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Colau investiga contratos irregulares en informática por 1,4 millones

La investigación analizará los procedimientos empleados por el IMI para llevar a cabo su gestión económica financiera durante los ejercicios de los dos últimos años.

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Ada Colau ha firmado un decreto donde encarga a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento analizar los procedimientos empleados por este organismo.- EFE

Ada Colau ha firmado un decreto donde encarga a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento analizar los procedimientos empleados por este organismo.- EFE

BARCELONA.- El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una investigación para revisar la gestión del Instituto Municipal de Informática (IMI) en los años 2014 y 2015, tras conocer que hay facturas pendientes de pago por valor de 1,4 millones de euros por importes no reconocidos en el ejercicio que les correspondían y contrataciones de personal externo presuntamente irregulares.

Según ha informado este lunes el ayuntamiento en un comunicado, la investigación analizará los procedimientos empleados por el IMI para llevar a cabo su gestión económica financiera durante los ejercicios de los dos últimos años.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha firmado un decreto donde encarga a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento analizar los procedimientos empleados por este organismo municipal para llevar a cabo su gestión económica financiera durante los ejercicios de los dos últimos años.

El consistorio ha abierto un expediente "para determinar y exigir, en su caso, responsabilidades de todo orden que puedan derivarse de la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria y sin utilización de los procedimientos establecidos legalmente".

El expediente analizará "el cumplimiento de la legalidad en la contratación de personal y de servicios según la ley de Contratos del Sector Público, así como con respecto al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común", ha informado el consistorio.

Esta voluntad de revisión arranca a partir de un informe de los servicios técnicos del IMI que constató la existencia de una serie de facturas pendientes de pago emitidas por diferentes proveedores al instituto por valor de 1,4 millones de euros, por importes no reconocidos en el ejercicio que les correspondían.

Una primera auditoría realizada por los servicios municipales apunta "una alta proporción de contratación directa y negociada sin publicidad, sin considerar la oferta del mercado y con riesgo de fraccionamiento contractual, al tiempo que marca también posibles irregularidades en la contratación de personal externo".