VITORIA.- El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado. Ambos políticos recurrirán la sentencia

Ambos dirigentes han sido condenados por su "responsabilidad contable" en este caso, junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria que en 2007 firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

Según determinó en su día la Comisión de Investigación del Consistorio, el alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.

Además, según el mismo órgano, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

El Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente las demandas formuladas por el actual Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PNV, y los representantes del PSE-EE y el partido jeltzale en el Consistorio.

El órgano fiscalizador cifra en 393.072,31 euros el perjuicio causado a los fondos públicos del Ayuntamiento, y declara "responsable contable directo" de dicho quebranto a Maroto, Alonso, Miguel Ángel Echevarría, Encina Serrano, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Alfredo Iturricha, Marian Castellanos e Idoia Garmendia, todos ellos miembros del Gobierno municipal del PP que firmó el contrato en 2007.

El Tribunal de Cuentas condena a todos ellos, como "responsables directos y solidarios de los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria" al pago de los 393.072,31 euros en los que se ha cifrado el quebranto a las arcas públicas.

Este Tribunal absuelve, no obstante, a Maroto y a los dos concejales de Hacienda que le sucedieron en el cargo, Marian Gutiérrez (PSE) y Manuel Uriarte (PP), de la responsabilidad contable "por alcance" formalizada contra ellos por "incorrecta actualización de renta" en los años 2009, 2012 y 2013.

Fuentes del Partido Popular aseguran que la ponente de la sentencia en el Tribunal de Cuentas es de Izquierda Unida y que el asunto por el que les condenan es una mera cuestión contable. Estas fuentes próximas a Alonso y Maroto explican que lo que se discutía en la denuncia es si el precio por metro cuadrado de las oficinas que alquiló el ayuntamiento de Vitoria en 2007 al empresario Gonzalo Antón era de 10 o de 12 euros.

Recuerdan también que la denuncia se presentó por la vía penal, fue archivada por no encontrar indicios de delito y que los propios denunciantes habían afirmado en su momento que no lo denunciaban como un caso de corrupción. La denuncia, presentada por el PSOE, el PNV y Bildu, se presentó durante la campaña electoral y tras ésta, Bildu se retiró del caso.