El Gobierno aprobará este martes tres medidas para intentar cambiar la política de vivienda de este país: un bono de alquiler para jóvenes, un ambicioso Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 dotado con 1.717 millones de euros y una ley de calidad arquitectónica cuyos principales pilares están basados en los principios de la transición ecológica.

Sin embargo, este martes no se aprobará la ley de vivienda. La falta del informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) hace imposible que esta ansiada y esperada ley llegue a la mesa del Consejo de Ministros.

Las otras tres medidas, según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no pretenden compensar el retraso de la ley de vivienda. Es más, según aseguran dichas fuentes, el objetivo inicial era presentar todo el paquete de accesibilidad a la vivienda de forma conjunta en un intento de escenificar la puesta inequívoca del Ejecutivo de coalición por la vivienda accesible. Pero este martes faltará la joya de la Corona. Y ya lleva un año de retraso con respecto a lo pactado en el Gobierno de coalición en 2020.

No obstante, desde el Gobierno se pone en valor el Plan de Vivienda, por su dotación y porque, según se recoge en el texto, "tiene un carácter eminentemente social de especial atención a las personas en situación de desahucio o en situación de vulnerabilidad".

El Plan también contempla como prioridad que los jóvenes tengan facilidades para el acceso a la vivienda y, además, hace compatible la ayuda del Plan Estatal con el abono joven al alquiler. También se contempla el aumento del parque de vivienda estatal en alquiler.

En cuanto al bono joven de alquiler, consistirá en una ayuda de 250 euros al mes para jóvenes entre 18 y 35 años que acrediten rentas de trabajo para el pago del alquiler de su vivienda.

El Consejo de Ministros también lleva una ley de calidad arquitectónica, que está enfocada fundamentalmente en planteamientos de sostenibilidad medioambiental y muy vinculada a las medidas contempladas para la transición ecológica.

Sánchez dijo este mismo lunes que el objetivo del Gobierno es que la vivienda "deje de ser un problema y se convierta en un derecho". Y aseguró que el Ejecutivo va hacer todos los esfuerzos posibles para ello.

En cuanto a la ley de vivienda y el retraso surgido por la falta del informe del CGPJ, Sánchez aseguró que el objetivo del Gobierno es que se apruebe dicha ley lo antes posible y en los términos en los que está escrita. "El Gobierno de España está comprometido con una ley de vivienda que consideramos que es el quinto pilar del estado de bienestar", afirmó.

Unidas Podemos ha avisado que no aceptará  "ningún cambio" sobre lo pactado en la Ley de Vivienda, sea como sea el informe definitivo del CGPJ, que se prevé que sea negativo contra el texto acordado entre por socios del Gobierno de coalición. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha adelantado que se tendrá en cuenta el informe definitivo del órgano de gobierno de los jueces "para poder adaptar la ley si es preciso a las consideraciones que se realicen". Pero desde la formación morada se ha advertido de que estarán "vigilantes" para "garantizar" que se respete el texto "íntegro" aprobado en primera vuelta en Consejo de Ministros.