Para quienes vean como un reto imposible reunir un millón de firmas, hay otras vías para llegar al Congreso: varias asociaciones ciudadanas han logrado convencer a 15 diputados de varios grupos parlamentarios para que firmen una proposición de ley para que puedan tener lugar las demandas civiles colectivas, no permitidas en España, y gracias a lo que ellas llaman un "resquicio" en el Reglamento de la Cámara Baja. Pese a que es poco probable que prospere en este caso, puede abrirse una vía novedosa para la participación ciudadana en la actividad legislativa.

Ese "resquicio" del Reglamento del Congreso no es otra cosa que el artículo 126, que establece que “las proposiciones de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de un diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara”, sin que deban ser del mismo grupo parlamentario. Y así ha sido: el documento registrado lleva la firma de miembros de grupos parlamentarios de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana y Mixto.

En el propio registro del Congreso de los Diputados, algunos funcionarios se sorprendían al ver esta forma de proponer iniciativas legislativas por parte de asociaciones de, no inédita aunque sí poco común.

La iniciativa ha sido impulsada por el colectivo XNet y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) con la ayuda del abogado Fernando Zunzunegui y que cuenta con las firmas de 15 diputados. La proposición de Ley busca la modificación de cuatro artículos (artículos 6, 11, 15, 221) y la creación del artículo 71 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil ya que, según ésta, las demandas colectivas sólo pueden ser presentadas por las asociaciones de consumidores y por el Ministerio Fiscal.

"Desde XNet llevamos años trabajando en nuevas formas de colaboración entre la ciudadanía y los poderes públicos”, comentaba Simona Levi, portavoz de Xnet, quien recordaba que hasta ahora la presentación de una iniciativa legislativa comúnmente se lograba de dos formas: o bien la recolección de un millón de firmas o tratando de convencer a un grupo político. “Ahora, por primera vez usamos un resquicio del reglamento del Congreso, artículo 126: en lugar de interpelar a los partidos o grupos, hemos interpelado uno a uno a 15 diputados”.

Es difícil que prospere

Si bien se han presentado anteriormente iniciativas usando el artículo 126, lo realmente novedoso en este caso es las asociaciones ciudadanas promotoras de esta vía han logrado convencer a diputados de diferentes grupos parlamentarios.
“Solamente nos ha costado cuatro meses convencer a 15 diputados para poder registrar esta iniciativa, muy poco tiempo para tratarse de una democracia avanzada”, bromeaba Simona Levi durante la presentación de esta curiosa iniciativa, quien reconoció que se han chocado con el problema de la llamada disciplina de voto tanto en partidos tradicionales como en los nuevos.

Justo antes de la presentación, el diputado Joan Tardá (ERC), que es uno de los firmantes de esta PL, confesaba al diario Público que él mismo ha dado la enhorabuena a los promotores de esta iniciativa. “A ver, es una iniciativa muy original y yo felicito a sus impulsores, de verdad”, comentaba. El propio diputado reconoció incluso que desconocía la existencia de esa posibilidad que brinda el artículo 126 del Reglamento de Congreso, que habilita a un diputado a presentar una proposición de Ley con la firma de otros 14, sin que tengan que pertenecer al mismo grupo.

“Estamos convencidos de que este sería un buen método para que los grupos políticos y la sociedad civil organizada trabajen juntos, éste es el verdadero lobbysmo que nos beneficia”, comentó el diputado, quien expresó su deseo de que “la mesa del Congreso no use el Reglamento para tumbar una iniciativa que supondría una metodología legislativa muy interesante”.

No obstante, el diputado de ERC se mostró escéptico acerca de la efectividad real de esta propuesta en concreto, dado que existen a priori dos problemas, desde su punto de vista. Por un lado, el más que probable bloqueo del Gobierno, por lo que probablemente la propuesta morirá antes de que arranque su tramitación; por otro, el problema de los cupos de los grupos parlamentarios.

“En función del número de parlamentarios de cada grupo tiene más o menos capacidad para presentar iniciativas; por ejemplo, los grupos pequeños como el nuestro podemos presentar dos proposiciones de ley en cada periodo de sesiones, mientras que los grandes pueden presentar más”, apuntó Tardá. Al haber firmado esta iniciativa 15 diputados de varios grupos, lo que había que dirimir es qué grupo parlamentario de los firmantes se hace cargo de la proposición, a riesgo de “gastar” una proposición con escasas posibilidades de prosperar.

En cualquier caso, otros diputados firmantes han valorado esta forma de abrir la puerta a la presentación de iniciativas por parte de la sociedad civil. Alexandra Fernández (En Marea) pidió a los otros grupos “que entiendan esta nueva forma de participación de la ciudadanía en política”, que según ella permite “mayor trasparencia y mejores oportunidades, y un mayor empoderamiento, control y participación ciudadana en los poderes públicos”.

Patricia Suárez, de ASUFIN, resaltó que desde la sociedad civil llevan “años tratando de impulsar iniciativas y no es fácil encontrar a políticos que no quieran estar en primer plano”. Desde su asociación, principal impulsora de esta iniciativa para modificar la ley y permitir las acciones civiles colectivas, Suárez remarcó que esta vía “es todo un paso adelante para reforzar la comunicación de la sociedad civil y el poder, porque la sociedad civil tiene que despertar”, sentenció. “Si el resto de grupos políticos tumba esto, se retratarán”, puntualizó, y añadió: “Que no nos digan que peligra el sistema, la acción civil colectiva existe en EEUU y no ha pasado nada; las llamadas class action funcionan como mecanismo de control de mercado”.