacer efectiva la República".

Después del operativo de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el referéndum del 1-O, los portavoces municipales del PDeCAT-CiU, CUP, ERC y Ara Reus firmaron un manifiesto que sostenía que la convivencia se alteró con la llegada a Reus de las autoridades y criticaba las cargas policiales en la jornada de votación.

En ese manifiesto, los firmantes pedían a los hoteleros de Reus que hiciesen lo que resultase "adecuado y necesario para que de manera inmediata abandonen el municipio"- en referencia a los antidisturbios- e invitaban a la gente a sumarse a las protestas.

La CUP cuenta con seis ediles en el consistorio de Reus y dos de ellos ya fueron detenidos también tras negarse a acudir ante el juez, aunque todos quedaron en libertad después de acogerse a su derecho a no declarar cuando comparecieron.

La instrucción judicial parte de una denuncia de un delito de incitación al odio formulada por el Cuerpo Nacional de Policía por las protestas ciudadanas llevadas a cabo frente al hotel Gaudí de Reus. 

Allí se alojaban alrededor de un centenar de agentes antidisturbios, que formaban parte del contingente policial desplazado a Catalunya para impedir el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.