El impacto del coronavirus en las residencias de ancianos ha sido devastador. Desde que comenzó la pandemia, las 710 residencias madrileñas suman 5.987 fallecidos con coronavirus o sintomatología. Del total, 1.253 muertes corresponden a casos confirmados mediante test y 4.734 a casos con síntomas compatibles, según los datos oficiales remitidos. Esto supone el 18,1% del total. Es decir, casi una de cada cinco personas que vivía en una residencia ha fallecido durante los peores meses de la pandemia en Madrid.

Los primeros datos que se conocieron sobre la expansión del virus fueron los facilitados por la Consejería de Políticas Sociales a los grupos parlamentarios durante el pico de la pandemia el 25 de marzo, que revelaban que durante los primeros quince días de la crisis sanitaria murieron 1.130 personas en centros sociales, 1.101 de geriátricos. Según publicó InfoLibre, únicamente el 13% de ellos recibió asistencia sanitaria.

La falta de respuesta de la Comunidad de Madrid ante la desatención médica y la ausencia de espacios medicalizados para atender a los enfermos ha provocado un terremoto en el gobierno regional. De todas las comunidades, Madrid es la que acumula más diligencias civiles por esta cuestión (150, a 29 de junio). A ello se le suma una querella presentada por un grupo de familiares en un juzgado de Madrid, que ya ha sido elevada al Tribunal Supremo al estar denunciada la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Durante los momentos más duros de la pandemia por el coronavirus, entre mediados de marzo y mediados de abril, la Comunidad de Madrid gobernada por PP y Cs marcó unas directrices claras para excluir a las personas mayores que estaban viviendo tanto en residencias como en sus propios domicilios de cualquier atención hospitalaria. En dichos protocolos se recomendó a los médicos de Atención Primaria evitar el traslado a los hospitales a pacientes con síntomas del covid-19 mayores de 80 años y con patologías graves.

Sin embargo, sí otorgó un trato diferente a los mayores que contaban con un seguro privado, según publicó El País. Los pacientes de la privada no obtuvieron ningún problema para ser trasladados desde los centros donde residían hasta sus hospitales de referencia. Ayuso lo desmintió y aseguró que las órdenes de exclusión de los ancianos de residencias para ser ingresados en hospitales eran "borradores" y que nunca llegaron a los centros. Sin embargo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció al cabo de unos días ante la oposición que los protocolos de exclusión llegaron a las residencias y los hospitales aunque se trató de un  "error".

Reyero y Escudero,  en medio de una guerra sin tregua

El consejero de Políticas Sociales, encargado de la gestión de las residencias, Alberto Reyero (Cs), pidió el 21 de marzo la "activación urgente del Ejército para el apoyo sanitario y logístico" al Gobierno central, pese a la oposición de Ayuso. La presidenta madrileña lo apartó 5 días después en favor del consejero de Ruiz Escudero (PP) y desde entonces los desencuentros entre los dos socios de la coalición han sido frecuentes.

Reyero aseguró en primer lugar que las residencias no estaban medicalizadas. Ayuso dijo que sí lo estaban. Más tarde, el político de Cs señaló que los criterios que se distribuyeron desde el gobierno regional a los centros hospitalarios fueron "en contra" del criterio de la Consejería de Políticas Sociales y señaló que él se oponía de manera "radical" a los mismos. "No es ético y posiblemente no sea legal" dejar sin atención médica a los ancianos de las residencias, dijo.

Reyero especificó que se trataba de un protocolo y no un borrador, y llegó a afirmar que "hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad" porque las órdenes para no derivar usuarios de residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad a hospitales durante el pico de la pandemia "no se sostenían".

A principios de junio El País publicó unos correos electrónicos entre ambos dirigentes, en los que el político de Cs advierte a Escudero de los peligros de no trasladar a los ancianos a los hospitales y en los que también le pide la colaboración de la Consejería de Sanidad. Para Escudero, esto supuso una "filtración" interesada. "Esto es una traición. Yo no lo hubiera hecho", dijo. Al cabo de unos días, Ayuso anunció una investigación "interna" para dirimir lo ocurrido en las residencias y señaló que la exclusión de ancianos se hizo por "pragmatismo y nunca por dejación ni negligencia".

