La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales, pidió hoy la derogación de la llamada ley Stop Soros, aprobada esta semana por el Parlamento húngaro, que criminaliza a personas o grupos que ayuden a inmigrantes ilegales.

La opinión, adoptada en la ciudad que da nombre a este organismo europeo, establece que la disposición fundamental aprobada en el Día Mundial del Refugiado "perjudica seriamente el legítimo trabajo de las ONG".

Aunque varios países criminalizan la ayuda a cambio de dinero para la entrada, estancia o tránsito de inmigrantes ilegales, la Comisión de Venecia aclara que un delito penal "no es necesariamente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos".

Y añade que en esos países se contemplan excepciones para la ayuda humanitaria, algo de lo que carece la nueva ley húngara.

La nueva ley "va mucho más allá" de lo que permite el artículo 11 (Derecho de asamblea) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por "penalizar injustamente" actividades no relacionadas directamente con el lucro de la inmigración ilegal.

La Comisión pone algunos ejemplos de la disposición, como "preparar o distribuir materiales informativos" o "iniciar las demandas de asilo para los inmigrantes".

La ley incluye sanciones "desproporcionadas", según la opinión, como la condena a un año de prisión o que la implicación de un miembro de una ONG en las actividades criminalizadas pueda suponer la disolución de la organización.

Según la Comisión de Venecia, criminalizar estas actividades supone una "injerencia ilegítima" para la libertad de expresión que garantiza el citado convenio.

Y recuerda que el paquete legislativo Stop Soros (Parad a Soros), en alusión al magnate estadounidense de origen húngaro George Soros -opositor a las políticas de Budapest-, incluía una consulta pública, antes de su aprobación parlamentaria, algo que no se ha realizado.

La opinión de la Comisión de Venecia fue solicitada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y ha sido elaborada junto a expertos jurídicos de la OSCE.

La Comisión de Venecia lamenta que el Parlamento húngaro haya aprobado la ley dos días antes de hacerse pública la opinión, a pesar de la solicitud realizada para posponer la votación hasta que se publicara la opinión.