Publicado: 07.07.2014 18:28 |Actualizado: 07.07.2014 18:28

CCOO convoca huelga el 8 de octubre contra el desmantelamiento de la Justicia

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El sindicato Comisiones Obreras de Justicia ha convocado este lunes una huelga para el 8 de octubre en el ámbito de la Administración de Justicia, en el que trabajan cerca de 45.000 personas. Al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para "formar un frente común de lucha contra la privatización del Registro Civil y el cierre masivo de las oficinas judiciales de la inmensa mayoría de los municipios españoles que impone la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial".

En un comunicado, CCOO anuncia que promoverá un gran acto de protesta unitario de colectivos jurídicos, ciudadanos y sindicatos para el día de la inauguración del Año Judicial por el rey Felipe VI, que suele celebrarse a mediados de septiembre.

El sindicato considera que la aprobación de la privatización de los registros civiles por el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio "ha sido un durísimo golpe a los derechos ciudadanos y a los del personal de la Administración de Justicia" Asimismo denuncia que los "datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, que habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes y posiblemente en el futuro por determinadas inscripciones y certificaciones, y se perderán cerca de 4.000 empleos públicos".

A juicio de este sindicato, la privatización del Registro Civil "infringe un nuevo ataque a la ciudadanía en materia de Justicia, en la escalada del Gobierno por eliminar derechos y servicios públicos". En su comunicado cita la Ley de Tasas Judiciales, que "constituyó una barrera infranqueable para millones de personas para obtener la tutela judicial efectiva por la que clama nuestra Constitución".

Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, recuerda también que están en trámite reformas como el proyecto de ley de justicia gratuita o el de la ley de jurisdicción voluntaria, "que van a condenar a esos mismos millones de personas a la imposibilidad de acudir a los tribunales a defender sus legítimos derechos".

Por su parte, Javier Hernández, responsable de Acción Sindical del Sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO, recuerda que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón mantiene el texto del anteproyecto de reforma de la LOPJ, que implica la supresión de todos los partidos judiciales, las audiencias provinciales y los juzgados y agrupaciones de juzgados de paz, "lo que supondrá una traba añadida para el acceso a la Justicia, al obligar a las y los ciudadanos a largos y costosos desplazamientos".

Además, destaca Hernández, la nueva LOPJ impone los planes de ordenación de recursos humanos, que serán "los instrumentos que sirvan al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias para suprimir miles de puestos de trabajo".

Para CCOO, el Gobierno no persigue modernizar o mejorar la Justicia, sino "recortar este servicio público" y "ejercer un control político del poder judicial, dictando normas contrarias a la garantía de su independencia", que siguen la estela de los recortes aplicados en otros servicios esenciales, como son la Sanidad y la Educación.

CCOO tratará de promover "un acuerdo con las demás organizaciones sindicales sin exclusiones, que apueste por la movilización más contundente, porque los innumerables daños que el Ministerio de Justicia va a producir con estas reformas no se detienen sólo con palabras".