Publicado: 01.10.2015 23:28 |Actualizado: 09.10.2015 13:33

Cifuentes hereda contratos de obras públicas adjudicados a empresas relacionadas con casos de corrupción

El Ejecutivo de Ignacio González concedió al final de la legislatura varias reformas en colegios públicos a compañías vinculadas a la Operación Pokémon y al caso Bedoya.

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Cristina Cifuentes habla con el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Ignacio González, tras presentar su programa de gobierno en la primera jornada del pleno de investidura. EFE/Paco Campos

Cristina Cifuentes habla con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tras presentar su programa de gobierno en la primera jornada del pleno de investidura./ EFE

MADRID.- "Corrupción y política no pueden ir de la mano". Con esta frase dio por inaugurado hace tres meses Cristina Cifuentes "el tiempo nuevo" que, según ella, había llegado a la Comunidad de Madrid con el pacto PP-Ciudadanos. Lo dijo en su discurso de investidura, el pasado 26 de junio, pero siete días después, el 3 de julio, el Boletín Oficial de la Comunidad de Marid (BOCM) publicaba la adjudicación de un contrato, por parte de la Consejería de Educación, a una empresa involucrada en una de las ramificaciones del caso Pokémon



Días antes de ese discurso de investidura, y precisamente para facilitar el pacto del PP con Ciudadanos, dos consejeros del Gobierno de la Comunidad, Lucía Figar y Salvador Victoria, dimitieron tras ser imputados por pagos fraudulentos en el marco de la Operación Púnica. Sin embargo, el Gobierno de Ignacio González dejó en herencia tres adjudicaciones de contratos a empresas cuyos administradores estuvieron vinculados a casos de corrupción.

La Consejería de Educación adjudicó el pasado 6 de mayo un contrato por valor de 509.204,93 euros para las obras de construcción del comedor en el colegio Diego Muñoz Torrero de Valdemoro a la empresa Unika, Proyectos y Obras, Sociedad Anónima Unipersonal. Según los pinchazos de la Operación Pokémon, esta compañía dio trabajo a Ángel Luis Espadas, alias Puñales y mano derecha del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa. Imputado por cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, Puñales abrió los despachos de varios cargos públicos del PP a empresarios que buscaban ayuda en concursos públicos. Espadas llegó a cobrar 3.000 euros al mes de Unika —aliada con la vasca Inbisa— y de otra empresa llamada Aquagest, según publicó El País.

Quien firma la adjudicación es Gonzalo Aguado Aguirre, ex alcalde del PP de Pozuelo de Alarcón imputado por una adjudicación bajo sospecha en 2010. Un años después, aún imputado, Esperanza Aguirre lo nombró director general de infrastructuras y servicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Meses después, el caso fue archivado

El Gobierno de Cifuentes también benefició a Obras Pavimentos e Instalaciones Industriales, SL, que recibió 387.840,99 euros para construir "tres unidades de Educación Primaria en el colegio Los Santos de Los Santos de la Humosa" y 455.001,47 euros para la construcción del comedor del colegio público Emperador Carlos V de Getafe. El administrador único de esta sociedad desde 2005 es Marcos Rodríguez Ogando, uno de los imputados en el caso Bedoya, que investiga las irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública mediante un procedimiento presuntamente negociado y sin publicidad. 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid explica a Público que "ninguna de estas empresas tenía prohibición alguna para contratar con la Administración" y que "todas las adjudicaciones [correspondientes a la pasada legislatura] han sido fiscalizadas por la Intervención General de la Comunidad de Madrid".​

En este escenario, la Comunidad de Madrid "no puede rescindir el contrato a una empresa que ha logrado una adjudicación o vetarla en una licitación" si no ha habido incumplimiento de contrato o si no está declarada en situación de prohibición para contratar con la Administración por no cumplir los requisitos necesarios. Si lo hiciera, insisten desde la consejería, "el Gobierno estaría cometiendo un delito de prevaricación".

Derecho de rectificación

La empresa UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U. ejerciendo su derecho de rectificación reconocido en la Ley Orgánica 2/1984 solicita que se publique que ni la sociedad UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U. ni su administrador tienen vínculo alguno con la trama de corrupción investigada en el sumario de la Operación Pokemon y que Don Anquel Luis Espadas jamás ha trabajado para la sociedad UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U.


Don Ángel Luis Espadas Díez, ejerciendo su derecho de rectificación reconocido en la Ley Orgánica 2/1984, solicita que se publique que la compañía UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U. nunca dio trabajo a D. Ángel Luis Espadas, que es totalmente incierto que el Sr. Espadas abriera los despachos de varios cargos públicos del PP a empresarios que buscaba ayuda en concursos públicos, y que el Sr. Espadas nunca cobró ni 3.000,00 € al mes ni ninguna otra cantidad, por ningún concepto, de la entidad Unika ni de la entidad Aquagest.