Publicado: 08.03.2016 21:01 |Actualizado: 09.03.2016 07:00

Condenado por fraude fiscal un exconsejero aragonés de Economía

La juez impone 18 meses de cárcel y multas por más de 700.000 euros a Ramón Alfonso, responsable de las finanzas de la comunidad a finales de los años 80 con el PAR, por un tinglado en torno a un pelotazo urbanístico que financió, impulsó y controló la caja rural Multicaja a través de su entonces director general, José María Jiménez

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El juicio se celebró hace unas semanas en el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza. / ARAGONHOY.NET

El juicio se celebró hace unas semanas en el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza. / ARAGONHOY.NET

ZARAGOZA.- El exconsejero del Gobierno de Aragón Ramón Alfonso, titular de la cartera de Economía a finales de los 80 con el PAR, ha sido condenado a un año y medio de prisión, más dos multas que suman 709.944 euros, como autor de un delito de fraude fiscal y otro de falsificación de documentos por su participación en un pelotazo urbanístico.

Él y otros tres acusados, señala la sentencia, aumentaron de manera ficticia el coste de unos terrenos “mediante la realización de contratos por los que cedían derechos inexistentes entre sociedades” y facturando “servicios no realizados” para “conseguir el máximo beneficio a su favor”, según declara probado la sentencia que este martes ha emitido la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza.

La resolución impone dos años y nueve meses de cárcel, más multas por 711.024 euros, a otro de los empresarios, Manuel Chicote, mientras que los dos acusados que pactaron su pena tras confesar los hechos, el empresario Javier Lasheras y José María Jiménez, ex director general de Multicaja y después de Bantierra, son condenados a seis meses de prisión más sendas sanciones económicas de 283.113 euros.

Los cuatro deberán indemnizar a Hacienda con 707.784 euros, una cifra de la que serán responsables civiles las empresas que utilizaron en la operación, entre ellas Recurfín, filial de la caja rural que financió la operación y dueña del 30% de Desarrollo Urbano Lagos Verdes, la sociedad principal de la trama.

Una operación paradigmática de los años de la burbuja inmobiliaria

La sentencia describe una operación paradigmática de lo que fue la gestión de los bancos y las cajas de ahorro, y en este caso también las rurales, en la época de la burbuja inmobiliaria.

En este sentido, narra cómo, tras haber pedido Chicote financiación una vez había apalabrado los terrenos en los que proyectaba el pelotazo, “el personal de Multicaja, conocedor pleno del interés” de Lasheras y Alfonso en hacer negocios en esa zona y “consciente de su propio interés comercial, los puso en contacto a todos ellos (…) proponiéndose la creación de una sociedad” de la que formarían parte los tres “y la mercantil Recurfín, a través de José María Jiménez, para el desarrollo del proyecto”. Esa entidad ya había financiado otras operaciones de Chicote y de Alfonso.

Tras hacerse con los terrenos “a un precio por debajo del normal en la zona de interés”
–salieron por 29,45 millones– de Zaragoza, se puso en marcha “el plan ideado por los socios”, consistente en cargar a Lagos Verdes tres facturas falsas por 11,4 millones. Dos años más tarde, vendían parte de los suelos a varios compradores por 18,18 millones, en la primera fase de una operación con la que pretendían sacar más de 40. El sobreprecio ficticio de los suelos con las facturas falsas les permitió escamotear a Hacienda más de 700.000 euros en el Impuesto de Sociedades, aunque solo inicialmente, ya que la Inspección de la Agencia Tributaria descubrió el tinglado.



“La actuación de todos los encausados –señala la sentencia– iba dirigida a través de las sucesivas maniobras descritas (…) a incrementar de manera simulada ese coste de adquisición de los terrenos para aminorar formalmente el beneficio que posteriormente les supuso la venta en el año 2008, obteniendo un lucro para sí en detrimento de la Hacienda Pública”.

La caja “ostentaba el poder económico al aportar la financiación

”La intervención de la caja rural queda fuera de duda para la magistrada, que destaca que era su filial financiera, Recurfin, “quien ostentaba el poder económico al aportar la financiación”. Jiménez era el único de los socios que “siempre debía intervenir” para que cualquier iniciativa resultara válida, narra la sentencia, que considera “obvia” la responsabilidad de Recurfin en la trama.

De hecho, el propio Alfonso explicó en su declaración que fue la propia Multicaja, tras haber rechazado financiar varias iniciativas anteriores de él y de Lasheras, la que “les había indicado que se centraran en Miralbueno” y la que “les dio el visto bueno para invertir y comprar terrenos en mayo de 2005”. Fue “a partir de ese momento cuando realizan gestiones”, aunque estas se concretaron cuando la propia entidad “les indica que había venido un señor –en referencia a Manuel Chicote– con un ‘derecho de opción” interesante sobre unos suelos junto al llamado “corredor verde” de ese barrio zaragozano.

“Multicaja les encargó”, señala la resolución, “que comprobaran los terrenos a que se referían, si eran adecuados, si están bien dentro de los estudios que estaban realizando en el polígono”. “Resulta claro –añade– que la aparición de Manuel Chicote con una compra pactada a un precio ventajoso producía una gran oportunidad de negocio, pues el precio estaba por debajo de lo que se solicitaba en la zona”.