Publicado: 30.05.2014 07:00 |Actualizado: 30.05.2014 07:00

Cien fiscales trabajan en España para valorar los delitos en las redes sociales

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Un centenar de fiscales trabaja en España contra los delitos de injurias y calumnias, amenazas y enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Son un grupo de trabajo numeroso y, aunque actúan de forma telemática y repartidos por todo el país, "el legislador no avanza a la misma velocidad que lo hacen las nuevas tecnologías", según reconoce la fiscal de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada. Asegura que el volumen de mensajes a analizar es muy cuantioso y cada vez mayor ya que, tras el levantamiento de atestados por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, se juzgan cada uno de los tuits y comentarios teniendo en cuenta el carácter del perfil desde el que son emitidos.

"Del conjunto hacemos una selección", que sigue siendo amplia, "pero para eso hay fiscales en toda España", asevera Tejada. La red, que también trata temas relacionados con Internet y los crímenes de odio, se encuentra ahora en el proceso de unificar criterios para que "lo que se diga en Canarias sea lo mismo que se dice en Galicia". Esta homogeneización en torno a Twitter y Facebook, las dos redes más controvertidas, es algo "nuevo para todos" y no existen modelos que se puedan adaptar de otros países.

Sí cuentan con un marco general y europeo a la hora de actuar de forma coordinada contra los delitos informáticos. Un protocolo publicado en 2003, en la convención de Budapest y dentro de un convenio del consejo de Europa, establece los mecanismos para la persecución e investigación de los actos de xenofobia cometidos a través de la red, un documento que fue ratificado por España una década después, en noviembre de 2013. Además de que este es un protocolo general, esta red de fiscales cuenta con un problema a la hora de determinar quiénes son los autores de los mensajes susceptibles de delito, un escollo relacionado con los medios y las técnicas de investigación con los que cuentan estos profesionales en la actualidad. Por esta razón, Tejada asegura se están formando y especializando para dar respuesta a nuevos escenarios en internet donde el delito más común es el que va contra el honor y la intimidad.

"Estamos ante un fenómeno que nos exige una suma de esfuerzos para encontrar la solución, aunque lo que está claro es que los mismos límites penales tiene la libertad de expresión dentro y fuera de la red", asegura. Considera que no es necesaria una ampliación del código penal ya que lo que se puede tipificar o no como delito "viene marcado por la definición de los tipos penales que ha hecho el legislador en cada momento", es decir, que lo que es delito lo es dentro y fuera de internet. "Y otra cosa será que se pueda pedir la retirada de ciertos contenidos", añade.

Precisamente, en el caso de aquellos mensajes que atentan contra el honor, se contempla como agravante los supuestos de publicidad, pero pensada en la que se lleva a cabo, por ejemplo, a través de un periódico. Por eso, la fiscal añade que quizá habría que plantear qué pasa cuando esto mismo ocurre en las redes sociales, porque el efecto de ese contenido se magnifica. En todo caso asegura que eso "es tarea del legislador". Alerta, además, de que hay que cuidar la libertad de expresión porque las redes también han jugado a favor de los derechos de las personas y han ayudado a que se cree una opinión pública libre que acoge el derecho a la crítica y a contradecir otras opiniones, incluso, si son reprobables moralmente u ofensivas.

En su tarea de estudiar una gran cantidad de mensajes que circulan en internet advierte un elemento en común, los comentarios se realizan, en muchas ocasiones, de forma irreflexiva. "Las personas que hacen esos comentarios horrorosos no serían capaces de verbalizarlos si estuvieran delante de personas físicas y menos aún si fueran aquellos a los que van dirigidos", explica. Esto, unido a la falsa sensación de anonimato, la utilización de falsas identidades y la conectividad que permite comunicarse desde un teléfono a millones de personas son los factores que según Tejada hacen que cualquier manifestación trascienda extraordinariamente en la red.

En este sentido, la fiscal, encargada de examinar los comentarios en las redes sociales a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asegura que muchos de los mensajes que se vertieron "podrían ser injuriosos" aunque no hay acción posible porque "la única que podría ejercitar una querella por injurias sería ella misma". Sus familiares tendrían la posibilidad de actuar por vía civil, pero nunca penal "y siempre en los supuestos marcados por el código penal", una norma "más que suficiente" para regular el discurso del odio en Internet.


http://www.quoners.es/debate/quien-deberia-marcar-las-prioridades-a-los-fiscales