Publicado: 13.06.2014 13:50 |Actualizado: 13.06.2014 13:50

Un CGPJ dividido emite su informe sobre el aborto que pide despenalizarlo por malformación

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Partido en dos, aunque de buenas formas, los vocales han aprobado hoy el informe de este órgano constitucional sobre la reforma del aborto que pretende el Gobierno. Había dos informes sobre la mesa, ya que las dos ponentes no se habían puesto de acuerdo para un texto conjunto lo que provocó tres aplazamientos del pleno hasta la sesión de hoy.Ha salido elegido el documento de la vocal conservadora Carmen Llombart, frente al elaborado por la progresista Pilar Sepúlveda.

El texto mayoritario ha obtenido diez votos a favor, incluido el del presidente, Carlos Lesmes. En contra han votado ocho vocales progresistas. Ha habido tres abstenciones, las de Fernando Grande-Marlaska, Mercé Pigem y Enrique Lucas. Estos dos últimos presentaban un documento alternativo al de tendencia progresista.

El informe de Llombart contiene algunas críticas a la propia reforma del Gobierno del PP. En concreto, pide la despenalización de la interrupción del embarazo en los casos de malformación del feto y no vinculados a la salud de la progenitora como establece el anteproyecto. También crítica que la reforma gubernamental no incluya una política de protección y cobertura social para proteger la maternidad, potenciar la natalidad y reducir potenciales abortos.

El documento de la progresista Sepúlveda pedía la retirada del anteproyecto, porque colisiona con la doctrina de Estrasburgo y pretende imponer "un modelo moral a costa de los derechos ajenos". Modelo que criminaliza a la mujer y anula el control de su vida reproductiva, impidiendo las posibilidades de participar en la sociedad al mismo nivel que el varón.a un nivel igual que los hombres". El documento progresista coincidía con el conservador en recomendar la despenalización del aborto eugenésico y desligarlo del daño psicológico a la madre, así como en simplificar los trámites que la gestante debe completar para interrumpir su embarazo legalmente.

El Gobierno pretende anular la ley de plazos aprobada en el año 2010 por el Ejecutivo socialista y sólo permite el aborto cuando exista un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, o en los casos de violación. Entonces, el CGPJ no pudo emitir un informe porque necesitaba una mayoría de 11 votos. Pero ahora, en 2014, el Gobierno había modificado previamente la ley Orgánica del Poder Judicial para que salga adelante el informe más votado.

El documento del CGPJ es preceptivo, pero no es vinculante para el Gobierno. Y sus críticas se unen al emitido este jueves por el Consejo Fiscal, que no considera oportuna la reforma a la espera del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a la modificación de 2010.Toda modificación legal que afecte a la Justicia precisa del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, así como del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Posteriormente, el Ejecutivo los analiza y elabora el proyecto de ley definitivo que remite a las Cortes. Además, estos informes sirven también para que los grupos parlamentarios elaboren sus criterios de cara a estas reformas.