BARCELONA.- La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto las primeras sanciones a dos empresas inmobiliarias que desahuciaron a familias vulnerables sin ofrecerles previamente la opción de alquiler social, lo que incumple la Ley 24/2015 de la vivienda y la pobreza energética aprobada por el Parlament de Catalunya por unanimidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, el consistorio se ha hecho cargo de la reubicación de las familias y ha iniciado expedientes sancionadores contra los infractores, que pueden llegar a multas de hasta 90.000 euros. El Ayuntamiento ha impuesto las dos primeras multas

La primera multa ha sido impuesta a Intacsa Integral Actividades demandó el impago del alquiler sin haber ofrecido la opción de un alquiler social a la persona afectada, que se encontraba en riesgo de exclusión residencial. A pesar de que la Concejalía de Vivienda requirió a Intacsa ofrecer una alternativa al inquilino, la sociedad inmobiliaria continuó el procedimiento para desahuciarlo.

La inmobiliaria Fincas Flash tampoco ofreció la opción de alquiler social como alternativa al desahucio cuando éste dejó de pagar las cuotas del alquiler del su domicilio. Fincas Flash también fue advertida por la Concejalía de Vivienda de posibles sanciones, dado que la persona se encontraba en peligro de exclusión residencial, pero igualmente, pero la sociedad continuó con el procedimiento. Tras producirse el lanzamiento, la familia afectada fue reubicada a través de la Mesa de Emergencias Sociales.

La Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucero) ha localizado un caso grave de infravivienda situado en el barrio de Vilapiscina y Torre Llobeta, lo que puede conllevar una multa de hasta 900.000 euros.

Se calcula que en estos espacios hay un total de unos 10 ocupantes, que pagarían alquileres de entre 400 y 500 € mensuales por viviendas de 15 metros cuadrados en los que estaban hacinadas todas las partes de la casa: desde el cuarto de aseo y la ducha hasta la cocina. La empresa ubicó las infraviviendas en patios interiores o en azoteas mediante muros simples de ladrillo y techos planos. 

El ayuntamiento ha iniciado un expediente para declarar la situación de infravivienda y prohibir este uso en la finca.