Publicado: 19.10.2016 14:50 |Actualizado: 19.10.2016 14:52

Centenares de cargos públicos impulsan un “frente municipal” para eliminar la deuda ilegítima

La iniciativa promueve el 'Manifiesto de Oviedo' que exige un cambio radical en la financiación local y autonómica, y la derogación del artículo 135 de la Constitución, de la ley de Estabilidad Presupuestaria y de la llamada ley Montoro de reforma local

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El portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, y la portavoz de Administraciones Públicas de la formación, Auxiliadora Honorato, junto a cargos de grupos municipales de diversas ciudades, durante la presentación del denominado 'Manifiesto de Ovied

El portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, y la portavoz de Administraciones Públicas de la formación, Auxiliadora Honorato, junto a cargos de grupos municipales de diversas ciudades, durante la presentación del denominado 'Manifiesto de Oviedo' para pedir la derogación de la reforma local, en el Congreso. EFE/Zipi

MADRID.- “Que la deuda la paguen quienes la hayan generado, no quienes la soportamos”. Con esas palabras ha resumido Ana Taboada Coba, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Oviedo, el espíritu que rodea el Manifiesto de Oviedo, una declaración que exige una modificación radical del actual modelo de financiación de las administraciones locales y también el de las comunidades autónomas. Sus propuestas cuentan con el respaldo del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, cuyos diputados Alberto Garzón y Auxiliadora Honorato han presentado su contenido en el Congreso de los Diputados.

El propósito de esta iniciativa, según han explicado Ana Taboada y Carlos Sánchez Matos, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, persigue la eliminación de la deuda generada con decisiones y mecanismos que se consideran ilegítimos. “En cualquier caso, al margen y sin conocimiento de los ciudadanos”, apunta Yago Álvarez, un activista que la plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda que se dedica a escrutar los endeudamientos municipales para someterlos al criterio de los ciudadanos.



“Esta iniciativa es fundamental para nosotros porque los municipios, y también las comunidades, son las instancias que prestan los servicios sociales más cercanos a los ciudadanos. La ley de Estabilidad Presupuestaria empeoró el encorsetamiento que impuso la reforma del artículo 135 de la Constitución, a la que se ha sumado ahora la conocía como ley Montoro (de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local)”, ha dicho Garzón en la presentación del citado manifiesto.

Su colega en el grupo parlamentario Auxiliadora Honorato ha estimado que “debemos ser contundentes en la defensa del municipalismo y combatir la legislación que ahora su financiación, como la ley Montoro que obliga a la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos”. Esta diputada andaluza se ha pronunciado, como su colega, a favor de derogar el artículo 135 de la Carta Magna, la ley de Estabilidad Presupuestaria y la ley Montoro.

Tanto Taboada como Sánchez han expuesto ejemplos en sus respectivos municipios de lo que puede considerarse como deuda ilegítima, un concepto que denuncian pese a que en su generación se emplearan mecanismos legales. El caso de Villa Madalena, con un coste de 60 millones de euros (“la biblioteca más cara de España”, según Taboada) o la contratación de swaps (clausulas suelo para la duda) por 60 millones de euros por la anterior administración local madrileña (“su eliminación nos costaría 400 millones”, apunta Sánchez) son dos ejemplos.

A juicio de Yago Álvarez es imposible establecer un porcentaje de la deuda que se considera ilegítima que soportan los más de 8.000 municipios españoles “porque cada ayuntamiento tiene su peculiaridad. Ahora bien, un ejemplo bastante conocido: la construcción del túnel de la M-30 madrileña se presupuesto por algo más de 1.000 millones de euros y el coste final superó los 6.500 millones; hubo un sobrecoste de más de 4.000 millones. Eso debe ser sometido al criterio de los ciudadanos para establecer si ese endeudamiento es ilegítimo, aunque la contratación fura legal”.

El Manifiesto de Oviedo exige claramente “un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno central hacia ayuntamientos y comunidades”. También exige la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, de la ley de Estabilidad Presupuestaria y de la ley Montoro. Y además, “la devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados”, así como “el cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas”.

Según sus promotores, el Manifiesto de Oviedo, que cuenta con la firma de más de 600 cargos públicos municipales y autonómicos de todas las comunidades, pretende impulsar un “frente formado por los municipios, comunidades y nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su eliminación”. En paralelo promueven el inicio de un proceso de auditorías con participación ciudadana para reclamar su anulación.

Con ese propósito se ha convocado para los días 25 y 26 de noviembre un encuentro constituir un “frente municipal” en torno al manifiesto para trabajar por la derogación de las normas denunciadas y promover la eliminación de la deuda ilegítima. “Son dos jornadas, de trabajo, debate y propuestas, en las que han anunciado su participación centenares de municipios y cargos públicos para consolidar la idea de que otra gestión y otro endeudamiento sostenible son posibles”, concluye Ana Taboada.