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Catalunya Los jueces y fiscales contestan al Govern que son ellos quienes garantizan los derechos

Todas las asociaciones rechazan la creación por parte del Ejecutivo catalán de una comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales el 1-O  y destinada a investigar el trabajo del Poder Judicial. El presidente del CGPJ pide a la Abogacía del Estado que actúe.

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Puigdemont firma el documento de adhesión a la República catalana después de comparecer ante el pleno del Parlament para trasladar los resultados de la jornada del 1-O. | QUIQUE GARCÍA (EFE)

Unanimidad. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han rechazado la última creación del Govern de la Generalitat: una comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales y destinada a investigar el trabajo del Poder Judicial respecto a las cargas policiales del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el TC.

Esta comisión fue creada por un acuerdo del Ejecutivo catalán y está destinada a recabar las supuestas violaciones de derechos fundamentales el 1-O y a "velar porque el sistema judicial sea, en este caso, igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos, con la finalidad de garantizar que también haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales".

Los representantes de los jueces y fiscales de todo el espectro ideológico han suscrito un comunicado conjunto en el consideran innecesaria esta comisión y  recuerdan al Ejecutivo catalán que es el Poder Judicial el que garantiza los derechos fundamentales y las libertades públicas.

La creación de la Comisión fue conocida el día 10 de octubre, al ser publicado en el Diari Oficial de la Generalitat. Fue la misma jornada en la que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, declaró la independencia de Catalunya después del 1-O pero la dejó en suspenso para dialogar.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales refrendan en el comunicado su confianza en la Constitución. Y lo han hecho público desde "el interés de transmitir a los ciudadanos un necesario mensaje de sosiego".

"Dejamos constancia de nuestro rotundo rechazo a la constitución por el Govern de la Generalitat de Catalunya de una Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña", dice el comunicado.

"Se trata de un órgano innecesario porque en nuestro país los derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidos por la Constitución y la Ley y garantizados por los jueces y fiscales integrantes del Poder Judicial, en cuya función constitucional esa Comisión pretende nítidamente interferir", señalan.

"Quebrar la separación de poderes"

El comunicado continúa aclarando que "nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar nuestra independencia, ni devaluar nuestra apariencia de imparcialidad porque son garantías para todos los ciudadanos".

El texto prosigue dejando constancia de que "nuestro desempeño profesional parte de un firme compromiso constitucional para la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

"Jueces y fiscales intervenimos como garantes de la convivencia, para hacer posible el equilibrio armónico de todas las sensibilidades e intereses de cualquier naturaleza o clase sin hacer distinción entre ellos", añaden.

"Solo el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, porque son el fundamento que hace posible nuestra vida en sociedad, son y serán las únicas pautas que guiarán nuestro ejercicio profesional. Jueces y fiscales no distinguimos ni distinguiremos entre partes", concluyen.

Las asociaciones firmantes representan a la gran mayoría de los jueces y fiscales del país: Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Juezas y Jueces para la Democracia (JJD);la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV);; Foro Judicial Independiente (FJI); la Asociación de Fiscales (AF); la Unión Progresista de Fiscales (UPF); y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El CGPJ alerta: son "amenazas explícitas"

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado este viernes que ha pedido a la Abogacía del Estado que ejercite acciones legales contra esta Comisión especial creada por el Ejecutivo catalán.

"El Govern de la Generalitat de Catalunya no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales", destaca Lesmes en un comunicado.

El CGPJ es el órgano constitucional que tiene como principal misión proteger la independencia de los jueces ante las injerencias y presiones de todos los poderes, incluidos los políticos y económicos. Pero hasta este viernes no ha reaccionado, a pesar de que la comisión especial fue aprobada el mismo día de la reunión de su Comisión Permanente.

Carlos Lesmes, quien también preside el Supremo, ha dirigido una carta a la Abogacía del Estado en el que requiere las acciones legales "con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal".

A su juicio, el decreto supone "una flagrante, insólita e injustificable violación" de la independencia judicial.

Carlos Lesmes también anuncia que la Permanente del CGPJ adoptará otras medidas en defensa de la independencia de jueces y magistrados.

El escrito de Lesmes, quien por su condición también preside el Tribunal Supremo, recuerda que la Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales. "Pero no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales, la actuación que puedan desarrollar".

"Una vez más, se patentiza en la iniciativa normativa del Govern de la Generalitat el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo", concluye Lesmes.