MADRID.- El cerco a Rodrigo Rato se va cerrando. El exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia afronta una investigación sobre supuestas ‘mordidas’ que abarca ya siete delitos: cinco fiscales, blanqueo de capitales y, desde este jueves, corrupción entre particulares.

Su secretaria de toda la vida, Teresa Arellano Carpintero, y un nuevo testaferro de la empresa de Rato, comparecen este viernes ante el juez instructor 31 de Madrid para declarar sobre los negocios del exvicepresidente económico.

Arellano y el supuestos testaferro fueron detenidos el pasado miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y sus domicilios fueron registrados al día siguiente. Ambos han permanecido hasta este viernes en los calabozos de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), cuando a mediodía fueron trasladados a los juzgados de Madrid para ser puestos a disposición del magistrado Antonio Serrano-Artal. 

En el epicentro se encuentra la sociedad de Rato, Kradonara, con la que la Fiscalía considera que se habría cometido un supuesto delito de autoblanqueo de capitales de 6,5 millones de euros. El testaferro estaría relacionado, precisamente, con la empresa Kradonara y con la entidad Vivaway, que está situada en el paraíso fiscal de Guernsey, una isla del canal de la Mancha bajo bandera británica.

Tras las declaraciones de la secretaria y del supuesto testaferro, Rodrigo Rato fue citado el jueves por la tarde ante la Guardia Civil para que aclarara los detalles que la UCO investiga, entre ellos supuestas ‘mordidas’ en la adjudicación de dos contratos de publicidad de Bankia, cuando presidía dicha entidad financiera. En esta adjudicación existen unos ingresos de 850.000 euros que Rato no termina de aclarar y de los que otro supuesto testaferro, Alberto Portuondo, sostiene que responden a asesorías verbales de Rodrigo Rato.

El juzgado de instrucción 31 de Madrid, que actualmente es el competente en la investigación del ‘caso Rato’, embargó la semana pasada la pensión de Rato como exdirector gerente del FMI, así como bienes y patrimonio para hacer frente a una fianza de 18 millones de euros. Esta cuantía fue fijada por Serrano-Artal para que el exvicepresidente pudiera hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de esta causa.

La Fiscalía Anticorrupción defendió en un reciente auto que el ‘caso Rato’ sea investigado por la Audiencia Nacional ya que, además de los delitos ya conocidos, la empresa vinculada al exvicepresidente -Kradonara- tuvo unos ingresos de 6,5 millones de euros del año 2002 al 2014, cuya procedencia la Fiscalía considera necesario investigar por un supuesto autoblanqueo de capitales. Al mismo tiempo, esta misma empresa recibió transferencias de la sociedad Vivaway, la situada en el paraíso fiscal de la isla británica, por más de 3 millones de euros.

Por su parte, Vivaway recibió desde Panamá y Bahamas cerca de 3,4 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Rodrigo Rato tuvo unas entradas de divisas cercanas a los 2,8 millones de euros.