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El Congreso convalida el decreto de cláusulas suelo con la abstención socialista

Podemos asegura que al Ejecutivo “se le ha ido la mano” a la hora de ayudar al sistema financiero y perjudicar a los consumidores que son la parte más débil, al tiempo que critica que la iniciativa no se tramite como proyecto de ley.

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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tras intervenir en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE

El real decreto-ley promulgado por el Gobierno en el que se aplica a la legislación española la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que declara ilegales las cláusulas suelo introducidas por los bancos a los créditos hipotecarios ha quedado convalidado a última hora de la tarde por el pleno del Congreso de los Diputados gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención del grupo socialista y del PNV. En contra se han manifestado Podemos, ERC y otros minoritarios.

La iniciativa legislativa, además, no será tramitada como proyecto legislativo al repetirse el mismo esquema de voto, pero con signo contrario. Con esta decisión la aplicación de las normas que establece el decreto no quedará paralizada y pueden seguir tramitándose las reglas que introduce. Según cálculos del sector bancario alrededor de 1,5 millones de usuarios están afectados por estas cláusulas y pueden acogerse a sus medidas para recuperar el dinero cobrado de más.

Formalmente, el decreto abre una vía extrajudicial para que las entidades financieras y los consumidores con hipotecas con cláusulas suelo lleguen a un acuerdo, sin coste para los titulares de los créditos, para que los bancos devuelvan el dinero cobrado de más por la aplicación de esta condición impuesta en los contratos hipotecarios. Fuentes del sector cifran en unos 4.000 millones el coste para los bancos. En teoría, el acuerdo debe alcanzarse en tres meses como máximo y no excluye, si no hay acuerdo, la vía judicial.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, se ha mostrado satisfecho por el resultado de la votación que ya se sabía con antelación. “Pretende dar respuesta adecuada a unas normas aplicadas sin la necesaria transparencia”, ha dicho el ministro que, además, ha alardeado de que el sistema financiero “puede afrontar este coste sin incertidumbres, cosa que hace unos años no hubiera sido posible”.

La portavoz del grupo socialista en este debate, celebrado durante un pleno de la Cámara baja con carácter extraordinario, Margarita Robles, ha defendido la abstención de su grupo en aras a facilitar una solución extrajudicial a los consumidores para recuperar el dinero indebidamente cobrado por los bancos y por el hecho de que haya incorporado varias aportaciones planteadas por su grupo.

Sin embargo, ha criticado duramente al ministro De Guindos por “llegar a este debate con un aire triunfalista, cuando lo que hace el decreto es sencillamente aplicar una sentencia judicial que ya anunciaron los tribunales españoles en su día”. Frente a esta posición se situó el grupo de Podemos, junto con el de ERC, PDECAT y otros minoritarios. Su portavoz, Alberto Montero, ha calificado el decreto de ser una medida que favorece al sistema bancario en contra de los titulares de las hipotecas, tal como “han manifestado todas las asociaciones de consumidores españolas. Hay una gran asimetría entre las dos partes hasta el punto de que los bancos podrían volver a estafar a los consumidores a la hora de hacer la valoración de lo que deben devolver. ¿No se les ha ido la mano, señor ministro, a la hora de legislar a favor de los bancos?”, ha preguntado.

Por su parte, la portavoz de ERC, Ester Capella, ha afirmado que “·ayer Bankia ha dejado fuera de juego al Gobierno y a quienes respaldan este decreto al anunciar sus medidas unilaterales a favor de los titulares de las hipotecas”. Sobre este punto, el diputado Alberto Montero había asegurado momentos antes que “Bankia ha mostrado más sensibilidad por los usuarios que el propio ministerio”.

En el miso pleno se han convalidado otros dos reales decretos gubernamentales para incentivar el sistema nacional de garantía juvenil, que no ha contado con oposición aunque sí con la abstención de Podemos, y la financiación del bono social para evitar los cortes de energía a personas vulnerables. Ninguno de ellos será tramitado tampoco como proyecto legislativo como pedían algunos grupos.