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Madrid Cifuentes retira su anteproyecto de 'ley mordaza' a la espera de un consenso

El Ejecutivo regional madrileño espera llegar a un acuerdo con el PSOE. El anteproyecto, que preveía multas de hasta 45.000 euros a quien insultara en las redes sociales, fue muy criticado por asociaciones civiles y periodísticas 

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el estand madrileño de FITUR. EFE/Victor Lerena

La Comunidad de Madrid ha retirado su anteproyecto de ley de igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio, conocida la ley mordaza de Cifuentes en aras a llegar a algún acuerdo con el resto de grupos en torno a un texto consensuado.

Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que retiran el anteproyecto de ley porque en la Asamblea de Madrid hay dos proyectos sobre el mismo asunto (hay otro parecido del PSOE) que se están debatiendo al mismo tiempo. El portavoz del Gobierno madrileño ha explicado que intentarán llegar a un acuerdo con el resto de grupos ya que la tramitación simultánea de ambos proyectos "no tiene demasiado sentido".

Críticas de la sociedad civil

El anteproyecto fue muy criticado por asociaciones civiles y periodísticas, como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) porque preveía multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales que la Administración regional llegue a considerar que son insultos. La calificaron de "Ley Mordaza de Cifuentes" y "aberración jurídica, de difícil encaje en nuestro ordenamiento legal".

La PDLI consideraba "gravísimo" que un Gobierno "traslade al ámbito administrativo lo que es materia de derecho penal", según señala su director legal, Carlos Sánchez Almeida. Y añade "los problemas que pretende sancionar Cifuentes por vía administrativa están ya regulados en el artículo 510 del Código Penal".

La plataforma aseguraba el proyecto "una amenaza para la libertad de expresión, cuyo único límite debería ser la comisión de un delito y previa resolución judicial, nunca administrativa". Y denunciaba que un Gobierno regional pretendiera "limitar un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, con una ley regional y no estatal, y sin las garantías de una Ley Orgánica".