La detención el pasado 19 de enero de diez paquistaníes integrados supuestamente en una célula lista para cometer atentados en los transporte públicos de Barcelona sigue provocando roces entre la Guardia Civil y sus colegas de la Policía.

Fuentes de esta última aseguran a Público que pese al tiempo transcurrido, tres semanas, nadie les ha solicitado la información que habían recabado sobre los presuntos terroristas detenidos, a los que había sometido a un seguimiento en los últimos meses que incluía pinchazos telefónicos y grabaciones con microcámaras situadas a la entrada de las viviendas que ocupaban.

Los roces no son nuevos. Ya cuando se produjeron las detenciones, la Policía hizo llegar al Ministerio del Interior su malestar, que terminó trascendiendo a los medios. Los agentes encargados de las pesquisas consideraron entonces que teniendo ellos una investigación en marcha, la Guardia Civil, que únicamente contaba con la información que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) les había transmitido horas antes de proceder a los arrestos, debería haberles cedido la operación.
“Sabían que estábamos sobre la pista de este grupo porque los datos de esta investigación estaban volcados en los ordenadores del CNCA”, aseguran fuentes policiales en referencia al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, un órgano creado esta legislatura e integrado por policías, guardias civiles y agentes del servicio secreto cuya misión principal es, precisamente, facilitar el intercambio de información para evitar disputas como la actual.

Operación “chapuza”

No obstante, estas fuentes reconocen que “no teníamos identificados a todos los islamistas que finalmente fueron detenidos, pero con los datos que habíamos recabado se podrían haber depurado las declaraciones del testigo protegido que precipitó la operación y que la han convertido en una chapuza”, aseguran.

Sin embargo, lo que más indigna a las fuentes consultadas es que, hasta la fecha, ni la Audiencia Nacional ni la Guardia Civil les han solicitado dato alguno sobre sus pesquisas. “Ni siquiera desde el Ministerio se nos ha ordenado de desmontar el dispositivo de vigilancia que teníamos dispuesto”.

Desde la Guardia Civil rechazan las acusaciones. Fuentes del Instituto armado insisten que ellos simplemente fueron el “brazo ejecutor” de una operación que gestionó el CNI, ya que el testigo llegó a ellos a través de los servicios secretos franceses. “Se nos avisó con poco tiempo. De hecho, mientras esperábamos las órdenes de detención del juez nos dijeron que si veíamos a alguno de los sospechoso tomar un autobús o el metro, lo arrestáramos. Había auténtico temor a que cometieran un atentado ese mismo día”, añaden.