Publicado: 16.03.2016 15:05 |Actualizado: 16.03.2016 20:18

El Congreso impone a Rajoy que
se oponga a la expulsión de los refugiados a Turquía

La comisión mixta para la Unión Europea acuerda por unanimidad una declaración impulsada por PSOE y Podemos para que España garantice la protección de los refugiados que huyen de la guerra de Siria y que no se produzcan deportaciones masivas

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Diputados de diferentes grupos firman el documento del acuerdo. / J.A.B.

Diputados de diferentes grupos firman el documento del acuerdo. / J.A.B.

MADRID.— El Congreso de los Diputados y el Senado, a través de la comisión mixta para la Unión Europea, ha impuesto al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que se oponga a las deportaciones masivas y que defienda la protección de los refugiados sirios en suelo de la UE en las deliberaciones del Consejo Europeo que se inicia mañana en Bruselas. Así se recoge en la declaración institucional aprobada por unanimidad esta tarde en el seno de la citada comisión parlamentaria.

El contenido de la declaración, cuyo texto fue impulsado por el grupo parlamentario socialista con aportaciones directas del grupo de Podemos, se ha estado negociado desde la pasada noche y ha continuado a lo largo de toda la mañana de este miércoles, incluso tras el inicio de la sesión de la comisión parlamentaria.



"Ha sido un trabajo que debe ser todo un referente para el asunto que nos ocupa y para el trabajo parlamentario de esta legislatura", ha señalado el portavoz de DiLL, Jordi Xuclá. Tanto José Ignacio Sánchez Amor (PSOE) como Pablo Bustanduy (Podemos) también han destacado el valor de esta declaración y el significado que tiene: marcar al Gobierno en funciones la posición que debe mantener en el Consejo Europeo. Desde el PP se ha mantenido que esa ya era la posición anunciada por el Ejecutivo.

El acuerdo contiene once puntos, todos ellos tendentes a la protección de los refugiados procedentes de la guerra de Siria y otros conflictos armados en territorios cercanos a la UE y al mimo tiempo garantizar los derechos que asisten a quienes solicitan asilo según los tratados europeos e internacionales. El primer punto, de forma expresa, pone de manifiesto la oposición de las cámaras parlamentarias españolas "a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o cualquier Estadio miembro de la Unión Europea".

En el caso de producirse una expulsión a Turquía "solo será posible cuando sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado con todas las garantías", se indica en el punto segundo de esta declaración. En el tercer punto se hace una expresa mención que cualquier acuerdo de la UE con Turquía en relación con el flujo de refugiados hacia Grecia se realizará con garantía de cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto a los tratados de defensa de los derechos humanos.

Los parlamentarios españoles también exigen al presidente del Gobierno en funciones que plantee el reforzamiento de mecanismos de control sobre el efectivo destino de la ayuda económica a favor de los refugiados. Otro de los puntos importantes del acuerdo establece que deben continuar los trabajos para la "efectiva reubicación de las personas solicitantes de asilo o refugio, en atención a los compromisos adquiridos por España en 2015 en el seno de la UE".

"Ha sido un trabajo que debe ser todo un referente para el asunto que nos ocupa y para el trabajo parlamentario de esta legislatura", ha señalado el portavoz de DiLL, Jordi Xuclá

Otros puntos del acuerdo establecen la necesidad de poner en marcha medidas para proteger a los menores de edad sin familia y el efectivo tránsito de refugiados por el territorio de la UE. Entre otras exigencias, la declaración se manifiesta por promover en el Consejo Europeo una efectiva política común sobre el asilo y desarrollar el Sistema Europeo de Asilo.

Esta declaración ha sido aprobada durante la sesión de la comisión para la UE ante la que ha comparecido el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu, quien ha expuesto el contexto en el que se convoca el Consejo Europeo que debe pronunciarse sobre la declaración de hace unos días adoptada por los líderes de la UE ante el primer ministro turco en la que planteaban deportaciones masivas y medidas que, a juicio de numerosas organizaciones y colectivos sociales europeos, se vulneraba la legalidad internacional y de la UE.