Las culpas para Iglesias

Mientras que los dirigentes del gobierno regional discrepaban sobre si se habían tomado las mejores decisiones y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, pedía la dimisión de Reyero, al que tilda de "infiltrado del PSOE",  PP y Vox buscaban otro culpable en el Gobierno nacional. Ambas formaciones insistieron durante semanas en atribuir la responsabilidad de lo ocurrido en las residencias de mayores al Ejecutivo central, y más en concreto al vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Dirigentes de PP y Vox señalaban que con la aplicación del estado de alarma, Iglesias asumió "el mando único" en las residencias de ancianos. Una información falsa. La administraciones autonómicas conservaron "las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios". Así lo refleja el Boletín Oficial del Estado en los artículos 4 y 6 del real decreto del 14 de marzo. La función del Ministerio de Sanidad durante la emergencia sanitaria fue reforzar el papel de los gobiernos autonómicos.

"¿Dónde ha estado el jefe de Reyero, que es Pablo Iglesias? No ha ayudado ni a mi consejero ni a la Comunidad", dijo Ayuso a mediados del mes de junio, situando al líder de Unidas Podemos como "jefe" de su consejero de Políticas Sociales, tratando de rebajar así la responsabilidad del Ejecutivo regional.

Arranca la comisión de investigación en la Asamblea

Este lunes ha arrancado la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid con la elección de los miembros de su Mesa, cuya mayoría ostentará la izquierda y estará presidida por el PSOE. Los grupos parlamentarios del PSOE y Vox registraron, por separado y con escasas horas de diferencia, la creación de la comisión y después se sumaron a la de los socialistas Más Madrid y Unidas Podemos. Finalmente, Vox también apoyó la de la izquierda.

Los ultraderechistas han dejado en minoría a PP y Ciudadanos al no sumarse en las votaciones, otorgándole a la izquierda el control del órgano rector de esta comisión, aunque Monasterio insiste en que ha sido Cs quien no ha querido avalar su propuesta. PP y Ciudadanos han votado en conjunto a sus aspirantes, mientras que Vox ha propuesto a su propio candidato. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha celebrado que "quienes consideran que lo que ha pasado en las residencias es meramente una anécdota no vayan a tener el control de la comisión".

El PSOE pretende que esta comisión dirima "las responsabilidades políticas" que hubiera habido en la gestión y saber qué ha sucedido para "mejorar en el futuro", ha subrayado la portavoz socialista, Purificación Causapié. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha avanzado que su grupo pedirá que la primera persona que comparezca en la comisión sea Ayuso y que espera que se haga una reflexión sobre el modelo residencial.

"Tenemos una expectativa de que sea una Comisión con cierta transparencia, donde puedan venir los familiares, trabajadores y trabajadoras de las residencias", explica Paloma García Villa, portavoz en Políticas Sociales de Unidas Podemos y secretaria de la Mesa. "Esperamos que se pueda aclarar con nombre y apellidos quiénes son las responsables, aunque sea en una Comisión parlamentaria, y también creemos que la justicia tendrá que actuar".

Desde Ciudadanos señalan a Público que "esperan " que en esta comisión se "diriman las responsabilidades políticas" con dimisiones si es necesario. "Tenemos que estar preparados de cara a que pueda venir un rebrote o un hipotético virus futuro. Y por ello hay que saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal". Aun así, y pese a las discrepancias entre PP y Cs señalan que no quieren convertir la comisión en un "enfrentamiento" con su socio.

El trabajo de la comisión durará un año desde su constitución, aunque se podrá solicitar a la Asamblea una prórroga del plazo. Una vez concluya, se abre un periodo de 30 días para elaborar un dictamen resultante con las conclusiones y las enmiendas generadas.