Publicado: 26.06.2014 08:17 |Actualizado: 26.06.2014 08:17

El CGPJ discute un informe que pide una revisión de aforamientos

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este jueves un Pleno extraordinario para discutir el informe que este órgano consultivo tiene que presentar respecto del Anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que incluye, entre otras sugerencias, la revisión del aforamiento para cargos en los que esta prerrogativa no está incluida en la Constitución y fuertes críticas a novedades como la instrucción colegiada o la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.

El informe respecto de la propuesta presentada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón —que reforma toda la estructura judicial actual, que será sustituida por tribunales de instancia provinciales— ha recabado de cara a su discusión de hoy dos enmiendas a la totalidad defendida por los seis vocales progresistas —que instan a que se pida al Gobierno la retirada del Anteproyecto— y los dos autonómicos, además de 74 enmiendas parciales presentadas por los diferentes vocales de este órgano.

Respecto al aforamiento, el texto que se discute hoy propone que los aforados pierdan esta protección jurídica cuando cesen del cargo y que esta se limite a los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Además, considera "necesario" el aforamiento para Juan Carlos y Sofía tras la abdicación al ser personas de la "máxima relevancia del Estado".

El órgano de gobierno de los jueces valora positivamente que se reconozca el aforamiento a la reina consorte o al consorte de la reina, al Príncipe heredero y su consorte. "Por circunstancias sobrevenidas a la elaboración de este anteproyecto, de conocimiento público, resulta necesario regular el estatuto jurídico del rey Juan Carlos I de Borbón y la reina Sofía, tras la abdicación del rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento", indica textualmente la propuesta.

"En Derecho comparado no existe el aforamiento o los aforados son muy pocos", añade el texto preliminar del Consejo, que reconoce que esta prerrogativa causa situaciones de difícil comprensión y puede afectar a la igualdad procesal al extenderse "más allá de los casos previstos en la Constitución, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal". Así las cosas, el CGPJ enfatiza el carácter funcional del aforamiento y propone vincularlo a "los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, cesando cuando cese aquel". "Debería suprimirse la extensión temporal que el Anteproyecto establece, manteniendo el privilegio del fuero tras hacer desparecido la condición o cesado en el cargo", precisa.

El CGPJ, al igual que hiciera el Consejo Fiscal, cree que los tribunales colegiados para investigar macrocasos constituyen un "sistema disfuncional para una adecuada y ágil instrucción penal". "El sistema colegial por su propia naturaleza es, en principio, más lento, por lo que no parece que sea idóneo para lograr una instrucción más rápida", añade el texto. El texto sometido a debate insta a reconsiderar, por sus "serios inconvenientes" y chocar con la libertad de expresión, la propuesta de que el CGPJ ordene a quien perturbe a los jueces cesar en su conducta ya que, de no hacerlo, constituiría un delito contra la Administración de Justicia.

Además, cree que el hecho de que un juez unipersonal que sienta afectada su independencia solicite el apoyo de otros dos magistrados puede "afectar, e incluso vulnerar, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley". El CGPJ aconseja "una regulación en términos positivos y no en términos de prohibición" para que los jueces no emitan valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre procesos abiertos, una propuesta que considera "justificada y proporcional". Eso sí, sugiere no situar al mismo nivel a las asociaciones judiciales.

A su juicio, el anteproyecto debe recoger explícitamente los bienes constitucionales que justifican restringir el derecho de expresión e información de los jueces, especificando que la limitación "es admisible cuando la valoración pueda provocar una perturbación en el juez al que corresponde el conocimiento del asunto de actualidad".

Asimismo, califica de "idónea y adecuada" la creación de tribunales de instancia, aunque apuesta por permitir sedes desplazadas en ciudades distintas de las capitales de provincia. El Consejo destaca las "relevantes funciones y el arraigo" de las juntas de jueces y de los jueces decanos y emplaza al Ministerio a "reconsiderar la opción de no conservar ningún órgano de gobierno unipersonal electivo". En relación con la justicia universal, el Consejo recuerda que no existe una norma internacional que obligue a los Estados a incorporar este principio y añade que se trata de una decisión de política criminal la decisión sobre su alcance.

Por otra parte, el CGPJ pide hacer varias consideraciones sobre la previsión de que determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo sea vinculante: "si es necesario recurrir al entrecomillado del contenido vinculante o basta con afirmar ese carácter y permitir que los jueces deduzcan los contenidos decisorios en que se basa la sentencia". Tilda además de "harto discutible" que la Administración y otros poderes públicos puedan rechazar motivadamente aplicar esta doctrina ya que está sometida a la ley y al control jurisdiccional.

Por lo que se refiere a las enmiendas, un total seis vocales progresistas del Consejo han presentado un escrito solicitando que este órgano consultivo inste al Gobierno a retirar el Anteproyecto de nueva LOPJ por considerar que la nueva regulación "choca frontalmente" con los mandatos de la Constitución como la independencia y la inamovilidad de los jueces y su sumisión únicamente al imperio de la Ley. A esta se añade otra enmienda a la totalidad suscrita por los vocales Enrique Lucas (designado a propuesta del PNV) y Mercè Pigem (a propuesta de CiU)

Las alegaciones más contundentes se contienen en el escrito que seis vocales del denominado sector progresista del CGPJ han presentado dentro del plazo de alegaciones al informe que el órgano de gobierno de los jueces tiene previsto discutir el próximo jueves sobre el Anteproyecto, está firmado por los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo Muelas, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Otros dos vocales designados a propuesta del PSOE, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas han presentado sus alegaciones de forma diferenciada del anterior grupo. Presentan un total de 6 alegaciones conjuntas de carácter parcial.

El resto de alegaciones parciales han sido suscritas por Ángeles Carmona (4), Concepción Sáez (6), Fernando Grande-Marlaska (3), Juan Martínez Moya (15), Juan Manuel Fernández (2), Mercè Pigem y Enrique Lucas (10, conjuntas), Nuria Díaz (6) y Wenceslao Olea (22).

Por lo que se refiere al texto de los progresistas, defienden que la nueva LOPJ propone un cambio radical de la organización judicial de "dudosa operatividad".

"Todo ello, y teniendo en cuenta que suprime los juzgados de paz sin introducir un sistema alternativo de justicia de proximidad, permite augurar que esta nueva norma va a derivar en un acceso más difícil a la justicia para los ciudadanos que no vivan en las capitales de las provincias, un mayor coste para las partes, denunciantes, testigos y víctimas y una evidente desprotección de los colectivos más vulnerables", advierten los vocales progresistas.